El mar del Sur de China y el dilema de la seguridad en Asia

La Corte Permanente de Arbitraje (CPA) resolvió el 12 de julio la petición de la República de Filipinas contra la República Popular de China en relación a las controversias entre ambos Estados sobre los derechos marítimos y prestaciones en el mar del Sur de China, el estado de ciertas características geográficas en la zona así como la legalidad de diversas acciones por parte de Pekín en esas aguas. La base jurídica de la resolución ha sido la Convención sobre Derecho del Mar de Naciones Unidas de 1982 (Unclos, en inglés). El tribunal falló que no había base legal para la reivindicación por parte de China de derechos históricos sobre los recursos dentro de las áreas marinas que entran en la llamada “Nine-Dash Line”.

A pesar de que Pekín ha rechazado la decisión, que ha calificado de nula y vacía, el fallo será fundamental para los diversos intereses hoy en disputa en el mar del Sur de China: recursos pesqueros, petroleros y gasísticos. El dictamen también será clave en el creciente dilema de seguridad en el sureste asiático ante el progresivo posicionamiento de China en el área, donde desarrolla un programa de construcción de islas artificiales. La resolución de la CPA es sobre todo importante desde el punto de vista del orden jurídico internacional, cuestionado una y otra vez por China.

En 2013 Filipinas presentó una demanda ante el tribunal con sede en La Haya solicitándole su pronunciamiento sobre los derechos históricos y la validez de ciertos títulos marítimos como generadores de derechos, además de la legalidad de ciertas acciones de China que Filipinas consideraba que violaban la Unclos. Básicamente, Filipinas denunciaba el uso de la llamada Nine-Dash Line como base de esas reclamaciones, evitando pedir una decisión sobre la cuestión de soberanía en los territorios y fronteras entre ambos países.

Otros Estados ribereños como Malasia, Brunei, Vietnam o Taiwán tienen reclamaciones territoriales, sobre todo en las islas Spratley. Junto con el enfrentamiento con Vietnam por las islas Paracel, las acciones de Pekín en el mar del Sur de China –llamado por Filipinas mar Filipino Occidental– han creado una tensión sin precedentes en la zona en los últimos 20 años. Las disputas en esas aguas, no obstante, no son nuevas. En 1994-95 se produjo el conflicto en Mischief Reef y en 2011 el de Recto Bank y las islas Kalayaan, territorios que Filipinas sitúa dentro de su zona económica exclusiva (ZEE).

La crisis más grave se produjo en 2012 por el Scarborough shoal o Bajio de Masinloc en 2012, cuando Filipinas acudió al mecanismo de arbitraje obligatorio establecido en el Convenio sobre Derecho del Mar de 1982 (art. 287 y anejo VII). Pekín argumentó que en 2006 había firmado una declaración de exclusión del arbitraje relativa al artículo 298 y alegó que la acción de Filipinas incumplía el artículo 4 de la Declaración sobre el comportamiento de las partes en el mar del Sur de China, firmado en noviembre de 2002. Sin embargo, la crisis en el Scarborough Shoal llevó al gobierno filipino del presidente Benigno Aquino a dar una serie de pasos jurídicos, políticos y de defensa que, en este último ámbito, llevó a la firma de un Acuerdo de Cooperación de Defensa en 2014, puesto en marcha en 2016, que permitirá el uso de ocho de sus bases militares a las fuerzas armadas de Estados Unidos.

Una serie de declaraciones por parte de Vietnam, India, Japón y Australia han hecho referencia a la necesidad del cumplimiento del orden jurídico y el Derecho Internacional en la región, sin embargo la Asociación de Naciones de Sureste Asiático (Asean) manifiesta cierta división interna respecto a estas disputas. Por ello, será la relación entre EEUU y China la que marque el curso de los acontecimientos. La posición de Washington ha estado siempre apoyada en la libertad de navegación como principal argumento jurídico –a pesar de no ser firmante de Unclos– y ha realizado un cuidadoso mantenimiento del equilibrio entre el reaseguramiento de sus aliados, la defensa de sus interese globales (orden jurídico internacional incluido) y regionales, así como su estrategia Pivot to Asia que tanto inquieta a China.

La percepción en los países del área y en amplios sectores intelectuales y políticos estadounidenses es que la República Popular China se ha convertido en un Estado revisionista y que, como argumenta el profesor John Mearsheimer, el ascenso de la RPC no será pacífico. Un empeoramiento progresivo del dilema de seguridad en el área puede llevar a lo que el profesor de la Universidad de Harvard Graham Allison ha denominado Trampa de Tucídides: un cálculo consciente por parte de uno de los adversarios de que iniciar una guerra lo antes posible es preferible a retrasarlo. Aunque este postura ha sido muy criticada, Tucídides también incluye otras opciones, como el verse empujado, atraído o sucumbir al conflicto. Según el profesor Robert Jervis, entender el sistema internacional como un ente complejo ayudará a comprender que la evolución de las estrategias puede llevar a resultados no queridos o esperados.