El dilema de Ecuador

Hacía muchos años que no se producía en Ecuador una conmoción económica, política y social de tanta repercusión como la vivida entre el 3 y 4 de octubre. A la paralización de los servicios de transporte y el bloqueo de calles y carreteras por parte de taxistas, transportistas y distintas organizaciones en las principales ciudades del país, hay que sumar las protestas ciudadanas, que dejaron imágenes impactantes en los medios de la región y el mundo. Si bien el retiro de los subsidios a los dos tipos de combustibles más utilizados en el país –la gasolina extra y el diésel, con el consiguiente alza de sus precios– fue el detonante del estallido social, los problemas económicos y políticos del país deben ser enmarcados dentro de un proceso de más largo alcance.

Ya hubo, por ejemplo, un primer antecedente de retiro de estos subsidios al combustible durante el gobierno de Rafael Correa, en 2008 y 2011. Entonces se vio afectado el carburante aéreo, subsidiado en un 40% por el gobierno, que costaba alrededor de 135 millones de dólares al año al país. No hay que olvidar que una economía tan estrechamente ligada –y dependiente– de las ventas de petróleo como la de Ecuador acusó la caída de los precios del crudo, que comenzó en 2014 y tocó fondo en 2016, con un mínimo de 27 dólares el barril.

La ralentización de la economía ecuatoriana afectó al proyecto político de la Revolución Ciudadana, que en las elecciones del 2014 comenzó a perder importantes bazas (Quito, Cuenca) y estuvo a punto de perder la presidencia en 2017. Como resultado de todo ello, Lenín Moreno heredó un contexto económico muy complejo, con una fuerte reducción de los ingresos fiscales provenientes del petróleo y un aparataje estatal sobredimensionado.

Primeros avisos

En agosto del 2018 comenzaron a ejecutarse las primeras medidas económicas del gobierno de Moreno. Entre ellas estaba la eliminación del subsidio a la gasolina súper, que en la práctica supuso un incremento del 28% del precio por galón. Asimismo, en diciembre de ese mismo año hubo una eliminación parcial al subsidio de la gasolina extra –pasó de 1,48 a 1,85 el galón– que afectó en especial a los taxistas. El gobierno reculó ofreciéndoles una tarjeta subsidiada, con escaso impacto ante la falta de fondos para financiarla.

El trasfondo de estos subsidios se encuentra en los cerca de 2.500 millones de dólares anuales que le cuesta al país este tipo de ayudas, de los que 1.300 millones son para subvencionar la gasolina extra y diésel. Creados en los años setenta durante la dictadura militar, Ecuador era uno de los pocos países de la región que mantenía varios tipos de subsidios a los combustibles, que fomentó el contrabando entre países vecinos como Colombia y Perú.

La gota que colmó el vaso

Sin embargo, las medidas anteriores no tuvieron la trascendencia económica deseada para equilibrar la balanza fiscal del país, por lo que desde inicios de 2019 se comenzó a negociar un crédito con el Fondo Monetario Internacional. Fruto de los acuerdos alcanzados con el organismo en marzo de 2019, se derivaron una serie de ajustes presupuestarios cuyo culmen fue la firma del Acuerdo de Servicio Ampliado para tratar de estabilizar las finanzas y generar un balón de oxígeno al gobierno ecuatoriano. Con un mercado laboral que cada vez expulsaba más trabajadores públicos y privados, fruto de los recortes y las exigencias de los organismos multilaterales, el gobierno de Moreno finalmente tuvo que tomar una serie de decisiones económicas más dramáticas para respetar los acuerdos con el FMI y obtener más desembolsos financieros.

Tras unos días de rumores sobre las nuevas medidas económicas del gobierno, entre las que se especuló sobre el alza del IVA, la tarde del 2 de octubre el ejecutivo emitió un mensaje presidencial que daba a conocer el paquete de medidas económicas adoptadas. La de mayor gravedad fue la liberación de los precios del diésel y la gasolina extra. El denominado “paquetazo” incluía asimismo una notoria reducción de algunos derechos de los empleados públicos. En concreto, se reducen de 30 a 15 días sus vacaciones, los servidores de las empresas públicas aportarán mensualmente un día de su salario al Estado, y los contratos ocasionales se renovarán con un 20% menos de remuneración. A modo de compensación, 300.000 familias se suman al bono de desarrollo humano, que se incrementa en 15 dólares mensuales. El gobierno no traspasó ciertas líneas rojas, que podrían haber impactado de lleno en su línea de gobernabilidad. Por ejemplo: la eliminación del subsidio al gas doméstico, que hubiera afectado a todos los estratos sociales del país, sobre todo a los más bajos.

La respuesta ciudadana

La modificación del precio de los combustibles entró en vigor a la medianoche del 3 de octubre a través del decreto presidencial número 833, al ser la regulación de los sectores estratégicos del país una atribución constitucional del presidente. El efecto fue casi inmediato: ese día el país amaneció sin transporte; buses, taxis, transporte de mercancías… todos paralizaron sus actividades, bloqueando además las principales vías de Ecuador. Como ya se señaló al inicio, no solo se movilizaron los transportistas, sino que organizaciones sociales, frentes de trabajadores y ciudadanía en general reaccionaron concentrándose ante las sedes del gobierno de las capitales de provincia del país.

Tampoco se hizo esperar la respuesta del gobierno: ese mismo día, por la tarde, decretó el estado de excepción en todo el país por un lapso de 60 días, lo que en la práctica supone ciertos recortes de derechos y vía libre para que los organismos de seguridad del Estado –fuerzas armadas incluidas– intervengan para mantener el orden y garantizar la libre circulación.

Con el estado de excepción vigente, el golpe de mano del ejecutivo no se limitó a lo anterior. El gobierno ejerció presión sobre los transportistas deteniendo esa misma noche a varios dirigentes del gremio, acusados de paralizar servicios públicos. Con el pulso echado y la incertidumbre de cuánto podría alargarse el paro nacional, la tarde del 4 de octubre el sector del transporte levantó las medidas, iniciándose un proceso para definir las nuevas tarifas de movilización, verdadero punto crítico del incremento del combustible.

Dilema nacional

El panorama social, económico y político que afronta el país vuelve a ser delicado. El gobierno de Moreno no puede dar marcha atrás con las medidas emprendidas, debido a la presión de los organismos financieros internacionales. Una parte de la sociedad ecuatoriana ha decidido continuar con las protestas. Que las agrupaciones indígenas hayan decidido levantarse contra el presidente no es buena señal. La economía ecuatoriana no emite señales de que vaya a recuperarse antes de las elecciones generales de 2021. Se espera, además, un incremento generalizado en los precios.

Sin opciones políticas sobresalientes, el escenario podría propiciar a medio plazo un eventual retorno del correísmo a Ecuador, con o sin su líder. Habrá que observar el impacto de las protestas y las medidas adoptadas por el gobierno de Moreno.