El valor de una vida: el caso de Sakineh Ashtiani

Por Teresa Carazo, redactora de Política Exterior.

Sakineh Mohammadi Ashtiani es madre de dos hijos, tiene 43 años y lleva cinco en una prisión de Tabriz, al norte de Irán. Desde 2006, tras varios procesos judiciales contradictorios y en ausencia de las mínimas garantías legales, espera su ejecución en el corredor de la muerte.

En 2005 fue detenida, acusada del asesinato de su marido y condenada a 10 años de cárcel por su participación en el mismo, sentencia que fue confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo. Ese mismo tribunal, sin embargo, decidió en 2009 modificar los cargos, que pasaron de participación en el asesinato a complicidad, lo que aparejaba una reducción de la pena a cinco años.

En 2009 ya había cumplido prácticamente esa condena, pero las investigaciones sobre la muerte de su marido habían continuado durante esos cuatro años y nuevas acusaciones recayeron sobre ella ya en 2006: una, la de haber mantenido “relaciones ilícitas” con dos hombres, por la que recibió 99 latigazos, y otra, la de “adulterio durante el matrimonio”. La pena que el artículo 83 del Código Penal señala para los culpables de este delito es la de lapidación hasta la muerte.

A pesar de que Sakineh dijo a la corte que le habían arrancado su confesión por la fuerza y que era falsa, tres de los cinco jueces encargados del caso la declararon culpable. Los dos jueces que se opusieron lo hicieron porque ya había sido castigada por ese mismo delito y porque no se había obtenido la prueba que la propia legislación iraní exige para estos casos. De todas formas, la condena se dictó con base en una disposición legal que permite al juez alegar motivos subjetivos cuando no hay suficientes evidencias para declarar a un reo culpable.

En mayo de 2007 el Tribunal Supremo confirmó la sentencia a muerte por lapidación.

Sakineh, de origen humilde, pertenece a la minoría azerí, y es este su idioma materno. Apenas habla persa, la lengua utilizada en el juicio y en los interrogatorios a los que ha sido sometida. Durante los interrogatorios no contó con la presencia de un abogado. No se enteró de que había sido sentenciada a morir lapidada hasta que sus compañeras de prisión se lo comunicaron.

Desde 2009, gracias al abogado y al hijo de Sakineh y a la difusión de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, su caso ha adquirido una gran difusión mediática con enorme repercusión en la comunidad internacional. La presión de multitud de gobiernos del mundo entero, pero sobre todo de particulares que durante meses han pedido a las autoridades iraníes que Sakineh no fuera ejecutada, obtuvo un tímida respuesta en julio de este año. Tímida y contradictoria, porque dichas autoridades anunciaron que no se llevaría a cabo la lapidación, pero que seguía pendiente el juicio por asesinato, pese a que ya había una sentencia previa al respecto. Tampoco se anulaba la condena a muerte por adulterio, probablemente mediante la horca.

El pasado mes de agosto Sakineh aparecía en televisión confesando que había tenido conocimiento de los planes de asesinar a su esposo, aunque no los había creído en ese momento; y poco después, en septiembre, alegando que su confesión previa no había sido forzada. No es, sin embargo, la primera vez que las autoridades iraníes utilizan en casos controvertidos estas “entrevistas” televisadas para ganar credibilidad ante la opinión pública, aunque los prisioneros manifiestan luego que lo han hecho bajo coerción o después de haber sido torturados o sometidos a malos tratos.

Tras su primera aparición televisiva, a Sakineh se le ha prohibido recibir las visitas de sus abogados, tampoco de sus familiares. Estos han sufrido detenciones y hostigamiento. Uno de sus abogados tuvo que huir hace tiempo ante el acoso al que era sometido.

La vida de Sakineh sigue, por tanto, en grave riesgo, y sus oportunidades dependen en gran medida de la presión internacional. Su caso no es el único. Irán es, después de China, el país con el mayor número de ejecuciones y a pesar de la moratoria al respecto y del esfuerzo de las autoridades iraníes por evitar que estos casos salgan a la luz, al menos seis personas han sido lapidadas por adulterio desde 2006. Amnistía Internacional tiene conocimiento de que al menos otras 10 personas (siete mujeres y tres hombres) están condenadas a muerte por lapidación. Es probable que haya más casos.