Después de La Haya: Bolivia y la salida al mar

Como no podía ser de otra manera, un fracaso internacional como el producido en Corte Internacional de La Haya, que dictaminó que Chile no está obligado a negociar una salida al mar a Bolivia, tiene que afectar la política en este país. El hecho de que esta Corte haya fallado en contra de la demanda, dejando a Bolivia más debilitada que nunca en su reclamo marítimo, afecta a la sensibilidad de una nación para la que el mar es un tema vital.

El primer afectado por esta derrota es sin duda el presidente Evo Morales, no solo porque es la principal autoridad del país que lideró el proceso, sino porque se encargó de hacer declaraciones desmesuradas sobre un fallo favorable, anunciando una y otra vez que Bolivia estaba más cerca del mar que nunca. Esta derrota no le encuentra en su mejor momento político: con la legitimidad afectada a raíz de su rechazo de un veredicto popular que le negó un cuarto mandato; con un gobierno fuertemente dañado en su imagen a raíz de los escándalos en torno a la administración de la justicia; y con una gestión lastrada por la corrupción, ahora tiene que sopesar las acusaciones y recriminaciones que surgirán cuando vuelva al país. Su apuesta por ser el líder de la aspiración marítima, el eje en torno al cual deberían girar los actores políticos para retornar al mar, se ha venido abajo de un manera tan contundente que marcará el resto de su gestión presidencial.

Lo ocurrido en La Haya encuentra a Morales sin posibilidad de articular una respuesta en sus propias líneas argumentales. No puede acusar al imperialismo norteamericano de ser responsable del fallo, puesto que fue su gobierno el que por propia voluntad inició la demanda dando toda la potestad y legitimidad a la Corte Internacional de Justicia. Ni puede señalar del fracaso a los enemigos internos, a los que califica de vendepatrias, puesto que todos los actores de oposición han apoyado esta iniciativa y dos de ellos le acompañaron en su viaje a La Haya. Tampoco puede señalar falta de apoyo ni de los medios de comunicación ni la población, puesto que esta fue unánime y militante.

Aparentemente la confianza en un fallo favorable fue tan grande que impidió al gobierno estructurar un “plan B”; es decir un conjunto de medidas y de iniciativas posteriores al veredicto, que permitiesen asimilar mejor una determinación desfavorable. Morales estaba tan convencido de que la determinación de la Corte Internacional señalaría, cuanto menos, la obligatoriedad de Chile a negociar (aunque sin mencionar el asunto de la soberanía), que estructuró su plan sin concebir un escenario negativo.

Ante esta carencia, el gobierno ya ha adelantado lo que probablemente será su respuesta en los días venideros: afirmar que nada está perdido y que es posible generar escenarios favorables para el inicio de negociaciones con Chile, lo que sin duda es deseable. El gran desafío para el gobierno radica en convencer a la población de que el oficialista MAS es el partido más indicado para hacerlo.