El dilema polaco de la UE

Un suspiro de alivio se escuchó en Europa un poco antes de Navidad cuando la Comisión Europea publicó sus nuevas recomendaciones sobre el Estado de Derecho para el gobierno de Polonia. En ellas, se instaba a Varsovia a respetar las sentencias del Tribunal Constitucional que hasta ahora se ha negado a aplicar. Por supuesto, nadie espera que se apliquen las recomendaciones de Bruselas. El líder polaco Jaroslaw Kaczynski calificó recientemente el mecanismo de Estado de Derecho de la Unión Europea como una “comedia”, añadiendo que estaría dispuesto a aceptar incluso una desaceleración de la economía del país con el fin de lograr sus objetivos políticos.

El alivio en las capitales europeas no se debió a falsas ilusiones sobre la posibilidad de un giro en el camino iliberal emprendido por el gobierno conservador del partido Ley y Justicia (PiS). Las nuevas recomendaciones, más bien, aplazan de manera cómoda para la Comisión el “problema polaco”, permitiendo a los líderes nacionales evitar una toma de posición. Incluso la canciller Angela Merkel –la recién proclamada líder del mundo libre– ha permanecido en silencio sobre la crisis constitucional de Polonia. Sin embargo, las recomendaciones de la Comisión solo ofrecen un retraso temporal, y los gobiernos de la UE tendrán que asumir su responsabilidad finalmente.

Una vez que expire, a finales de febrero, el plazo de dos meses para que el gobierno polaco siga las recomendaciones de la Comisión, Bruselas tendrá muy pocas opciones antes de pedir al Consejo Europeo que vote sobre el desencadenamiento del artículo 7 del Tratado UE. Según este artículo, una violación de los principios básicos de la Unión puede dar lugar a sanciones. Hungría y Reino Unido -los aliados más cercanos de Polonia- probablemente bloquearán esta decisión, pero para la imagen de la Comisión Europea, será mejor fracasar en el Consejo que abstenerse de actuar. En cualquier caso, el tiempo de posponer el problema polaco se habrá terminado, y los políticos tendrán que poner sus cartas sobre la mesa.

La politización derivada probablemente ampliará la discusión del caso polaco más allá de los estrechos márgenes del conflicto del gobierno de Varsovia y el Tribunal Constitucional. Después de un año de gobierno del Partido Ley y Justicia, es evidente que la deriva iliberal en el país no es solo legal, sino profundamente política.

Una serie de reformas emprendidas en los últimos 12 meses -la toma de control por parte del gobierno de medios de comunicación públicos, el despido de funcionarios, la introducción de una nueva ley de vigilancia y el fortalecimiento de los poderes del fiscal general a expensas de las autoridades locales- han vaciado los fundamentos democráticos liberales de Polonia, aunque algunas medidas no sean estrictamente inconstitucionales. A finales de diciembre, en una entrevista con el semanario progubernamental wSieci, Kaczynski acusó a la oposición de intentar un “golpe de Estado”, quizá una señal de un futuro endurecimiento del rumbo político.

La gran cuestión para Merkel y sus colegas europeos será determinar cuál es la línea roja (si es que hay alguna) cuando un gobierno democráticamente elegido socava los fundamentos políticos y legales de la democracia europea.

Esta será la gran cuestión en 2017, y no solo por lo que sucede en Polonia. Después del Brexit y la victoria de Donald Trump en Estados Unidos –y ante las batallas electorales que se avecinan en un número de países de la UE– las apuestas son más altas que nunca. El debate más acuciante en la UE ya no es cómo tratar con individuos facinerosos como el primer ministro húngaro, Viktor Orban, sino cómo defender una visión de la Unión frente a la creciente contrarrevolución paneuropea que amenaza los principios del Estado de Derecho, la tolerancia y los derechos de las minorías. No es solo una tarea para los tecnócratas y las instituciones de la UE, sino también para los líderes que aún creen en el proyecto europeo.

Esto no quiere decir que las sanciones o el aislamiento político sean los únicos o los mejores instrumentos para hacer frente a los países que se alejan del consenso liberal-democrático. El aislamiento se demostró contraproducente tras el éxito de la extrema derecha en Austria en 1999, y las sanciones (si se imponen) pueden de hecho fortalecer la narrativa del partido de Ley y la Justicia que sostiene que Polonia está siendo asediada. Tanto los países miembros como las instituciones deben dejar claro que si bien rechazan el curso iliberal del gobierno polaco, están dispuestos a comprometerse con la sociedad polaca.

En primer lugar, los líderes de la UE no deben aislar a Polonia, sino enviar al país un mensaje claro de condena de la violación por parte del gobierno de los valores fundamentales de Europa, subrayando los fundamentos de la democracia liberal y el Estado de Derecho. Estas declaraciones pueden no tener ninguna fuerza legal, pero no deben descartarse como simple retórica. En estos días, el simbolismo es importante: aumenta la conciencia pública y ayuda a desarrollar un lenguaje común entre fronteras para los partidarios de la UE como una entidad basada en valores. A largo plazo, este lenguaje podría ser una inversión fundamental –quizá una pieza fundamental en la construcción de una verdadera esfera pública europea, la piedra angular de la democracia en la UE.

En segundo lugar, los países miembros y las instituciones de la Unión deben mostrar su compromiso con la sociedad polaca. Al fin y al cabo, las personas son los únicos actores que pueden determinar el futuro del país. La Comisión Europea, por ejemplo, podría ejecutar de manera más decidida la legislación de la UE en materia de competencia (el trato desigual de algunas empresas polacas es una fuerte significativa de frustración creciente en parte de la clase media) y garantizar que el acceso al Cuerpo de Solidaridad Europeo (European Solidarity Corps) sea posible incluso en las zonas más remotas del país.

El dilema polaco refleja los desafíos que la UE tiene que abordar en 2017 y más allá. Los líderes europeos pueden elegir cómo reaccionarán, pero deben darse cuenta de que lo que decidan hacer o no hacer tendrá consecuencias de largo alcance. La batalla por el futuro de la UE no se detendrá en las fronteras de Polonia.

Este artículo fue publicado originalmente, en inglés, en Politico Europe.