Ecuador, ¿y ahora qué?

Cuando Rafael Correa explica sus planes en monólogos televisivos desborda seguridad, siendo quizá la base de la misma –lo que él considera– sus conocimientos tecnocráticos y los de su equipo. Es más, suele dar por zanjados debates políticos sobre políticas públicas en Ecuador argumentando que se trata de asuntos técnicos y no políticos. Llegados a ese punto suele recordar al auditorio que él y los suyos son personas con estudios universitarios, algo que según parece impresiona a todo nivel, puesto que la prensa internacional, cuando habla de su gestión y como si fuera una prueba de su infalibilidad, sigue insistiendo en que el presidente obtuvo un doctorado en economía en Estados Unidos. Quizá por eso resulte tan sorprendente que el gobierno tecnocrático presidido por un economista se haya pillado los dedos por no tomarse en serio aquel asunto que normalmente se estudia al inicio de la carrera: la economía suele ser cíclica y, en general, tras una época de crecimiento viene una de contracción. ¡Ahí está el problema! El gobierno ecuatoriano no supo administrar el ciclo ascendente pensando en el ciclo descendente de la economía, marcado por el nuevo escenario mundial pero con ciertas particularidades locales.

Un ejemplo, a partir de la hora 3:14:34.

El gobierno no ha hecho autocrítica, ha desarrollado un argumentario en el que explica las razones de la crisis y las medidas que se tomaron para evitar sus efectos negativos en la economía ecuatoriana. Incluso, en un alarde de imaginación, ha mentado conspiraciones internacionales en su contra. Según el gobierno, y con razón, uno de los mayores problemas para gestionar la actual crisis económica está en el uso del dólar como moneda oficial, lo que ha dejado al país sin herramientas de política cambiaria, no pudiendo, por ejemplo, devaluar como han hecho los países del entorno. El otro gran problema está en el descenso del precio internacional del petróleo; producto cuyos ingresos proveen cerca del 15% del financiamiento del presupuesto general del Estado. Téngase en cuenta que el presupuesto de 2015 fue aprobado con un precio referencial del barril de petróleo WTI de 79,7 USD, pero a lo largo del año este ha caído hasta por debajo de los 40 USD, estando estos días el barril en torno a 45 USD. Añádase que el petróleo representa entre el 53% y 57% de las exportaciones del país y equivale al 11,5% del PIB. En consecuencia, Ecuador lleva dos semestres con crecimiento negativo cuando se estimó en cuentas que el crecimiento sería del 4,1% del PIB. Esto ha aumentado el déficit, que se calculó en el diseño del presupuesto en 5.368 millones, equivalente al 4,94% del PIB nominal, cifra que, suponemos, aumentó a pesar de los recortes ya realizados por el gobierno.

A pesar de la contundencia de los datos sobre la caída de los ingresos, que daría cobertura a los argumentos del gobierno y a la falta de herramientas monetarias, se les podría reprochar (siguiendo con el asunto de los cursos introductorios de economía) no haber tomado precauciones para enfrentar un escenario de caída de ingresos –algo por lo demás previsible–, mucho más a sabiendas de que tienen limitaciones estructurales y de gestión macroeconómica como las anotadas. Pero, cabe recordar que, antes de que los ingresos cayesen, el país recibió una ingente cantidad de recursos durante la temporada de precios altos del crudo. A ello hay que sumar, según los cálculos de Eduardo Valencia, al menos otras cuatro grandes fuentes de ingresos: 1) los ahorros acumulados en los fondos de estabilización pensados para situaciones como la actual; 2) El endeudamiento público de más o menos 15.000 millones de USD en ocho años; 3) La venta anticipada de petróleo a China y otros países cuya cuantía no se conoce por considerarse un asunto de seguridad nacional; y 4) la utilización de los fondos de liquidez del sistema de pensiones, la reserva monetaria internacional (reservas de oro). Además, yo agregaría la mejora y aumento en el cobro de impuestos.

¿Ahorro frente a inversión?

Respecto a su política de gasto, el gobierno señala que dio prioridad a la inversión social, a la construcción de infraestructura vial, sanitaria y educativa.  También a los grandes proyectos hidroeléctricos o industriales (algunos francamente discutibles) con los que se pretendió poner las bases para un cambio en la matriz energética, que ahorraría miles de millones al país en subsidio al combustible y provocaría, a su vez, un cambio en la matriz productiva. Reforzaba el argumento el presidente al explicar que, en lugar de favorecer al capital financiero ahorrando para las vacas flacas, prefería invertir para mejorar las condiciones del país y sentar las bases de un sistema productivo menos dependiente del petróleo. Nada que objetar, pero se puede hacer lo uno y lo otro: la reserva de un país como Bolivia, poco sospechoso de ser amigo de Wall Street, supera los 15.000 millones de dólares –más del triple si se compara con Ecuador–, lo que sin duda le permitirá capear mejor la caída de precios del petróleo.

Y no todo fueron inversiones. Se aumentó de forma exponencial el gasto corriente. Por ejemplo, entre 2007 y 2015 se incrementó en un 28% el número de empleados públicos y  los salarios en este sector se triplicaron, pasando de 3.161 millones de dólares en 2006 a 9.600 millones en 2014.

Aunque los argumentos del gobierno suenan coherentes y hubiera sido bueno para todos que los resultados fueran los esperados, las cosas no han sido así. Ello, en gran parte, porque muchos de los planes gubernamentales carecieron desde un principio de viabilidad o, en el mejor de los casos, porque sus resultados se verán en el medio y largo plazo, algo que de ninguna forma sirve para enfrentar la inmediatez del cambio de ciclo de la economía. Por ejemplo, se apostó por un delirante proyecto llamado Yachay Tech, una especie de Sillicon Valley en medio de los Andes, con la pretensión de que contribuyese al cambio de matriz productiva, creando nanotecnología que remplazaría al petróleo. ¡Como si las patentes y su industrialización funcionaran como cultivos de ciclo corto!

Tensiones políticas, sociales y económicas

¿Por qué falló el cambio de modelo productivo que quería el gobierno? Además de problemas estructurales en el diseño de las políticas públicas, el gran fracaso tiene que ver con el estilo político del presidente, que en lugar de generar inercias –necesarias para que funcione el engranaje productivo–, ha aumentado las tensiones políticas, sociales y económicas y, sobre todo, ha dejado de lado al sector privado en sus estrategia de desarrollo. Tal es así, que incluso ha demonizado su labor presentado a los empresarios como simples y ambiciosos buscadores de lucro. A ello se suma el clima de incertidumbre que provocan los “defectos” del sistema judicial (el Estado siempre gana) y el permanente cambio de reglas (la Constitución solo tiene siete años, sin embargo ha sido y sigue siendo cambiada con más facilidad que un reglamento). Un poco tarde ya pero el gobierno acaba de lanzar una propuesta al más puro estilo “neoliberal” que tanto criticó, a fin de fomentar las alianzas público-privadas a través de un sistema de concesiones; pero, nuevamente, son medidas que, de funcionar, sus resultados no serán inmediatos, lo que obligará a un mayor endeudamiento. Para ilustrar la pérdida de peso del sector privado basta comparar la inversión privada con la pública. La primera pasó de representar el 68,50% del PIB en 2007 al 47,40% en el 2013. Ecuador es el país con la más baja inversión extranjera directa de toda América Latina, el último año no llegó ni a los 500 millones de dólares.

Quizá el mayor fracaso del modelo de Correa esté en no haber sentado bases reales para generar un sector productivo diverso y pujante, que conlleve un cambio significativo en la matriz productiva, algo para que lo que debería haber creado condiciones que permitan contar con un sector privado competitivo y dinámico, que complemente el modelo de desarrollo planteado desde el Estado.

Así están las cosas, agradézcanme que no haya hablado del pánico que provoca un posible cambio de moneda ante la imposibilidad de mantener la dolarización.