Crisis de confianza en el sistema electoral dominicano

El 16 de febrero fue un hito en la celebración de las elecciones municipales, pero por las razones menos pensadas. Por primera vez en la historia democrática de la República Dominicana, la Junta Central Electoral procedió a suspender las elecciones una vez iniciados los comicios. En una rueda de prensa a las 11 de la mañana, su presidente, el magistrado Julio Cesar Castaños Guzmán, indicó que el fundamento para la medida se debía a la comprobación de problemas en más del 50% de las máquinas del sistema de voto automatizado.

¿Las razones de la suspensión? Primero hay que hablar de antecedentes sobre el muy debatido voto automatizado. En las elecciones primarias internas de los partidos políticos, celebradas el 6 de octubre de 2019, se introdujo como novedad que los dominicanos ejercieran su derecho al voto de manera automatizada mediante equipos adquiridos por la Junta Central Electoral. Los referidos comicios no estuvieron exentos de pugnas y críticas por parte de la oposición política y de defensas por representantes del oficialismo y la propia Junta. Lo sucedido desencadenó desde debates hasta procesos jurisdiccionales ante el Tribunal Superior Electoral y el Superior Administrativo para asegurar la legitimidad del uso de estos equipos. Políticamente, el suceso tuvo sus efectos pues hubo una fragmentación dentro de la composición del partido oficialista donde una parte de su militancia renunció para pasar a formar parte de la oposición, incluido su hasta entonces líder, el expresidente Leonel Fernández. Al final, la decisión fue utilizarlos sin llegar a un consenso con los partidos en las siguientes elecciones: las municipales del 16 de febrero.

La modalidad elegida para estas elecciones fue la de un híbrido entre el voto manual, para comunidades de pocos votantes, y el voto automatizado para los colegios electorales con mayor porcentaje del electorado. Las irregularidades sobre los equipos del voto automatizado empezaron a manifestarse desde la noche previa a las elecciones, donde se reportaba que las boletas con todos los candidatos, en varias demarcaciones, no cargaban de manera completa. Además de esto, se denunció que técnicos de la Junta Central Electoral estaban manipulando los equipos sin estar presentes los delegados de los partidos políticos.

No obstante, los colegios electorales abrieron a las 6:00 de la mañana del domingo y los votantes acudieron a las urnas por un término de alrededor de cuatro horas durante las que, como una lluvia torrencial, empezaron a llegar los reportes sobre irregularidades en los equipos, lo que fue el fundamento para la suspensión de las elecciones municipales por parte del Pleno de la Junta Central Electoral. Nuevamente, ¿razones? Los equipos del voto automatizado se utilizaban en 18 municipios, este número puede parecer no significativo dada la totalidad de las demarcaciones electorales, sin embargo, estos son los que más votantes agrupan. En concreto, contienen el 62% del electorado.

Desde la indignación de los medios a los miembros de misiones internacionales aprobando la decisión de suspender en vista de los acontecimientos, pasando por manifestaciones de rechazo de los ciudadanos y las pugnas entre los altos líderes de los partidos políticos, así fue el día que debió ser una fiesta democrática. Lo sucedido motivó reclamos de los votantes que se encontraban en los recintos, desencadenando disturbios que cobraron la vida de dos ciudadanos.

Surgieron varios debates, tanto en los medios como en el escenario de mayor concentración de opiniones: las redes sociales. De los más relevantes fue el tema legal que atañe a la decisión. ¿Existe el término “suspensión” de elecciones en la legislación electoral dominicana? Lo cierto es que conforme a la Ley nº 15-19 se regula el proceso de anulación de los comicios, lo cual tiene un efecto retroactivo. Por su parte, el término suspensión mantiene la vigencia de lo ocurrido y de los votos que sí fueron ejercidos por los ciudadanos.

Sobre lo acontecido solo queda espacio para cuestionarse y reflexionar como país sobre hacia dónde van encaminados. ¿Cuál es el rol ciudadano? ¿Por qué no es más activo? ¿Cuál es la solución? ¿Culpables? ¿Negligencia? Lo que queda claro es que el gran perdedor es el pueblo dominicano. Perdedor por el peso del gasto ejecutado para la celebración de estas elecciones suspendidas y por la supresión de la facultad a ejercer el voto. En un ambiente internacional donde el debate se centra en el déficit democrático que se manifiesta tanto en países de la región como en otros continentes, lo acontecido en la República Dominicana muestra la fragilidad de las democracias modernas.

Desde una modificación constitucional, la unificación de las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales y la renuncia del Pleno de los Magistrados que conforman la Junta Central Electoral, lo cierto es que la decisión de celebrar los comicios el 15 de marzo parece la menos grave. Prolongar el escenario político que se dibujó el 16 de febrero sin una respuesta debidamente consensuada, con unas elecciones generales tan próximas, podría afectar la legitimidad de la democracia dominicana, flaqueando así la representación del soberano. De todo esto queda una conclusión irrevocable: el uso del voto automatizado ha –como en buen dominicano se diría– “muerto, pero sin flores”.