Cultura digital y propiedad intelectual: unión indisoluble

Imaginemos, por un momento, un mundo sin libros, folclore, arte, canciones, danzas, sin películas, artesanía, sin teatro ni fotografía… La imagen no puede ser más desalentadora, porque la relevancia de la cultura en cualquier comunidad, tiempo y lugar es indiscutible. Aparte de ser necesaria para el desarrollo integral de los seres humanos, porque nos enriquece, forma, entretiene, nos emociona, actúa, según ha recordado recientemente Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), como eje vertebrador de la sociedad. En efecto, la cultura es la principal herramienta en la creación y distribución de valores, ideas, creencias, significados y significantes contribuyendo, además, al desarrollo de las identidades, la cohesión social y el ejercicio de los derechos democráticos.

De igual forma, la cultura es un importante motor de crecimiento económico y empleo, así como de recuperación, tras el fatídico golpe asestado por la pandemia de Covid-19. En este sentido, según los datos del Informe de 2022 de la UNESCO “Repensar las políticas para la creatividad. Plantear la cultura como un bien público global”, la cultura y la creatividad constituyen el 3,1% del PIB mundial y el 6,2% del total del empleo. Por lo que se refiere a Iberoamérica, el sector cultural representa el 1,7% de los empleos y constituye entre el 2% y 4% del PIB colectivo, tal como se desprende del informe “La contribución de la cultura al desarrollo económico en Iberoamérica” elaborado por la OEI y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Proteger la propiedad intelectual para promover la cultura

Como sociedad tenemos la necesidad y el deber de preservar nuestro acervo cultural y fomentar la producción de cultura en todas sus manifestaciones, así como de proteger a todos aquellos que participan en su creación, expresión y difusión: autores, artistas intérpretes y ejecutantes, editores y productores… Ello pasa por el reconocimiento y la defensa de la propiedad intelectual, con la que la cultura va irremediablemente de la mano. De hecho, tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 27, como la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre, en su artículo XIII, recogen el derecho de acceso a la cultura y el derecho de autor de forma conjunta, demostrando que son compatibles, convergentes y complementarios.

En efecto, la propiedad intelectual, lejos de suponer – como en ocasiones se pretende– un obstáculo para el acceso a la cultura, es un instrumento imprescindible para favorecerla.

«Lejos de suponer un obstáculo para el acceso a la cultura, la propiedad intelectual es un instrumento imprescindible para favorecerla»

Quizá no pueda decirse categóricamente que sin propiedad intelectual no habría cultura, puesto que la creación de contenidos culturales es innata al ser humano y anterior al reconocimiento del derecho de autor y los derechos conexos, pero puede afirmarse que la propiedad intelectual fomenta la producción cultural y favorece la variedad de productos culturales, en la medida en que: reconoce y recompensa el esfuerzo y la inversión en tiempo y dinero de todos aquellos que crean y difunden la cultura; constituye un activo intangible que es una fuente de valor y un motor de crecimiento de las empresas; y representa un sistema de incentivos dirigido a producir una cantidad óptima de obras y prestaciones que pueden ser disfrutadas por la sociedad.

«La propiedad intelectual constituye un activo intangible que es una fuente de valor y un motor de crecimiento de las empresas»

¿Cómo se consigue todo ello? Atribuyendo un monopolio de explotación y/o un derecho de remuneración a los autores, los artistas intérpretes y ejecutantes y otros sujetos que contribuyen a la difusión de la cultura entre el público, como editores, productores o fabricantes de bases de datos.

Ahora bien, ese monopolio no es absoluto, sino que está sujeto a ciertos límites para garantizar el acceso a los contenidos protegidos por el mismo, que van desde el establecimiento de un tiempo máximo de vigencia de la protección, transcurrido el cual las obras y prestaciones caen en dominio público –o lo que es lo mismo, pueden ser utilizadas libremente por cualquiera sin necesidad de autorización–, hasta la fijación de excepciones al poder de los titulares de derechos de propiedad intelectual de autorizar o prohibir el uso de sus obras o prestaciones en determinadas circunstancias. Entre ellas están las previstas en favor de bibliotecas, museos y demás instituciones responsables del patrimonio cultural, en favor de personas con discapacidad, que permite la utilización de obras y prestaciones para citas y reseñas e ilustración con fines educativos, de investigación científica, con motivo de informaciones de actualidad, o las relativas a la utilización de extractos de bases de datos.

De este modo, se pretende lograr el equilibrio entre el derecho al reconocimiento y la justa retribución de los creadores, por un lado, y la garantía de acceso universal a la cultura, por otro, recogido como objetivo expreso en la Carta Cultural Iberoamericana aprobada por los jefes de Estado y de gobierno en la XVI Cumbre Iberoamericana (Montevideo, 2006). En ella se asume el compromiso de incentivar y proteger “las creaciones expresadas en las obras culturales, científicas y educativas, asumiendo que los derechos de los creadores, equilibrados con la garantía del acceso universal a la información, al conocimiento y a la cultura, son fuente de desarrollo y bienestar en las naciones”. Para ello, los jefes de Estado y gobierno se comprometen, específicamente, a promover iniciativas para “articular el resguardo de los derechos de autor, el desafío planteado por las nuevas tecnologías, el acceso masivo a innovadoras formas de creación y la difusión de bienes y servicios culturales”.

Retos en la era de la cultura digital

Casi 20 años después de la aprobación de la Carta Cultural Iberoamericana, seguimos enfrentándonos a iguales y nuevos desafíos derivados de la transformación digital de la cultura. La digitalización ha transformado radicalmente nuestros hábitos de consumo de contenidos, pasando de un uso analógico a otro digital, intensificado a raíz de la pandemia; y, en paralelo, ha provocado la aparición de nuevos modelos de negocio ligados a los contenidos digitales. Según datos de Eurostat, el 70% de los contenidos que circula por la red es contenido cultural, muchos de ellos protegidos por derechos de autor o derechos conexos, siendo difícil para los titulares de tales derechos protegerlos y controlar el uso de sus obras y prestaciones.

«Los NFT permiten asociar a cualquier objeto virtual un certificado de autenticidad y ofrecen interesantes oportunidades para los creadores, pero también generan riesgos para sus derechos»

El desarrollo tecnológico ha dado lugar, asimismo, a nuevos formatos, como los NFT, (Non Fungible Token, siglas en inglés) que permiten asociar a cualquier objeto virtual un certificado de autenticidad que acredita al propietario como único poseedor de la pieza original, y ofrecen interesantes oportunidades a los creadores (para algunos, como los artistas visuales, han llegado a ser, incluso, una tabla de salvación durante la pandemia).

Pero también generan riesgos para sus derechos, puesto que, por desconocimiento o no, se tokenizan obras y prestaciones protegidas sin la pertinente autorización de los titulares de derechos de propiedad intelectual. También la inteligencia artificial (IA) utiliza material protegido por derechos de autor para entrenar sus modelos de lenguaje y crear obras, sin que, en muchos casos, se obtenga previo consentimiento de los titulares de derechos; o, aun cuando se obtenga, sin que los creadores y artistas obtengan beneficios proporcionados a los que la IA genera.

A todo ello hay que sumar la debilidad de los creadores y artistas frente a los cesionarios de sus derechos; es decir, los editores, productores y demás sujetos a quienes ceden sus derechos para la explotación de las obras y prestaciones. Las relaciones entre unos y otros no se suelen desarrollar en condiciones de igualdad, lo que provoca, en la mayoría de casos, un desequilibrio en las negociaciones para la cesión de derechos. Si a ello añadimos la irrupción de las plataformas digitales, que suponen un intermediario más en la cadena de valor, la situación empeora todavía más para autores y artistas, dado que, de los significativos beneficios económicos obtenidos por aquellas, estos suelen recibir una ínfima parte. Se trata del fenómeno del value gap o brecha de valor entre los ingresos de la explotación de contenidos protegidos y lo que perciben sus creadores, intérpretes o ejecutantes, del que se ha empezado a hablar con el boom del consumo digital de obras y prestaciones.

Así las cosas, no es de extrañar que la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales, aprobada durante la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (Santo Domingo, 2023), recoja el compromiso de trabajar para “procurar, conforme a la normatividad de cada país, los cauces jurídicos que garanticen las formas de expresión, creación artística, y emprendimiento características de los entornos digitales”; cauces jurídicos en los que, indudablemente, se encuentra la propiedad intelectual sobre los ricos y diversos contenidos y expresiones culturales de Iberoamérica.

La Cátedra de Cultura Digital y Propiedad Intelectual

En este contexto, en 2020, en virtud de un convenio de colaboración entre la Universidad de Alicante y la OEI, se creó la Cátedra Iberoamericana de Cultura Digital y Propiedad Intelectual que, desde 2022, cuenta además con el respaldo de la Asociación para la Desarrollo de la Propiedad Intelectual (ADEPI). El objetivo de esta cátedra institucional es servir de vehículo de reflexión, debate, formación, divulgación e investigación en el campo de la cultura digital y la propiedad intelectual (en su sentido estricto de derecho de autor y derechos conexos) en Iberoamérica. Para ello cuenta con un nutrido grupo de expertos, formado por juristas de prestigio en sus ámbitos de actividad que colaboran aportando sus conocimientos, experiencia y buen hacer.

La cátedra organiza seminarios de formación avanzada destinados a capacitar a colectivos concretos, como el personal de las oficinas nacionales de propiedad intelectual y organismos equivalentes, de los ministerios de Cultura de los países iberoamericanos o de las entidades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos, así como a promover el intercambio de buenas prácticas en materia de cultura digital y propiedad intelectual. Hasta la fecha, se han organizado tres seminarios, todos impartidos online, y se han abierto al público general para permitir su seguimiento al mayor número de personas.

De igual forma, también en el ámbito de la formación y la investigación, la cátedra ofrece ayudas económicas para la realización de cursos de posgrado o estancias de investigación en materia de cultura digital y propiedad intelectual. Conscientes de la importancia de la divulgación y de la concienciación de la necesidad de proteger a los creadores y demás operadores de la cadena de valor de la cultura, desde la cátedra se conmemora anualmente el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, con jornadas abiertas y gratuitas adaptadas al lema que cada año propone la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; así como participando en foros y eventos de otros organismos y entidades de Iberoamérica, fortaleciendo la cooperación en la región y la generación de conocimiento conjunto.

Mejora de las condiciones de la cultura y sus artífices en el entorno digital

Las diferentes iniciativas de la Cátedra de Cultura Digital y Propiedad Intelectual tienen como finalidad, en definitiva, contribuir a la mejora de las condiciones de la cultura y de los creadores y artistas iberoamericanos en el entorno digital. En efecto, a través de las actividades se visibiliza la importancia de la propiedad intelectual, y se permite la investigación y el debate sobre cuestiones cruciales como la adaptación del sistema de propiedad intelectual a las realidades derivadas del blockchain, la IA y las nuevas formas de explotación digital de contenidos culturales antes referidos, a fin de determinar si encajan en la regulación vigente o es preciso instar modificaciones legislativas.

En la misma línea, se pone sobre la mesa la necesidad de que, desde el sector público, se adopten políticas que favorezcan el desarrollo de las industrias creativas y culturales de Iberoamérica a través de un adecuado sistema de propiedad intelectual, que impida que los contenidos y expresiones culturales se utilicen de forma indebida y que permita a los creadores y artistas obtener una justa remuneración por su explotación. Eso se traduce, por un lado, en el establecimiento de mecanismos de control del uso de las obras y prestaciones y, por otro, en el refuerzo legal de la posición contractual de los autores y artistas, tanto antes de la cesión de derechos como después.

En ese sentido apunta el principio de remuneración adecuada y  proporcionada recogido en la Directiva europea 2019/790 sobre los derechos de autor y los derechos conexos en el Mercado Único Digital, así como las diferentes medidas adoptadas por esta norma para lograr la efectividad de tal principio, sobre todo, la obligación de transparencia del cesionario y la acción de revisión del contrato para reclamar una remuneración adicional cuando la inicialmente pactada resulte baja respecto de los ingresos totales recabados con la explotación.

No menos importante es fortalecer en toda Iberoamérica un sistema eficaz de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual que, hoy por hoy, presenta diferencias significativas entre países. La gestión colectiva es necesaria en todos aquellos casos en los que no sea viable la gestión individual de sus derechos por los propios creadores y artistas, como ocurre en las explotaciones secundarias a gran escala de contenidos culturales protegidos.

Además, aporta seguridad jurídica a los usuarios del acervo cultural, puesto que las licencias concedidas por las entidades de gestión colectiva les garantiza el acceso legal a los contenidos. En el bien entendido de que para que la gestión colectiva cumpla su función, debe sujetarse a las reglas de buen gobierno, transparencia, fijación de tarifas razonables, rendición de cuentas y fiscalización, al tiempo que deben establecerse sistemas de resolución de posibles controversias con los usuarios que sean eficientes y asequibles.

«Es preciso fortalecer en Iberoamérica un sistema eficaz de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual que, hoy por hoy, presenta diferencias significativas entre países»

Por otro lado, en contextos globalizados como el de internet, es vital que las entidades de gestión colectiva ubicadas en países diferentes celebren acuerdos de reciprocidad para gestionar los repertorios de unas y otras, así como establecer otro tipo de alianzas que les permitan ampliar el alcance de la gestión de derechos y cooperar en el destacado papel que estas entidades están asumiendo en la lucha contra la piratería. De igual modo, si se trata de mejorar las condiciones de los creadores y artistas, es preciso apostar por el refuerzo de la función social y solidaria de las entidades de gestión colectiva, a través de la cual se financian o prestan servicios de carácter asistencial y se ofrecen actividades de formación y promoción del colectivo al que la entidad representa.

De todo ello se debatió en el seminario “Cultura digital y gestión colectiva de la propiedad intelectual en Iberoamérica” (2023), organizado por la cátedra en colaboración con ADEPI, donde 33 especialistas y casi 300 participantes afrontaron los desafíos que el entorno digital plantea para las entidades de gestión colectiva iberoamericanas.

Por último, es esencial que los propios creadores y artistas tomen conciencia y conocimiento de los derechos que les asisten sobre sus creaciones, interpretaciones y ejecuciones. Tal como quedó patente en la jornada conmemorativa del Día Mundial de la Propiedad Intelectual 2023, organizada por la cátedra, es frecuente que los creadores y artistas estén preocupados solo por el proceso creativo, sin reparar en la importancia de negociar o aclarar las condiciones de las cesiones de sus derechos de autor o conexos a terceros explotadores. Por eso apoyamos y colaboramos en la organización de cursos de capacitación en propiedad intelectual dirigidos a todos los que intervienen en la creación y difusión de obras y prestaciones protegidas.

Este artículo forma parte del especial “Una agenda común de futuro”.