Curuguaty y la tierra en América Latina

La extrema desigualdad en el acceso y control de la tierra es un problema sin resolver en América Latina, causa y consecuencia de sus estructuras sociales polarizadas y niveles extremos de pobreza. Las comunidades campesinas de la región llevan décadas sufriendo desalojos forzosos, motivados por la concentración de la tierra en manos de grandes empresas y que suponen la negación de sus derechos humanos: a la vida, a la vivienda, al trabajo y a la alimentación, por poner solo unos ejemplos.

La situación actual del campesino en América Latina es alarmante. En los últimos años, los sectores dedicados al autoconsumo o al mercado interno se han debilitado, llegando casi a su desaparición. Mientras, en la producción de materia prima –sobre todo soja– se observa un crecimiento sin precedentes.

Fuente: Observatorio Socioambiental de la Soja

El éxodo rural ha provocado un crecimiento desmesurado de las grandes ciudades, donde el porcentaje de población que habita en asentamientos informales no para de aumentar. Son ciudades informales que se extienden alrededor de la metrópoli, con cientos de miles de habitantes: desordenadas, caóticas, sin aceras, iluminación o alcantarillado. El aumento de la violencia en los últimos años en países como México y Colombia también está vinculado a la cuestión agraria. Se entremezclan problemas como la subsunción de la agricultura por el capital, la concentración de este en la agricultura comercial y de exportación, la desterritolización indígena y la destrucción de la vida y la cultura campesina y rural.

A lo largo de la historia latinoamericana, la lucha por la tierra ha ocupado un lugar destacado. A partir del siglo XX, comienzan a producirse revoluciones sociales y movimientos agrarios contra los regímenes que excluían al campesinado y las poblaciones indígenas. Las luchas campesinas tuvieron como consecuencia la adopción de reformas agrarias, algunas exitosas en su contexto (México en 1910, Nicaragua en 1980), otras interrumpidas (Guatemala en 1954, Brasil en 1964) y otras congeladas (Bolivia en 1954).

En la actualidad, la lucha por la tierra sigue vigente con la misma o incluso más fuerza que antes. El sentido de la lucha por el acceso y la propiedad de la tierra se manifiestan en los conflictos entre propietarios y quienes la trabajan o habitan en ella. También se manifiesta cuando las comunidades campesinas o indígenas son obligadas a desplazarse de su hábitat histórico por la llegada de nuevos inversores o proyectos colosales. A diferencia de lo que ocurría en el silo XX, los movimientos actuales no se dirigen únicamente contra la oligarquía terrateniente. El desarrollo ha creado nuevas clases dominantes globalizadas, que se suman al terrateniente tradicional. Por tanto, la lucha por la tierra ha adquirido una nueva dimensión, centrada en combatir el modelo agroindustrial impuesto por las grandes corporaciones

El coeficiente de Gini para la tierra –de 0 a 1, donde 1 representa la máxima desigualdad– es de 0,89 para América del Sur. Un nivel de concentración preocupante, sobre todo cuando lo comparamos con los niveles en Europa (0,57), África (0,56), o Asia (0,55). Otros datos muestran cómo la tierra agrícola se encuentra concentrada en el 1% de las fincas de mayor tamaño. En otras palabras; el 1% de las fincas ocupa más tierra que el 99% restante. El sistema colonial, que giraba en torno a un enriquecimiento basado en el latifundismo y la explotación laboral, parece subsistir hasta nuestros días.

Fuente: Oxfam

Paraguay y el caso de Curuguaty

El coeficiente de Gini para la distribución de la tierra en Paraguay es de 0,93 según FAO, siendo el país donde la tierra está peor repartida. Desde la Guerra de la Triple Alianza, donde perdió gran parte de su territorio y población, el país se ha visto inmerso en un problema con la tierra sin solución hasta hoy. El caso de Curuguaty es uno de los más graves de violación de derechos humanos y criminalización de las luchas sociales en América Latina, en cuyo trasfondo se encuentra la demanda de acceso de la tierra.

Curuguaty se encuentra en el departamento de Canindeyú, lindando con Brasil. Es la zona de mayor producción de soja del país y un escenario de crímenes vinculados al narcotráfico. Las tierras de Marina Kue, donadas al Estado paraguayo en 1967, fueron apropiadas de manera fraudulenta por una empresa latifundista dedicado al cultivo de soja. Las familias campesinas que demandaban las tierras fueron víctimas de un desalojo violento el 15 de junio de 2012, en el que fallecieron seis policías y once campesinos. El juicio, realizado en 2016, únicamente abordó las muertes de los agente policiales, dejando condenas de hasta 30 años para los acusados.

El caso de Curuguaty es un espejo de la situación de desalojos forzosos, criminalización, desprotección judicial, violencia y homicidios que se da en Paraguay. Los abusos policiales, la impunidad de las acciones estatales, la persecución judicial de las víctimas, así como la criminalización de los defensores de los derechos humanos, impactó a toda la población paraguaya. Además, el caso representa un punto de inflexión en la historia del país. Se utilizó como pretexto para la destitución del Presidente Fernando Lugo mediante un cuestionado juicio político, interrumpiéndose el frágil proceso de apertura democrática iniciado en 1989 tras 35 años de dictadura estronista. Ello provocó la restauración de un régimen conservador y subordinado a los intereses del agronegocio.

Después de 6 años de lucha y demandas sociales por un juicio justo, el pasado 26 de julio se publicaba la resolución de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, donde se ordena la inmediata libertad de los condenados, alegando serias deficiencias en las garantías procesales y legales del juicio. La sentencia es, sin duda, un éxito de la presión ciudadana, así como un avance en la búsqueda de justicia y un paso esperanzador para la lucha por la tierra en Paraguay y la región.