Elecciones con el árbitro del Partido Republicano

Estados Unidos se encuentra ante una elección presidencial reñida. Por el Partido Republicano se presenta un plutócrata con barniz populista; por el Partido Demócrata, un político del establishment con barniz progresista. El desenlace gira en torno a una votación muy ajustada, en la que se puede haber producido un fraude electoral a favor del primer candidato. A medida que avanza un segundo recuento para dilucidar el resultado, un grupo de agitadores republicanos trata de detenerlo. En última instancia es el Tribunal Supremo (SCOTUS por sus siglas en inglés), dominado por una mayoría conservadora, el que ordena detener el recuento.

No es un viaje al futuro, sino un paseo por el pasado. Hablamos de las elecciones de 2000. Al Gore decidió no enfrentarse a los jueces y conceder una derrota dudosa. El primer mandato de George W. Bush –presidente gracias a aquel resultado ajustado en Florida, donde casualmente gobernaba su hermano, Jeb Bush– fue el de la “guerra contra el terror” y la invasión de Irak. Cuatro años más desenfrenados y destructivos que los de Donald Trump en el poder, por mucho que la prensa estadounidense caracterice a este último como un cataclismo insuperable.

El precedente de 2000 ha cobrado vigencia en septiembre de 2020. En primer lugar, porque existe la posibilidad de que Trump no admita una derrota. Hasta hace poco se trataba del típico escenario con el que fantasean los columnistas de The New York Times. Con una ventaja abrumadora en los sondeos, el demócrata Joe Biden parecía destinado a ganar. Ante una derrota clara, el Partido Republicano no cerrará filas con Trump, por más que este niegue el resultado. Mantenerle en el poder requeriría una intervención del ejército, con cuya cúpula el presidente mantiene una relación tensa. Es un escenario de política-ficción.

Desde finales de agosto, no obstante, Trump ha recobrado pulso. El promedio de sondeos otorga a Biden una ventaja de 6,5 puntos, por debajo del 8-10% de este verano. Hay que tener en cuenta que, debido al sesgo que introduce el Colegio Electoral, es posible ganar el voto popular y perder las elecciones (como le sucedió a Gore, y también a Hillary Clinton); que el margen de Biden en los swing states (los Estados que no se suelen decantar claramente por un partido, en los que casi siempre se juegan los comicios) es menor; y que Trump, como en 2016, podría contar con un voto oculto que las encuestas no perciben. Con cerca de la mitad del país dándole un aprobado, el presidente parece haber superado el punto bajo en el que le emplazó su incapacidad para gestionar la crisis del Covid-19.

Como advierte Financial Times, un resultado electoral reñido generará una crisis nacional. Los candidatos, que ya se han acusado mutuamente de amenazar la integridad de los comicios, no concederían la derrota. El escenario más inflamable es una victoria ajustada de Biden, especialmente si depende del voto por correo, clave en tiempos de pandemia y que parece favorecer al Partido Demócrata. Trump ya está socavando el servicio nacional de correos. Si el resultado en swing states dependiese del conteo de estas papeletas –que tarda más que el de las urnas presenciales– y si el voto por correo revirtiese una ventaja republicana inicial, EEUU se encontraría ante la tormenta perfecta.

‘September surprise’

En esa coyuntura, como en 2000, le correspondería al SCOTUS determinar la integridad de las elecciones. La cuestión ha saltado al primer plano mediático el 18 de septiembre, cuando el fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg –jueza suprema desde 1993 y reputada defensora de los derechos de las mujeres– dejó una vacante en el primer tribunal del país. Si en las elecciones presidenciales es habitual la October surprise –una revelación importante que no emerge hasta la recta final de la campaña electoral–, la actual ya está condicionada por los eventos de septiembre.

La razón hay que buscarla en el funcionamiento del SCOTUS. Sus nueve magistrados cumplen mandatos vitalicios y solo pueden ser nominados por el presidente de EEUU –y aprobados por el Senado– cuando se produce una vacante. El tribunal ha determinado cuestiones clave en la historia del país, sobre todo en lo que concierne a la ampliación o restricción de derechos civiles.

Tras colocar a Neil Gorsuch (en 2017) y Brett Kavanaugh (2018), Trump cuenta con una exigua mayoría conservadora (5-4, siendo el actual presidente, John Roberts, un moderado que en ocasiones se alinea con los jueces progresistas) en el Tribunal Supremo. Sin la progresista Ginsburg (quien, a sus 87 años, se negaba a abandonar su plaza mientras Trump presidiese el país) aumenta el peso de la derecha en el SCOTUS, incluso aunque su reemplazo quede pendiente.

Para entender quién reemplazará a Ginsburg hay que sumergirse en un segundo bucle temporal. Febrero de 2016: fallece un juez supremo, de nuevo durante un año electoral. El entonces presidente, Barack Obama, propone un candidato que el presidente del Senado, Mitch McConnell, rechaza valorar, alegando que era necesario esperar al desenlace de las elecciones. Fiel a su falta de principios, el republicano McConnell acaba de anunciar un voto para abrir el debate sobre la nominación. Pero la mayoría republicana en el Senado es frágil (53 de 100 escaños). Dos senadoras republicanas, Lisa Murkowski y Susan Collins, han anunciado que esperarán al resultado de las elecciones antes de valorar ninguna opción.

Independientemente de lo que ocurra en el Senado, la sucesión de Ginsburg ya domina la campaña. El presidente ha declarado que nominará a una mujer y todo indica que lo hará con un ojo puesto en los grupos demográficos de los que depende para obtener la reelección: la católica Amy Coney Barrett para recuperar terreno perdido entre mujeres blancas suburbanas (que en 2016 le apoyaron mayoritariamente) y movilizar a su base antiabortista. O la cubano-estadounidense Barbara Lagoa, con el fin de volver a ganar Florida. Trump planea anunciar a su candidata el 26 de septiembre.

Si la nominación prosigue, un Tribunal Supremo escorado a la derecha marcará el rumbo de la política estadounidense durante las siguientes décadas, con importantes consecuencias en ámbitos como el derecho laboral –en 2018 ya asestó un golpe a la capacidad recaudatoria de los sindicatos estadounidenses– o el de la salud reproductiva. Pero la primera consecuencia podría ser el transcurso de las elecciones presidenciales. Si el resultado en noviembre es ajustado, Trump contará con un árbitro hecho a medida.

Al margen de lo que suceda en noviembre, el principal legado de Trump en EEUU será su intervención en todos los niveles del sistema judicial estadounidense, al que ha impreso un sesgo ultraconservador. Un proyecto que guarda poca relación con su supuesto carácter antiestablishment e iconoclasta, y mucha con la hoja de ruta tradicional del Partido Republicano.