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Dinero y poder en los países del Golfo
“Una de las decisiones más doloras y difíciles que he tenido que tomar”. Así es como Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, ha descrito la decisión de retirar a Arabia Saudí de la lista internacional de actores que matan o mutilan a niños. La decisión, tomada el 7 de junio –después de que se publicase el informe de la ONU sobre niños y conflictos armados, en el que Arabia Saudí aparece como responsable de la muerte de 785 niños en Yemen, en el contexto de la intervención militar que ha lanzado en este país–, fue resultado de un chantaje: el gobierno saudí amenazó con retirar su financiación a la ONU de no retirar su nombre de la lista.
La ayuda económica que Arabia Saudí ofrece a la ONU es considerable. A su cupo oficial como miembro se unen iniciativas específicas, como la recaudación, en 2015, de 500 millones de dólares a ACNUR para asistir a refugiados iraquíes. O los millones de euros con los que el reino contribuye apoya a palestinos dentro y fuera de su país. Lo que es innegable es que también sirven para ampliar la influencia política de Riad. Armados con cantidades ingentes de petrodólares, los países del Golfo, con Arabia Saudí a la cabeza, compran simpatías más allá de sus fronteras. Y no solo en la ONU.
El caso más evidente tal vez sea el de Estados Unidos. En septiembre de 2014, un reportaje del New York Times puso de relieve hasta qué punto las donaciones de gobiernos extranjeros sirven para orientar la agenda de la galaxia de fundaciones, centros de investigación y lobbies de Washington D.C. Un nexo lucrativo entre política, diplomacia y la industria de la defensa, en el que Arabia Saudí (segundo mayor importador de armas del mundo entre 2010 y 2014, según el Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo) ocupa un lugar destacado. En privado, los asesores de Barack Obama se refieren a Massachusetts Avenue, la calle en la que se encuentran la mayoría de estos think tanks, como “territorio ocupado por árabes”.
El caso de la Fundación Clinton es especialmente destacado por afectar a Hillary Clinton, candidata a la presidencia por el Partido Demócrata. La organización filantrópica que dirige su familia ha recibido en torno a 10 millones de dólares provenientes del gobierno saudí. El conflicto de intereses es clamoroso: durante su mandato como secretaria de Estado (2009-2013), Clinton apoyó la venta a Riad de un paquete armamentístico por valor de 29.400 millones de dólares. Boeing, principal beneficiaria del contrato, donó otros 900.000 dólares a su fundación. Un estudio del International Business Times muestra que los gobiernos donantes de la fundación se beneficiaron de importantes contratos armamentísticos durante los cuatro años de Clinton al frente de la diplomacia estadounidense. Su sucesor, John Kerry, también ha tratado de restar importancia a los abusos flagrantes –bombardeos de hospitales, viviendas, centros sociales– que Arabia Saudí comete en Yemen.
La Unión Europea no es inmune al tirón del dinero de los países del Golfo. Como muestra esta gráfica del Parlamento Europeo, Arabia Saudí se encuentra entre los principales importadores de armamento de la UE.
Francia, principal exportador de la unión, cerró en junio de 2015 un acuerdo por valor de 12.000 millones de dólares. En la imagen superior, y en lo que podría constituir un ejemplo de internacionalismo con acento saudí, tropas libanesas descargan armamento francés por valor de 3.000 millones de dólares, financiado por el reino (en febrero de 2016 Riad canceló la entrega, alegando que el gobierno libanés se veía demasiado influenciado por Hezbolá e Irán).
Italia, por su parte, acaba de cerrar el mayor contrato naval de su historia: la empresa Fincantieri construirá, por 4.280 millones de dólares, siete naves de guerra para Catar, el vecino díscolo de Arabia Saudí. En España, Navantia construirá cinco barcos de guerra para Arabia Saudí. Las naves que podrían ser empleadas en la guerra de Yemen, y su adquisición podría violar la normativa española sobre venta de armas. Ante la necesidad de conservar empleos en los astilleros de Ferrol y Cádiz, ningún partido político ha puesto objeciones.
