‘Ecocidio’ en Venezuela, paraíso natural en Costa Rica

Hasta 1914, cuando se descubrieron los primeros yacimientos petroleros en sus aguas, los 13.000 kilómetros cuadrados del Lago de Maracaibo –la gran bahía semicerrada y salobre que los taínos y añú llamaban Coquivacoa– bullía de vida. Pese a que desde entonces se han perforado más de 15.000 pozos en toda la cuenca del lago, hasta hace unos años aún sostenía la pesca artesanal de los pueblos ribereños, gracias a que lo alimentan numerosos ríos, entre ellos el caudaloso Catatumbo.

La gran biodiversidad caribeña es especialmente notoria en Venezuela, la antigua Tierra Firme, como la llamó Alonso de Ojeda, y que Américo Vespucio rebautizó como la “pequeña Venecia” por los palafitos que abundaban en el Lago de Maracaibo. Cuando en agosto de 1498 Colón encontró la desembocadura del Orinoco en el golfo de Paria, describió en su bitácora un paraíso terrenal por su exuberante vegetación, la mansedumbre de sus indios y los rastros de oro, como las Escrituras aseguraban sobre los ríos que fluían del jardín del Edén. El mismo nombre de Paria –conjeturó el navegante– era una alusión al paraíso.

Hoy las cosas no podrían ser más distintas pese a que, por primera vez en un siglo, no hay plataformas ni torres de perforación extrayendo petróleo en el Lago de Maracaibo debido al colapso de la industria provocado por la mala gestión del régimen venezolano y las sanciones de Washington. Según Bloomberg, las exportaciones de crudo cayeron hasta los 418.857 barriles diarios en febrero, un 13% menos que en enero, y una fracción de las que se alcanzaron en la era dorada de la “Venezuela saudí”.

Fuente: Bloomberg

En 2010, Venezuela era el mayor productor petrolero de la región. Ya en 2011 ingresó 73.000 millones de dólares por sus exportaciones de crudo; en 2016, solo 22.000 millones, y en 2020, apenas 743 millones, más o menos la mitad de las remesas que la diáspora venezolana envió a sus familias. Este declive productivo, sin embargo, no ha aliviado la polución del lago. Al contrario. Los pozos del país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo están hoy abandonados y expidiendo gases tóxicos que crean un resplandor anaranjado en el cielo de las deprimidas ciudades de la cuenca.

Un reciente reportaje de The New York Times describe escenarios en el Lago de Maracaibo, el Estado de Monagas y la faja del Orinoco que parecen extraídos de las películas apocalípticas de Mad Max, con bosques convertidos en cráteres donde se estanca el agua contaminada por el mercurio de la minería aurífera ilegal. Las tres grandes refinerías de la compañía estatal PDVSA en la zona se han convertido en cascos oxidados cuyas filtraciones ennegrecen las arenas blancas de las playas de Cabimas y Tucacas, recubriendo sus aguas de color turquesa con un brillo aceitoso.

El pegajoso crudo que alguna vez proporcionó riqueza y trabajo está envenenando ahora los medios de vida de los pueblos de la cuenca. En 2020 hubo cuatro grandes derrames que llegaron hasta las costas brasileñas. En Cabimas, el crudo que se filtra de los pozos y oleoductos submarinos abandonados cubre a los cangrejos y mata a los peces, privando a los pescadores de su último recurso para sobrevivir. Cuando llueve, el aceite que se ha filtrado a las alcantarillas sube por los desagües, manchándolo todo en medio del hedor.

Fuente: The New York Times

Sin perforaciones ni empresas de servicios o dinero, la producción podría llegar pronto a cero. PDVSA mantiene la producción actual sacrificando el mantenimiento de sus infraestructuras y condenando a sus trabajadores –que solían vivir en campamentos con cines, hospitales y canchas de tenis– a tener que desmantelar sus instalaciones y refinerías en busca de chatarra para llegar a fin de mes.

Para compensar las pérdidas petroleras, el régimen de Nicolás Maduro ha entregado el llamado Arco Minero –que cubre un 12% del territorio venezolano, una extensión del tamaño de Cuba, rico en oro, hierro, diamantes, bauxita y coltán– a la Zona Económica Militar Socialista, creada en 2013 y que hoy integra a una docena de empresas. Entre ellas destaca la Compañía de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, que desde 2016 explota esas áreas en el sureste del país sin ningún tipo de control civil y en el más completo hermetismo.

Según escriben en The Washington Post Francisco Dallmeier, director del Smithsonian Conservation Biology Institute, y Cristina Burelli, directora de SOSOrinoco.org, las descargas de sedimentos mineros con mercurio están contaminando masivamente los ríos y lagos de áreas protegidas en las que viven 27 pueblos nativos. Contradiciendo su declarado “ecosocialismo”, desde que llegó al poder en 1999 Hugo Chávez comenzó a desmantelar las regulaciones medioambientales para impulsar la minería y el petróleo, provocando con ello una serie de desastres medioambientales que se fueron agravando con los años.

Según estimaciones de Global Forest Watch, a causa de la minería y la tala ilegales entre 2001 y 2018 se perdieron unos 13.000 kilómetros cuadrados de bosques, una de las mayores tasas de deforestación en los trópicos. María Eugenia Grillet, investigadora del Instituto de Ecología Tropical de la Universidad Central de Venezuela, estima que solo el municipio de Sifontes, en el Estado de Bolívar, ha perdido desde 2007 unas 3.000 hectáreas de bosques por la minería ilegal.

«Según Global Forest Watch, a causa de la minería y la tala ilegales Venezuela sufre una de las mayores tasas de deforestación en los trópicos»

En el parque natural de Canaima, patrimonio mundial de la Unesco, se han detectado 59 explotaciones ilegales de oro. Según Insight Crime, muchas de ellas son controladas por bandas del crimen organizado y disidentes de las guerrillas colombianas de las FARC y el ELN. Un informe publicado en julio de 2020 por la ONU denunció los casos de un minero asesinado por robar un cilindro de gas, de otro que recibió balazos en ambas manos por robar un gramo de oro y de un tercero al que se le amputó una mano por ocultar una pepita. Los cuerpos de los mineros asesinados se arrojan a los pozos de las minas, que sirven de tumbas clandestinas.

El oro se dirige en su mayor parte, según Burelli, a Turquía y Emiratos Árabes Unidos a través de Brasil, que produce unas 100 toneladas de oro al año, un 35% de las cuales son extraídas por garaimpeiros, los mineros clandestinos que son cada vez numerosos en Venezuela por la porosidad de la frontera.

Alexandra Pinna, directora para América Latina de Freedom House, estima que entre el 70% y el 80% del oro venezolano, unos 2.700 millones de dólares en 2018, sale del país de manera ilegal. El opositor Julio Borges denuncia que el régimen intercambia lingotes con el sello del banco central por dólares y euros en efectivo para evadir las sanciones internacionales.

A todo ello hay que añadir los problemas de salud. Las lagunas de agua estancada que deja la deforestación se convierten pronto en caldos de cultivo ideales para mosquitos anófeles, transmisores de la malaria, que ha vuelto a resurgir en Venezuela y en países vecinos como Brasil, Colombia y Guyana, donde se creía erradicada. Entre 2009 y 2019, Venezuela multiplicó por 10 sus casos, de 41.943 a 467.421, la mayor parte en áreas donde ha aumentado la minería ilegal. Los puntos calientes se concentran al sur de la faja del Orinoco, en el estado Bolívar, que reúne más del 60% de los casos, según un estudio de publicado en PLoS Neglected Tropical Diseases.

Costa Rica, paraíso sostenible

El de Costa Rica es el caso opuesto. Con solo 51.000 kilómetros cuadrados, el país centroamericano contiene el 5% de la biodiversidad del planeta, lo que le convierte en el de más biodiverso en relación a su superficie. En 1963, el gobierno de San José creó la primera reserva natural del país y en 1970 la red de parques nacionales, que hoy abarcan el 25% del territorio costarricense.

En los años ochenta, Costa Rica convirtió parte de su deuda externa en bonos de conservación ecológica, con los que recaudó fondos que se utilizaron para financiar la creación de áreas protegidas, instituciones ambientalistas y proyectos educativos y de manejo sostenible de bosques.

Esa vocación ecológica ha hecho del país una Meca para investigadores y biólogos y en un destino ecoturístico internacional. En 1999, Costa Rica alcanzó su primer millón de visitantes. En 2015, recibió más de dos millones y medio. El turismo contribuye con un 12,5% del PIB, unos 2.400 millones de dólares. En 2012, el país fue incluido entre los 10 mejores destinos de la revista del Ethical Traveler. En el índice de desempeño ambiental de la ONU, Costa Rica es el quinto de la lista.

«La vocación ecológica ha hecho de Costa Rica una Meca para investigadores y biólogos y en un destino ecoturístico internacional»

Se lo ha ganado a pulso. El Instituto de Turismo Costarricense ha creado, entre otras cosas, la Ruta Nacional de Aves para que los visitantes puedan apreciar las más de 900 especies que albergan sus bosques: colibríes, quetzales, águilas, tucanes, pájaros carpinteros, halcones, pericos, golondrinas… Una costarricense, Christiana Figueres, fue una de las principales artífices de la firma del Acuerdo de París en 2015, como secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. El acuerdo de Escazú, firmado por 24 países latinoamericanos y caribeños, se llama así en honor de una ciudad costarricense que combina el urbanismo moderno con su entorno natural.

Para promover alojamientos amigables con el medio, el gobierno otorga un certificado de sostenibilidad turística. La patronal Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED) fomenta, por su parte, programas para electrificar el transporte público y mejorar la eficiencia industrial y agrícola con energías renovables. Según la AED, buscar la “neutralidad de carbono” (emisiones cero) es un asunto de responsabilidad social, pero también un buen negocio al reducir costes y mejorar la competitividad de las empresas y de la economía en general, creando empleos de calidad y aumentando las exportaciones a mercados que exigen trazabilidad y certificación ecológica de sus importaciones. El sector turístico financia la siembra de corales en los arrecifes de las costas en el Caribe y el Pacífico, y las entidades bancarias créditos al consumo para la compra paneles solares, vehículos eléctricos y aparatos de aire acondicionado de menor consumo energético.