El año 2017 fue testigo de una grave pérdida de derechos humanos y libertades. La decadencia puede verse desde las cuatro esquinas del mundo, como demuestra Freedom House, una ONG con sede en Washington que cada año hace un informe sobre el grado de cumplimiento de derechos, libertades y democracia en el mundo. En el ránking Freedom in the world 2018 analizan el grado de democracia de 195 países, evaluando en una escala de 0 a 4 una serie de 25 indicadores y asignando luego un valor agregado sobre 100 para poder clasificar a las naciones en tres categorías: libres, parcialmente libres y no libres.
Según este informe, 71 países sufrieron disminuciones netas en derechos políticos y libertades civiles, lo que marca el duodécimo año consecutivo de disminución de la libertad global. El 25% de los países del mundo están clasificados en el rango «no libres», y entre ellos Siria se coloca en el último puesto, con una puntuación de -1 sobre 100. La diferencia con años anteriores radica en que hasta hace poco tiempo, solo los países del Sur tenían dificultades con el cumplimiento de derechos fundamentales; hoy, sin embargo, son los países “ricos”, desde EEUU hasta Europa, pasando por Australia, los que bajan puestos de forma estrepitosa. Incluso EEUU dejó de ser el tradicional campeón y ejemplo de democracia que le otorga esta organización. Según Freedom House, estamos en medio de un declive acelerado de los derechos políticos y las libertades civiles.
El “odio promovido por el Estado”, como lo identifica Amnistía Internacional en su informe, amenaza con normalizar la discriminación de determinados grupos. Los lemas xenófobos de la marcha nacionalista en Varsovia, la amplia represión de las comunidades LGBTI, la caída en picado de los derechos de las mujeres en EEUU y Rusia, y el escepticismo y discursos anti-inmigración surgidos en Occidente tras la oleada de refugiados, no son más que ejemplos que evidencian el declive.
En esta tendencia generalizada, los Estados que hace una década parecían historias de éxito prometedoras, como Turquía y Hungría, por ejemplo, caen hoy bajo regímenes autoritarios. Sumado a esto, la limpieza ética llevada a cabo por el ejército de Myanmar –un Estado que había empezado una apertura democrática en 2010– disipa viejas esperanzas.
Además, también las principales autocracias del mundo, Rusia y China, han seguido avanzando. Ambas potencias identifican la democracia como una amenaza para sus regímenes y trabajan implacablemente, con creciente sofisticación, para socavar sus instituciones y paralizar a sus principales defensores. Son claros ejemplos de Estados revisionistas del status quo, según Freedom House.
En casi todos los países con inclinaciones negativas se dan altos niveles de corrupción, censura y persecución hacia opositores y activistas. Freedom House propone una lista de países –Countries to watch in 2018– que merecen un seguimiento especial durante este año. Entre los países que pueden estar acercándose a puntos de inflexión para la democracia destacan Angola, Sudáfrica, Macedonia, Uzbekistán y el propio EEUU, ante la tendencia de sus líderes; o Irak y México, debido a las turbulentas elecciones a las que se enfrentan a lo largo de este año.
Frente a estas líneas negativas, cinco países han demostrado señales positivas: Gambia, Uganda y Timor-Leste han sido los que experimentaron un cambio más importante, pasando de no libre a parcialmente libre los dos primeros y de parcialmente libre a libre el tercero. Gambia mejoró su estatus desde la elección como presidente de Adama Barrow, que permitió regresar a periodistas y activistas exiliados y liberar a presos políticos, y Uganda consiguió también recuperar al sector de los medios y dar libertad a los periodistas para expresar sus opiniones. Timor-Leste, por su parte, celebró elecciones democráticas que condujeron a una transferencia de poder y permitieron a los nuevos partidos y candidatos ingresar en el sistema político. Por otro lado, Ecuador y Nepal también han visto mejorar sus sistemas políticos –aunque de manera menos significativa– gracias a la reducción de presión en los medios de comunicación, los esfuerzos anticorrupción y a las elecciones nacionales celebradas en el caso de Nepal con un significativo aumento de la participación.
Sin embargo, a pesar de estos atisbos de esperanza, cada vez son más los ataques contra la sociedad civil y los medios independientes. Todo esto se normaliza en toda Europa central, por ejemplo, y comienza a amenazar el futuro de la democracia en la región, bastión histórico de la misma. De hecho, en los últimos cinco años se ha presenciado una explosión de campañas anti-liberales con políticos que llevan a cabo ataques contra la sociedad civil y los medios, entre otros baluartes democráticos.
Naciones en transición
El proyecto Nations in Transit de Freedom House, que rastrea transiciones democráticas en la Europa y Asia poscomunista desde 1995, registró la mayor caída en sus 23 años de historia: 19 de los 29 países tuvieron disminuciones en sus calificaciones generales de democracia. Por segundo año consecutivo, hay más regímenes autoritarios consolidados que democracias.
En Europa central, esto ha tomado la forma de una retórica antisemita y antimusulmana. La crisis de refugiados de 2015 abrió un nuevo tipo de oportunidad para esta táctica, y la Hungría de Viktor Orbán ha sido la principal innovadora. Tras la contundente victoria de Fidesz, el partido de Orban, el 8 de abril, las relaciones con la Unión Europea se complican todavía más. Además, su éxito engrosa las posturas ya nacionalistas del llamado grupo de Visegrado (Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia).
La campaña xenófoba y euroescéptica de Fidesz ha tenido un éxito incuestionable en el país, y ha sido motivo de euforia para el líder xenófobo holandés Geert Wilders, que celebró la victoria de su aliado húngaro a través de Twitter. También Marine Le Pen, líder del ultraderechista Frente Nacional (FN), ha recalcado que el triunfo de Orban es un arranque para las futuras elecciones al Parlamento Europeo.
Por otra parte, Polonia registró los mayores descensos de categoría y la segunda mayor disminución de la calificación de la democracia en la historia del informe. La acumulación de poder por parte del gobierno, la politización de los medios públicos, las campañas de desprestigio contra ONG y las violaciones del procedimiento parlamentario, han provocado un dramático declive en la calidad de la democracia polaca. También Serbia se sitúa en una posición peligrosa en manos del presidente Aleksandar Vučić y continúa bajando posiciones.
Evidentemente, todo esto deja en una posición de debilidad a la UE. Como declaran Michael Abramowitz y Nate Schenkkan, la apertura de los procedimientos del artículo 7 del Tratado de la UE contra Polonia –el primer paso hacia sanciones por violaciones de los valores y principios de la Unión– por el resquebrajamiento de la independencia del poder judicial, es un comienzo, pero no habría que detenerse ahí. Hungría también debería enfrentarse al procedimiento del artículo 7 por su propio debilitamiento sistemático de los controles y equilibrios, y quizá el Parlamento Europea debería expulsar a Fidesz.
Con todo estos datos sobre la mesa –y teniendo siempre en cuenta la limitación de las cifras a la hora de explicar realidades tan complejas, junto con los sesgos que pueden tener dichos análisis–, no parece que los años venideros vayan a conseguir revertir la situación. La democracia sigue en quiebra.