Crisis humanitaria en Colombia: desplazados

La violencia armada que generan los grupos armados ilegales en Colombia, bien sean guerrillas o los paramilitares, suponen un impacto en la sociedad civil. Homicidios, desapariciones, secuestros, violencia sexual, atracos, tortura y despojo de tierras son constantes en  el país latinoamericano. Pero algo muy preocupante, y muchas veces desconocido, es el elevado número de desplazados internos. Según el informe de ACNUR El Coste Humano de la Guerra, a principios de 2014 Colombia tenía 5,4 millones de desplazados internos asistidos por la organización. Hoy se afirma que ya llega a los seis millones. Se posiciona en el segundo lugar a nivel mundial en este aspecto, solo por detrás de Siria, actualmente inmersa en una guerra civil.

Amnistía Internacional (AI) apunta que la mayoría de los desplazados huyen de la violencia que deriva del conflicto interno. El hostigamiento que sufren por la guerrilla, los paramilitares y las fuerzas de seguridad, tiene como objetivo expulsar a las comunidades de zonas de importancia económica, militar o estratégica. Las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes son las más afectadas. En muchas ocasiones habitan en zonas que interesan a las partes del conflicto, por lo que se apropian de sus tierras.

El país latinoamericano arrastra un largo historial de violencia y criminalidad. Persiste una prolongada crisis humanitaria, según apuntan diversas organizaciones internacionales, a pesar de las negociaciones de paz entre el gobierno y los grupos armados ilegales. La organización colombiana Red Nacional de Información (RNI) ofrece una tabla con el número de víctimas del conflicto armado desde sus inicios. Aunque RNI advierte que se trata datos orientativos, puesto que hay que tener en cuenta que muchas personas  no denuncian por miedo.

Concentración desproporcionada de los desplazados: el caso de Buenaventura

Según ACNUR, hasta 2007, un 75% de los desplazamientos internos de Colombia se dispersaba en 125 municipios, mientras que en 2014, el 60% se concentraba solo en 13. Es el caso de Buenaventura, municipio con una elevada tasa de criminalidad y homicidios que requiere protección y ayuda constantemente.

Como apunta BBC, “Buenaventura se ha convertido en la capital del crimen colombiano”. Controlada por las bandas criminales, en esta ciudad la extorsión, el narcotráfico y el número de desaparecidos están alcanzando cifras alarmantes. Aquí, una práctica cada vez más generalizada consiste en que las bandas de origen paramilitar descuartizan vivas a sus víctimas y las echan al mar.

Al ser el principal puerto marítimo de Colombia en el Pacífico, tiene un importante potencial para los criminales. Desde 2011 ha crecido el número personas desplazadas forzosamente del municipio de Buenaventura, más que en ningún otro. Los guerrilleros de las FARC operaban en zonas rurales de la ciudad, siendo una de las principales causas del desplazamiento según el informe The Crisis in Buenaventura (2014) de Human Rights Watch (HRW). El papel de esta organización ha disminuido desde 2011, pero su relevo fue tomado por La Empresa, un grupo sucesor de los paramilitares, principales autores de los desalojos en la zona desde 2012. Esta banda controlaba las rutas para el tráfico de drogas y la extorsión en la ciudad, pero con la llegada de los Urabeños, un grupo rival, la violencia incrementó por los enfrentamientos entre ambos. Una media de tres tiroteos diarios en cada barrio. El informe de HRW apunta que en 2013 había “una sensación de miedo e inseguridad causada por la poderosa presencia de los grupos y los abusos reiterados”. El terror se hizo dueño del municipio. “Si te quejas, te matarán”, denunciaba una desplazada a la organización. 

Las mujeres y los niños, las víctimas más vulnerables.

Casi el 50% de los hogares desplazados tienen de cabeza de familia a una mujer, como apunta el informe de AI Un título de propiedad no basta (2014). Obligadas a huir de sus hogares y a abandonar sus modos de sustento económico, buscan refugio en los barrios marginales que rodean a los pueblos y ciudades. Las mujeres y niñas desplazadas sufren un riesgo muy alto de sufrir abusos sexuales o de verse obligadas a ejercer la prostitución para mantener sus hogares. En muchos casos, la violencia sexual forma parte de las estrategias bélicas para castigar o atemoriza a la población y así lograr que las familias abandonen sus hogares, informa el Consejo Noruego para Refugiados (NRC, en inglés), en su informe Buenaventura, Colombia: realidades brutales (2014).

Por otro lado, AI advierte del uso de niños soldados en el conflicto armado. Algunas veces secuestrados, y otras engañados con promesas de comida y casa, los menores se involucran activamente en la guerra: desde instalar minas antipersona, hasta transportar explosivos o incluso secuestrar, tal y como informaba el documento Como corderos entre lobos presentado en 2012. Fuentes colombianas aseguran que en 2012 había unos 14.000 niños soldado en el país.

El conflicto que persiste en Colombia no es solo armado, sino fundamentalmente político y socioeconómico. Entre otras cosas, el Estado colombiano tiene la responsabilidad de proteger a la población, y de luchar contra las organizaciones criminales descendientes de grupos paramilitares. Aunque se destina gran parte de las fuerzas de seguridad nacionales a este fin, parece que no es suficiente. La cifra de los desplazamientos forzados en Colombia refleja unas tasas de criminalidad elevadas. La Ley 1448 de 2011, más conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en Colombia, tiene más teoría que práctica, pues existen serias dificultades para su implementación integral. Aunque los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla son un paso decisivo, no garantizan el respeto a los derechos humanos. 

Guardar