El Estado, ausente en las elecciones de Ecuador

Una vez que en la madrugada del 21 de febrero el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó oficialmente a los dos contendientes que disputarán la presidencia de Ecuador en segunda vuelta del 11 de abril, el escenario político arroja más sombras que luces y más similitudes procedimentales con los comicios generales de 2017 de lo que pudiera parecer. Los problemas que lastraron la convocatoria de hace cuatro años, referentes a los mecanismos de transparencia en el conteo de votos, la agilidad en procesar las actas electorales y el empleo de plataformas informáticas con fallas –todo ello puso en entredicho en papel del CNE– parecen no haberse corregido del todo o incluso han empeorado. En esta ocasión, las disputas del organismo rector en materia electoral, tanto internas como con otros entes del Estado (fiscalía general del Estado, Tribunal Contencioso Electoral, contraloría general del Estado, entre otros), la lentitud en el escrutinio de las papeletas presidenciales y las impugnaciones han continuado desacreditando y desinstitucionalizando al CNE. Paradójicamente, a pesar de quedar a la vista la urgencia de reformas en el organismo electoral y en otras instituciones estatales, las propuestas de los candidatos han pasado de puntillas por la estructura del aparato público ecuatoriano. Sin embargo, antes de proseguir con los argumentos que sustenten el porqué de esta ausencia y por qué sí es fundamental abordarla, resulta interesante echar un vistazo a los pronósticos electorales a raíz del debate presidencial que tuvo lugar el 21 de marzo.

Para la firma consultora e investigadora Clima Social, de los resultados del sondeo realizado después del debate se desprende que un 34% de los encuestados votarían por el binomio Andrés Arauz-Carlos Rabascall, el 27% por Guillermo Lasso, en tanto que alrededor de un 24% de los entrevistados aún no tiene decidido su voto, votaría nulo o en blanco. Otro de los referentes en cuanto a sondeos, Cedatos, ofrece el panorama contrario: Lasso obtendría un 46% de los votos mientras que su contrincante, el 38%. Perfiles de Opinión otorga casi un 38% de votos a Arauz y un 30% a Lasso.

Más allá de las cifras que arrojan los sondeos, la clave para llegar al Palacio de Carondelet el 11 de abril pasa por los apoyos que logre entretejer cada contendiente. El movimiento de unidad plurinacional Pachakutik, cuyo candidato, Yaku Pérez, quedó a tan solo el 0,35% de diferencia con Lasso (y que ha logrado 27 escaños en la Asamblea Nacional), promueve el voto nulo entre sus bases. El candidato que quedó en cuarto lugar, Xavier Hervas, se decanta por apoyar a Lasso, a pesar de que el partido que lo auspicia, Izquierda Democrática, desmintió esta postura a través de su presidenta, Wilma Andrade. En cualquier caso, el apoyo que logre cada contendiente será uno de los puntos clave que defina los resultados del balotage, considerando que aún existe un porcentaje de electores que no ha definido su voto o que puede no decantarse por ningún binomio.

«La clave para llegar al Palacio de Carondelet pasa por los apoyos que logre entretejer cada contendiente; mientras Yaku Pérez promueve el voto nulo entre sus bases, el candidato que quedó en cuarto lugar, Xavier Hervas, se decanta por apoyar a Lasso, a pesar de que su partido lo desautoriza»

La finalidad de estas líneas, sin desmerecer los variados y exhaustivos análisis que se han realizado sobre las propuestas de los presidenciables, pasa por reflexionar sobre el papel que el Estado, como estructura de poder, tiene en los planes de gobierno; en especial, la administración pública de Ecuador. La premisa de partida es la siguiente: el gobernante que rija Ecuador durante los próximos cuatro años tendrá que lidiar, administrar y operar con una organización que plasme y afirme la ejecución de sus decisiones políticas. En otras palabras, una administración pública en mayor o menor medida similar al modelo ideal de burocracia weberiana. Con la coyuntura nacional, regional e internacional actual, al elector ecuatoriano este asunto le resultará absolutamente insustancial. No obstante, solo con echar un vistazo al panorama sanitario, es fácil dimensionar cuán importante está siendo para enfrentar la pandemia de Covid-19 una red pública sanitaria efectiva y fortalecida, por poner un ejemplo.

Recurriendo a los planes de trabajo de los dos candidatos –que deben ser presentados al CNE en el momento de la inscripción de la candidatura– se obtienen lecturas dispares. En el denominado “Plan de Gobierno 3.0” de Arauz, las propuestas referentes a la administración pública pasan por “implantar programas y proyectos para la innovación estatal, y digitalizar la administración pública para simplificar y fortalecer procesos, y así mejorar la atención a la ciudadanía”. Más adelante, en referencia a la erradicación de la corrupción, se encuentra la implementación de sistemas que aseguren la correcta selección, promoción y meritocracia de los funcionarios públicos, enunciados por otra parte ya recogidos en la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) de 2010.

En el plan de trabajo de Lasso, al hablar de los procesos y trámites de la administración pública, explica que “en línea con la adopción de medidas radicales, es imprescindible el desmantelamiento de los actuales procesos y trámites de la administración pública. Un saneamiento de las denominadas ‘ventas de facilidades’, ‘actividades de lobby’ y ‘tratos preferenciales’ implica necesariamente reformas del Código Orgánico Administrativo, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y el Código Orgánico General de Procesos, entre otros. La erradicación del testaferrismo en las instituciones públicas exige una reforma a la Losep de modo que sea posible la verificación de requisitos más estrictos, en favor del orden social y previo al ejercicio laboral en el sector público”.

Otra fuente interesante para conocer las propuestas de los candidatos presidenciales es la iniciativa “Ecuador Decide”, del Grupo Faro, que sobre la base de fuentes académicas, estatales oficiales, medios de comunicación, encuestadoras e incluso organismos internacionales, identifica 50 cuestiones relevantes para que la ciudadanía pueda contrastar propuestas. Pues bien, de los 18 temas recogidos, desglosados en subtemas, no figura ninguno relacionado con reformas de la función pública.

«Cabe preguntarse si el próximo presidente quiere una administración pública al servicio de la ciudadanía o al servicio del poder político de turno»

Volviendo a la premisa de partida, cabría preguntarse si el próximo presidente quiere una administración pública al servicio de la ciudadanía o al servicio del poder político de turno. La cuestión no es baladí. Como han puesto de manifiesto algunos informes del Banco Interamericano de Desarrollo, en términos generales, el acceso al empleo público en Ecuador sigue estando caracterizado por un uso mayoritario y discrecional de instrumentos que dan lugar a un fuerte clientelismo dentro de la administración pública. Si bien desde la entrada en vigor de la Losep se ha intentado revertir esta situación a través de una mayor racionalización del servicio público, basada en principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, descentralización, etcétera, se echa en falta en el mismo texto normativo otros como mérito, igualdad y capacidad. La omisión no es trivial, ya que a pesar de que algunos procesos de acceso al empleo público en Ecuador observan los principios anteriores, el marco legal y la distribución de competencias deja demasiados espacios abiertos por donde pueden filtrarse la subjetividad y discrecionalidad.

En términos generales, el caso ecuatoriano ofrece unas particularidades interesantes, ya que el mismo marco legal que regula el servicio público favorece la inestabilidad entre los empleados civiles en todos los niveles de gobierno. Este factor, unido a la permanencia de prácticas clientelares a la hora de otorgar puestos de servicio público en las administraciones locales del país, alienta el fenómeno del spoil system, institución informal social e institucionalmente aceptada. Y a pesar de las corrientes de la nueva gestión pública entre las administraciones de América Latina, la persistencia de modelos de servicio civil altamente politizados continúa siendo un lastre para mejorar su desempeño institucional, existiendo múltiples investigaciones que correlacionan el grado de desarrollo de un país con la profesionalización de su administración pública.

Si bien es cierto que implícitamente las exigencias de los organismos financieros multilaterales que mantienen acuerdos vigentes con Ecuador, principalmente el Fondo Monetario Internacional, pasan por una reducción del aparato burocrático (se habla de “Estado obeso, sobredimensionado”), una de las posibles líneas argumentales transitaría más bien sobre qué modelo de administración pública necesita Ecuador durante los próximos años. Y una vez más, la tozuda realidad se impone: sin una administración pública efectiva, la prestación de servicios públicos podría verse mermada durante el próximo período de gobierno. La burocracia es uno de los poderes públicos más cercanos a la ciudadanía, al prestar o suministrar de forma inmediata y directa o indirectamente la mayor parte de los bienes públicos: asistencial social, sanidad, educación, defensa, seguridad interna, obras públicas, etcétera, y es una realidad que no debería eludirse en una contienda electoral en un contexto regional, no solo ecuatoriano, donde la baja calidad de la democracia tiene entre sus causas la debilidad de sus instituciones (incluyendo a las administraciones públicas).