Cuentas pendientes en la Patagonia

“Chile es pacífico, el Estado más próspero de Suramérica, con libertades civiles y religiosas en un clima templado y saludable en el que se producen todo tipo de frutas en un país con minas de oro, plata, cobre…”. Así presentaban al país austral los folletos que el gobierno de Santiago comenzó a distribuir en el Viejo Continente desde 1880 para atraer inmigrantes a la Araucanía. Una vez ahí, a cada cabeza de familia se les entregaban 40 hectáreas y 16 más por cada hijo varón mayor de 10 años. Las hectáreas debían pagarlas al Estado en un plazo de ocho años.

Recibían, además, pasajes gratuitos en los barcos de la Compañía de Vapores del Pacífico, alojamiento, materiales de construcción, animales domésticos, semillas y medicinas. Entre esas familias –no se aceptaban hombres solos en esos programas– estaban los Boric de Ugljan, la isla de la costa dálmata croata de donde partió el bisabuelo de Gabriel Boric para instalarse en Punta Arenas, frente al estrecho de Magallanes, por entonces una ciudad próspera y cosmopolita por la que pasaban miles de navíos año antes de que se construyera el canal de Panamá.

De familias croatas provienen también, entre otros, Andróniko Lucksic, dueño de la mayor fortuna de Chile, el escritor Antonio Skármeta y Radomiro Tomic, el rival democristiano de Salvador Allende en las elecciones de 1970. Ser de Punta Arenas, capital de la región de Magallanes y de forma no oficial de la Patagonia chilena, explica en gran parte la voluntad de Boric de ayudar a resolver lo que él mismo llama “conflicto entre el Estado chileno y el pueblo-nación mapuche”.

El Wallmapu

En la Patagonia chilena y argentina se concentran las poblaciones que habitan el llamado Wallmapu, la denominación en mapudungun que usa el movimiento mapuche para referirse a los territorios en los que, hasta mediados del siglo XIX, tehuelches, ranqueles y pehuenches gozaron de independencia territorial de facto.

En Chile, el término –como las winufoye, la bandera mapuche– se ha normalizado hasta cierto punto, pero en Argentina es casi subversivo. Cuando Izkia Sichés, la ministra de Interior chilena, lo usó para referirse a la región transfronteriza, varios dirigentes políticos y autoridades argentinos le exigieron que rectificara.

En Argentina solo la izquierda radical y trotskista apoya las reivindicaciones mapuches en Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, las provincias patagónicas. El nacionalismo criollo argentino creó un imaginario popular que eclipsó al indigenismo –político y cultural– que predominó en México y los países andinos desde el cambio de siglo. Juan Bautista Alberdi, que inspiró la Constitución de 1853, que hizo de la población su fin inmediato, escribió en 1852 que “cada europeo que viene a nuestras playas nos trae más civilización en sus hábitos que muchos libros de filosofía”.

En 1810, las fronteras meridionales de las provincias de Río de la Plata comenzaban a unos 200 kilómetros al sur de Buenos Aires. El resto era territorio mapuche-tehuelche libre, como revela la toponimia y el reconocimiento desde 1620 por autoridades coloniales de comunidades mapuche en Río Negro, Neuquén y Chubut. Según el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en Argentina existen 1.760 comunidades de 39 pueblos nativos: mapuches, tehuelches, onas, kollas, guaraníes, wichís y chririguanos, entre otros. Según Amnistía Internacional, gran parte de los 185 conflictos activos por disputas de tierras y contaminación enfrentan a comunidades indígenas con compañías de sectores extractivos.

Espejos paralelos

En la región, los movimientos indigenistas suelen partir de bases sociales que los demandan –y utilizan– para recuperar lenguas, culturas y formas de organización comunitaria. En Argentina, en cambio, ha predominado la idea de que construcción nacional se realiza “argentinizando” a grupos y actores sociales.

Cuando se cumplió el centenario de la llamada “conquista del desierto” que comandó en tierras patagónicas el general –y después– presidente Julio Argentino Roca (1843-1914), Jorge Videla y los miembros de su junta militar viajaron a Neuquén para presidir las conmemoraciones de la “magna gesta de Roca”. En Pedagogía de la desmemoria (2019), Marcelo Valko escribe que Roca y los suyos desterraron a los pueblos originarios, se apropiaron de sus tierras, llevaron a los sobrevivientes de sus campañas a trabajar en obrajes en condiciones serviles “y todo para civilizarlos”.

Pero en Chile las cosas ya no van a ser iguales. La Convención Constituyente ha consagrado el derecho de los “pueblos y naciones indígenas” a sus tierras y recursos a través de la demarcación, restitución y titulación de tierra. Según Ricardo Neumann, convencional conservador, esos artículos dan vía libre a  expropiaciones, conflictos e injusticias. “Reforma agraria en versión indigenista: el separatismo constitucional avanza”, escribió en su cuenta de Twitter.

La derecha en bloque podría rechazar la nueva constitución en el plebiscito de salida de septiembre. Al contrario de lo que esperaba el gobierno, sus gestos conciliadores no han reducido de manera significativa las tensiones en la Araucanía, donde cotidianamente se suceden atentados incendiarios, bloqueos de carreteras y actos de violencia.

«Para un gobierno de izquierda como el de Boric, combatir la violencia en la Aracaunía acarrea problemas políticos complejos. De hecho, ya ha tenido que decretar un estado de excepción ‘acotado’ para garantizar el libre tránsito en la zona Macrosur, aunque dice que no quiere caer en el ‘populismo penal’»

De los 155 convencionales, 17 son representantes indígenas elegidos en escaños reservados. Desde que se inauguró la Convención en julio de 2021, los 17 se fijaron como objetivo declarar Chile un Estado plurinacional que reconociera su derecho a la autodeterminación y autonomía. Boric es consciente de que la nueva relación con los pueblos originarios que busca pasa a través del proceso constituyente y del cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que Chile ratificó en 2008, pero nunca incorporó a sus leyes.

Boric ha prometido crear una comisión de la verdad para identificar a las víctimas del conflicto y fijar mecanismos de reparación. Varios incidentes, sin embargo, han demostrado los límites de esa estrategia. En la primera visita de Siches a la comunidad mapuche en Temucuicui, fue recibida con disparos y barricadas. La Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), la más radical de las organizaciones mapuche, asegura que seguirá usando la violencia contra las compañías forestales y ejerciendo el “control territorial”.

Por su parte, Boric insiste en que está dispuesto a hablar con todos los que quieran la paz. El problema es que para un gobierno de izquierda combatir la violencia acarrea problemas políticos complejos. De hecho, ya ha tenido que decretar un estado de excepción “acotado” para garantizar el libre tránsito en la zona Macrosur, aunque dice que no quiere caer en el “populismo penal”. Según Héctor Laitul, fundador de la CAM, el “estado de emergencia intermedio” da cobertura legal al despliegue de “milicos esbirros” en el Wallmapu.

Reparaciones históricas

El padre de la patria chileno, Bernardo O’Higgins, que hablaba mapudungún, creyó que las leyes harían chilenos a los mapuche. Un vestigio de ese primer intento integrador son los monumentos en parques y plazas chilenas a Lautaro, Caupolicán y otros héroes de La Araucana (1569) de Alonso de Ercilla. Un enorme cuadro de Lautaro adorna el despacho de los comandantes en jefe del ejército.

En Argentina, Juan José Castelli, vocal de la junta independentista, conmemoró el primer aniversario de la revolución de Mayo en las ruinas de Tiahuanaco en el Alto Perú, el mejor sitio, escribió, para proclamar los ideales de la revolución ante “la raza usurpada y avasallada”.

Según Álvaro García Linera, exvicepresidente boliviano y teórico “decolonial”, la plurinacionalidad no es un nuevo nombre del multiculturalismo, sino un paso decisivo en la formación de una “gran nación continental plurinacional”. Según escribe en La política como disputa de las esperanzas (2022), los movimientos indigenistas americanos son fruto de la exclusión y de la búsqueda de refugio en culturas e identidades comunitarias que exigen reconocimiento y reparaciones por siglos de discriminación y despojo.

Tras la “campaña del desierto”, Argentina dispersó a renqueles, pehuenches y tehuelches, mientras que Chile concentró a los mapuche en reservas y reducciones que se cercenaron paulatinamente desde 1883, cuando el lonko (jefe) Epulef se sometió a la soberanía chilena. El proceso fue violento.

En su Historia del pueblo mapuche (2000), José Bengoa describe expediciones militares de exterminio, saqueos, expulsiones y asesinatos de “brujos” (kalkus). Los mismos topógrafos que trazaban las demarcaciones se adueñaban de las mejores tierras. En 1866, los territorios indígenas reconocidos en la ley de 1852 que creó la provincia de Arauco se calificaron de “territorio de colonización”. De los 3,2 millones de hectáreas que posee la actual IX Región de la Araucanía, formada por las provincias de Malleco y Cautín, el reparto de territorios mapuche significó que, hasta 1900, en remates de tierras se transfirieran a colonos 1.125.120 hectáreas, el 35,32% del territorio, frente al 12,8% que se devolvieron a los mapuche.

Genocidios fundacionales

En ambos países hay funcionarios e historiadores que admiten que sus Estados se fundaron sobre genocidios que hay que reconocer y reparar. Sin embargo, apenas se avanza en leyes de propiedad comunitaria, mientras aumentan grandes proyectos turísticos, hidroeléctricos, madereros y mineros.

Según Moira Millán, que lidera el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, la expoliación extractivista es un crimen de “lesa naturaleza” que atenta contra ecosistemas y los pueblos que los habitan y sus modos de vida. Pone como ejemplo el avance, en su natal Puelmapu en la Patagonia argentina, de latifundios de multimillonarios como Ted Turner y Luciano Benetton.

En Ese ajeno sur (2006), el historiador Ramón Minieri describe cómo capitales ingleses compraron tierras patagónicas para crear la Argentine Southern Land Company. En los años setenta pasó a manos de inversores argentinos, que en 1982 la registraron bajo el nombre de Compañía de Tierras Sud Argentino. En 1991, Benetton compró sus 900.000 hectáreas, con lo que se convirtió en el mayor terrateniente del país. Joe Lewis, dueño de la séptima mayor fortuna británica, por su parte, ha cercado el lago Escondido.

Terratenientes y empresas a veces arman sus propias fuerzas de “autodefensa”. Según José Alwyn, profesor de Derecho Indígena de la Universidad Austral de Chile, existe una “colusión de facto” entre las fuerzas de seguridad, los terratenientes y las empresas paralela a la proliferación de múltiples actividades delictivas vinculadas al robo de madera, la extorsión, el cultivo de marihuana y el tráfico de tierras en zonas actualmente muy afectadas por las sequías y el cambio climático, y en las que hasta hace no mucho las lluvias eran abundantes.

Un reportaje reciente del programa de Jorge Lanata en la televisión argentina se tituló “Indios al ataque”, en el que se acusaba a los mapuche de querer “segregar” a la Patagonia. Hasta Boric está dando señales de comprender que no es fácil –ni gratis– pasar de ser un Estado nacional a otro plurinacional. De modo sutil, está luciendo cada vez más los símbolos nacionales en sus comparecencias y su retórica, privilegiando ahora el término “compatriotas”.