Cuando ser civil es tan arriesgado como combatir

Human Rights Watch (HRW) acaba de publicar su Informe Mundial 2015 sobre Derechos Humanos. El documento analiza la situación de derechos humanos (DDHH) en más de 90 países del mundo y dedica secciones propias a algunos de los acontecimientos más destacados del año en la materia. Según HRW, estamos en el momento más convulso de nuestra generación, con importantes amenazas para la seguridad y reapertura de antiguos conflictos. La formación del Estado Islámico (EI) y la proliferación de movimientos extremistas islamistas desestabilizan Oriente Próximo, pero también algunas zonas de África y Asia. Por otro lado, asistimos a las consecuencias más crudas de la frustrada primavera árabe, que han derivado en represión y conflicto en muchos de los países que vivieron movilizaciones democratizadoras. Además, la situación en Ucrania recuerda a las tensiones de la guerra fría.

Según señala el presidente ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, las partes de los conflictos, incluidos gobiernos, consideran los derechos humanos como un lujo, algo prescindible en tiempos de agitación. Sin embargo, este pensamiento es una falacia –apunta Roth– ya que “las violaciones de derechos humanos han tenido un papel fundamental en generar o agravar muchas de las crisis de hoy en día”, por lo que los actores en conflictos deben considerar el respeto de los DDHH como la mejor la mejor solución para la estabilidad a largo plazo, y la única moralmente aceptable.

Víctimas civiles en conflictos

Los civiles son las partes más vulnerables de los conflictos y quienes más sufren las consecuencias. Generalmente, tienen que afrontar grandes pérdidas económicas y desplazamientos, incluso viviendo en condición de refugiados con las implicaciones que esto conlleva. Pero esta no es la única ni la peor de las suertes para un civil. Los ataques indiscriminados y el uso de armas poco precisas provocan víctimas civiles en todo el mundo. En 2014, HRW documentó el uso de armas explosivas que violaban el Derecho Internacional en al menos 12 países, entre los que se incluyen Syria, Israel/Gaza y Ucrania, entre otros.

Que un ataque sea ilegal implica que ha sido indiscriminado, sin hacer distinciones entre militares y civiles, o que ha sido desproporcionado, es decir, que la pérdida de civiles no “compensa” la operación militar. Pero además de estas violaciones del Derecho Internacional, se producen muchas otras víctimas civiles incluidas en la categoría de «daños colaterales». De acuerdo con Action on Armed Violence, las armas explosivas mutilaron o mataron a casi 38.000 personas en 2013, de las cuales, el 82% eran civiles.

En Irak, 2014 fue el año más letal desde 2006, con un total de 12.282 iraquíes muertos y 23.126 heridos. En Afganistán también han aumentado las bajas de civiles, en este caso en un 20% respecto a 2013. Es la primera vez que se incrementan desde 2008.

El gobierno de Estados Unidos reconoce que desde que comenzó la lucha contra el EI ha aumentado el riesgo para las víctimas civiles por los frecuentes bombardeos. Este tipo operaciones son las más peligrosas y, según los datos proporcionados a HRW por un médico de Ucrania, el 99% de las víctimas civiles que recibía en su hospital habían fallecido en bombardeos. Sin embargo, EE UU ha rechazado ofrecer compensaciones a las víctimas, así como sus aliados. “Tanto EE UU como sus aliados pagaron indemnizaciones a las víctimas en Afganistán cuando se dieron cuenta de que los ataques indiscriminados generaban una reacción violenta y provocaron que aumentara el número de reclutas entre los talibanes”, dice Letta Tayler, investigadora en terrorismo en HRW. Es hora de comprender que las bajas civiles y la falta de atención hacia las víctimas solo alimentan el círculo de la violencia.

Periodistas, las otras víctimas

HRW también ha hecho público estos días un informe de 48 páginas sobre la situación de los periodistas en Afganistán, «Stop Reporting or We’ll Kill your Family». Episodios de acoso y violencia dibujan un país en el que se ha perdido el respeto a la prensa. Por un lado, toda opinión contra el gobierno o los estamentos oficiales es silenciada; por otro, también los talibanes violentan a los informadores contrarios a su sistema de barbarie. El resultado es el pánico diario y la autocensura para evitar problemas.

Lo que le puede ocurrir en Afganistán a un periodista es eso que se ve en las películas: ir en una moto, que te paren, te golpeen, te recuerden que saben dónde vives. Que, en última instancia, le hagan una visita a tu familia. Coches con cristales tintados que se aproximan, guardaespaldas de políticos que hacen visitas desagradables, palizas en comisarías, intimidaciones a las mujeres periodistas…

En el informe, los periodistas afectados son mencionados con seudónimo, aunque algunos casos se han hecho tan conocidos que se recuerdan abiertamente: en marzo de 2014, un ataque talibán mató a ocho civiles en el Hotel Serena de la capital. Entre ellos se encontraban el periodista de AFP Sardar Ahmad, su mujer y dos de sus hijos. De toda la familia solo sobrevivió un tercer hijo más pequeño, convertido en un símbolo.

Hay pocos mecanismos establecidos de queja o normas de protección para el gremio. Las pocas que hay son papel mojado. El ministerio de Información y Cultura, dice la ONG, es una máquina de intimidación. HRW recomienda que el gobierno de Ashraf Ghani se posicione a favor de los periodistas más explícitamente y que impulse procesos legales contra los casos de violencia conocidos. También pide a EE UU, la Unión Europea y los países socios de Afganistán que presionen a Kabul en la misma dirección. Muchas de estas peticiones, y especialmente las últimas que realiza la organización, dejan un regusto a eco en el vacío: HRW recomienda a los talibanes que cesen toda detención y amenaza.