El nuevo gobierno de Bolsonaro y los desafíos de la gobernabilidad

Después de ser elegido con el 55% de los votos, con una plataforma que prometía cambios radicales en la política y un posicionamiento en contra de las élites políticas tradicionales y la corrupción, la primera tarea del nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue crear un gabinete de transición y formar gobierno. El hecho de posicionarse en contra de los partidos tradicionales, junto a las demandas de sectores evangélicos y conservadores, impuso algunas restricciones entre los nombres a ser considerados. Un ejemplo fue la elección del ministro de Educación: los candidatos de perfil más técnico que el presidente había pensado fueron rechazados por su núcleo duro, imponiendo el nombre de Ricardo Vélez Rodríguez, afín a postulados más de derechas.

Una de las promesas de campaña del candidato electo era reducir el número de ministerios, de los 29 existentes a 15. Sin embargo, la propuesta de juntar y extinguir algunas carteras fue muy mal recibida por diferentes sectores, incluso por algunos de sus apoyos, lo que llevó al presidente a finalizar la composición con 22 ministerios. Estas idas y venidas han sido una constante en el período entre la elección y la toma de posesión. Bolsonaro ha tenido que dar marcha atrás en una serie de decisiones para garantizar el apoyo de ciertos sectores.

Además, los nombramientos ministeriales no han seguido el patrón habitual en Brasil desde la redemocratización, que privilegiaba a los partidos de la base de apoyo al presidente en el Parlamento a la hora de repartir los cargos del alto escalafón del gobierno. Bolsonaro, a diferencia de sus antecesores, ha buscado apoyarse en cuadros que presentan un posicionamiento ideológico semejante al suyo, con el beneplácito de los grupos parlamentarios informales, principalmente el de los diputados evangélicos. Estos grupos informales funcionan de forma suprapartidaria y se juntan alrededor de un determinado asunto, como el agronegocio, la religión o la posesión de armas de fuego, entre otros.

Esto hace aumentar el grado de incertidumbre sobre la gobernabilidad, dado que para aprobar su agenda el ejecutivo necesita de una mayoría en el legislativo y una forma de garantizarla es ofreciendo cargos a los partidos representados en las cámaras a cambio de su apoyo. Su confianza en los grupos parlamentarios informales no le asegura sustento en el legislativo, y no se puede garantizar el respaldo de ellas en las votaciones, ya que, de acuerdo con la legislación, los diputados deben fidelidad a sus partidos. De hecho, una vez realizadas las nominaciones de los nuevos ministros, algunos de los partidos que podrían apoyar a Bolsonaro, incluso el propio del presidente, han manifestado su descontento con la composición.

En total, nueve de los 22 ministros tienen vinculación partidaria, aunque fueron considerados únicamente seis de los 30 partidos parlamentarios. Entre los indicados constan tres del partido del presidente, el Partido Social Liberal; tres del Demócratas; dos del Partido NOVO, y uno del Movimiento Democrático Brasileiro. Sin embargo, los líderes de los partidos reclaman que no fueron consultados en cuanto a los nombres, lo que genera malestar dentro de las agrupaciones y fragiliza las relaciones entre el gobierno y estas. Por tanto, dada esta composición ministerial, es posible observar el inicio de un problema de gobernabilidad pues los partidos con alguna representación ministerial, en el caso de que opten por apoyar al gobierno –lo que, como he dicho, no está garantizado– suman 186 de los 513 diputados. Sin ir más lejos, el partido del presidente, el segundo grupo parlamentario más grande, cuenta solamente con 52 diputados, de forma que incluso para aprobar aquellas iniciativas que exijan mayoría simple, tendrá que agregar otros partidos en la composición.

Según el gabinete del presidente, lo que se ha pretendido al rechazar a los partidos tradicionales es priorizar una composición técnica, aunque realmente lo que se observa es una mezcla entre técnicos, militares, personas de su confianza y políticos vinculados a cuestiones sectoriales. La gran mayoría de ellos cuenta con poca o ninguna trayectoria en la administración pública, a lo que hay que añadir un problema adicional, y es que nueve de ellos están siendo investigados por crímenes, incluso de corrupción. Son nueve ministros que pueden ser considerados políticos, a los que hay que sumar siete técnicos, cinco militares y uno de la iniciativa privada. Por tanto, la nueva fórmula de composición del gobierno es un juego arriesgado, sobre todo en un escenario de alta fragmentación partidista, donde el presidente tendrá que negociar con un total de 30 partidos para entenderse con el legislativo. Este escenario de subrepresentación de partidos en la composición ministerial se agrava por el hecho de que el gobierno no ha nombrado a nadie de las regiones norte y noreste del país, aquellas que precisamente dieron menos votos a Bolsonaro. Es la primera vez que esto ocurre desde el restablecimiento de la democracia.

Bolsonaro, además de aumentar el número de ministerios en relación al que había propuesto en su programa de gobierno, ya ha abandonado dos principios que defendió durante la campaña electoral: la anticorrupción y el antipartidismo. Además de su proprio partido, están presentes en su gabinete ministros filiados a los dos partidos más tradicionales de Brasil, Demócratas, sucesor del partido que apoyaba el régimen autoritario, y el Movimiento Democrático Brasileiro, sucesor del partido opositor al régimen autoritario. A las primeras de cambio, el mensaje de antipartidismo y anticorrupción ha flojeado. La cuestión es cuánto tiempo resistirá Bolsonaro antes de incorporar los partidos en su base.