¿Qué es el TTIP? La respuesta, como ocurre con frecuencia, depende de a quién se formule la pregunta. Para sus defensores, la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (conocida por sus siglas en inglés) es una oportunidad única para generar crecimiento a ambos lados del Atlántico. Para sus detractores, el tratado de libre comercio es un pretexto para socavar la soberanía de los Estados firmantes en beneficio de un puñado de magnates y multinacionales.
El tratado, que el 14 de octubre será sometido a una revisión informal en Roma, crearía el mayor bloque comercial del mundo. Como han señalado Uri Dadush, Peter Sparding y Karel de Gucht en las páginas de Política Exterior, el volumen de comercio entre ambas orillas del Atlántico norte es inmenso (Europa invierte en Estados Unidos ocho veces más que India y China juntas). Es por eso que, a pesar de contar ya con aranceles mínimos –de en torno al 3%–, la aprobación del tratado generaría unos márgenes de beneficio considerables. De Gucht, antiguo comisario europeo de Comercio que se cuenta entre los defensores del proyecto, estima que generaría un crecimiento de entre el 0,5 y el 1% del PIB europeo.
El TTIP, que se negocia en paralelo a un acuerdo similar con Canadá (CETA, firmado el 26 de septiembre) también podría integrar en el futuro a otros países. En palabras de Ana Palacio, las negociaciones deberían crear «la base para una zona de libre comercio en toda la cuenca atlántica, de la que también podrían ser miembros países africanos y latinoamericanos».
La oposición al tratado, a pesar de sus aparentes ventajas, es considerable. El punto más problemático es sin duda la Resolución de Conflictos entre Inversores y Estados (RCIE), un mecanismo según el cual una multinacional extranjera podría litigar la legislación de un país como España de igual a igual. Owen Jones y George Monbiot, dos de los principales críticos del acuerdo, señalan el precedente de Australia y Hong Kong. Tras firmar un acuerdo con cláusulas similares en 1993, el gobierno australiano se vio demandado por Philip Morris cuando intentó modificar la apariencia de las cajetillas de tabaco para concienciar a fumadores.
La oposición a la RCIE no es marginal. Cecilia Malmstrom, futura comisaria de Comercio, ya ha expresado dudas sobre el futuro de estas cláusulas. El socialdemócrata Sigmar Gabriel, vicecanciller y ministro de Economía alemán, ha opinado que el tratado no podrá firmarse mientras se mantengan en pie. Menos críticos se han mostrado el primer ministro británico, David Cameron, y el euroescéptico Nigel Farage. Su silencio ante semejante transferencia de soberanía no deja de ser irónico, en vista de que ambos han invertido gran parte de 2014 rasgándose las vestiduras sobre la amenaza existencial que presenta Bruselas para la autonomía de Reino Unido.
La RCIE no es el único escollo en las negociaciones. Francia ya ha solicitado, y logrado obtener, un trato excepcional para los servicios culturales –principalmente su industria cinematográfica–, que quedarán fuera del tratado para no verse amenazados por la competencia americana. La Política Agraria Común (PAC) de la UE supone una traba considerable para la apertura del sector agrícola, al igual que el sector algodonero estadounidense. Airbus y Boeing se encuentran permanentemente enzarzados en una disputa sobre quién recibe más subsidios públicos. La liberalización de la contratación pública continúa siendo objeto de debate. La posible proliferación de frutas y verduras transgénicas en un mercado de alimentos desregulados aterra a los ecologistas europeos. El 12 de octubre, manifestantes contrarios al tratado desfilaron por las capitales de la UE.
En su versión actual, el TTIP generará oposición. Es por eso que se está negociando con una discreción que roza el secretismo. La Electronic Frontier Foundation, una organización sin ánimo de lucro que vigila los derechos de libertad de expresión, ya ha denunciado que el proceso se está negociando bajo unas cuotas mínimas de transparencia y el auspicio de unas pocas corporaciones. De los 130 asistentes convocados por la Comisión europea para discutir las ventajas del tratado, 119 pertenecían a grandes multinacionales.
Aunque la UE ha empezado a publicar documentos oficiales sobre las negociaciones, la transparencia del proceso aún deja que desear. Si desean que su proyecto convenza, los gobernantes europeos y estadounidenses necesitan hacer un esfuerzo de comunicación mayor que el actual. Un esfuerzo que posiblemente les obligue a modificar la versión actual del TTIP.