El camino para el reconocimiento del Estado palestino en la Organización de Naciones Unidas ya está trazado. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, ha presentado la demanda con la que solicitará ante la ONU su reconocimiento como Estado de pleno derecho. Este proceso requiere que el Consejo de Seguridad recomiende esta medida a la Asamblea General y que por lo menos dos tercios de la misma (116 países) voten a favor. En estos momentos, Abbas no las tiene todas consigo.
El Consejo de Seguridad está integrado por cinco miembros permanentes con derecho a veto (Estados Unidos, Rusia, Francia, Gran Bretaña y China) y diez miembros no permanentes (actualmente, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Colombia, Gabón, Alemania, India, Líbano, Nigeria, Portugal y Suráfrica). La clave se encuentra, claro está, en los países con derecho a veto. Estados Unidos ya ha anunciado que votará en contra. Rusia y China lo harían a favor, mientras que Francia y Reino Unido optarían por la abstención.
Ante este panorama, el plan B de los palestinos será acudir a la Asamblea General de la ONU a pedir el reconocimiento. En este caso, el escenario es mucho más favorable. Según fuentes palestinas, su propuesta podría contar con el voto de más de 140 países. Esto supondría pasar del actual estatus de “entidad observadora” que tiene la Organización para la Liberación de Palestina a la de “Estado observador”, como ahora ocurre con el Vaticano, Kosovo y Taiwán. Palestina no sería miembro de pleno derecho, pero conseguiría anotarse un tanto diplomático, amén de otras ventajas.
En el último número de Política Exterior (septiembre-octubre 2011) dedicamos dos artículos a la cuestión Palestina. En el primero de ellos (artículo en abierto), Hiba I. Husseini, abogada palestina y asesora legal para el proceso de paz, incide en la novedad y fuerza de este último paso diplomático. “Se trata de una afirmación de nuestro firme deseo de vivir en un Estado independiente con las fronteras de 1967, afirmación que proporcionará una nueva plataforma para que israelíes y palestinos puedan replantear sus relaciones desde cero”.
Husseini, no obstante, reconoce que la decisión de acudir a la Asamblea General de la ONU supone desafíos y riesgos. Comparte esta opinión Diego de Ojeda García-Pardo, que en su artículo para Política Exterior 143 opina que este paso reúne todos los elementos para convertirse en un nuevo conflicto diplomático. Si la Asamblea General aprueba la propuesta, explica Ojeda, “Israel renovará su denuncia de la actitud anti-israelí de la ONU y, quizá, [asistamos] a una tercera Intifada palestina, animada también por las revueltas de las juventudes de otros países árabes contra situaciones injustas que la comunidad internacional no hace lo suficiente para resolver”. De materializarse, advierte Ojeda, este sombrío escenario alejaría aún más los sueños de 1993 de una paz rápida.
Para más información:
Jaime Ojeda, «Carta de América: Obama-Netanyahu: pulso por el proceso de paz». Política Exterior núm. 142, julio-agosto 2011.
Ricard González, «Hacia una nueva política de EE UU para Oriente Próximo». Política Exterior núm. 142, julio-agosto 2011.
Ricard González, «El ‘lobby’ proisraelí y el proceso de paz». Política Exterior núm. 136, julio-agosto 2010.
Mouin Rabbani, «Mahmud Abbas y el futuro de la ANP». Política Exterior núm. 128, marzo-abril 2009.