Crimen, castigo, y perdón: los dilemas de la justicia transicional

Escribiendo sobre el proceso de paz colombiano en las páginas de Política Exterior, Jorge Dezcallar observa que a la opinión pública no le es fácil “admitir que los antiguos guerrilleros puedan terminar ocupando un escaño en el Congreso”. No le falta razón. La justicia transicional con frecuencia navega entre Escila y Caribdis. Si cada guerrillero y militar que ha cometido abusos va a acabar entre rejas, será imposible reunir el apoyo necesario para las negociaciones. Pero los crímenes de guerra y de lesa humanidad no pueden quedar impunes. La amnistía en estos casos no es admisible, al menos para países signatarios del Estatuto de Roma (con la excepción de España, que decidió firmarlo e ignorarlo). Tras cuatro décadas de conflicto entre el ejército colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), millones de desplazados y miles de muertos,  la apuesta por la paz que ha realizado el presidente Juan Manuel Santos merece un respeto considerable. José Mujica, presidente de Uruguay y mediador en las negociaciones entre el gobierno y las FARC en La Habana, ha descrito las negociaciones como “lo más importante que está pasando en América Latina”. Los procesos de justicia transicional son comunes en la región, que sufrió una avalancha de golpes militares en los años setenta y ochenta. El propio Mujica perteneció al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, y permaneció encarcelado por la dictadura uruguaya durante casi 15 años. Otra reconciliación difícil está teniendo lugar en El Salvador. El 9 de marzo, Salvador Sánchez Cerén, antiguo comandante guerrillero, ganó las elecciones presidenciales con un ajustado margen de 6.364 votos. La oposición ha tardado más de dos semanas en reconocer su victoria, pero lo cierto es que en la guerra civil salvadoreña (1980-1992) fue el gobierno, apoyado por Estados Unidos, el que perpetró los crímenes más atroces. Así lo atestiguan el asesinato brutal de Óscar Romero, o el de Ignacio Ellacuría y sus jesuitas a manos del Batallón Atláctal, entrenado por el ejército americano. El presidente electo ha mantenido en su puesto a Carlos Cáceres, actual ministro de Hacienda, y ofrecido un puesto en el gobierno a la actual primera dama, la brasileña Vanda Pignato. Aunque su predecesor, Mauricio Funes, pertenece también al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), cultivar una imagen continuista es una opción sensata. Algo similar hizo Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. Para rebajar el temor que generaba en los mercados el antiguo sindicalista, Lula nombró presidente del Banco Central a Henrique Meirelles, vinculado al sector financiero. Brasil también es un ejemplo en la medida en que la presidenta Dilma Rousseff, exguerrillera, ha logrado superar los enormes índices de popularidad de su predecesor. Fuera de América Latina están teniendo lugar procesos de reconciliación similares. Ocurre así con Filipinas, donde el gobierno de Benigno Aquino III ha apostado por la paz con el Frente Islámico Moro de Liberación Islámica (MILF). Aunque el rápido crecimiento económico le ha generado un capital político considerable, la decisión no está exenta de riesgo. La entrevista entre Aquino y el líder rebelde Ebrahim en Tokio fue calificada como un “acto de traición” por un diplomático filipino. El MILF mantiene 15.000 combatientes, y su desmovilización requerirá la autonomía política de Bangsamoro, región musulmana en un archipiélago mayoritariamente católico. Al igual que en Colombia, la exclusión en las negociaciones de grupos rebeldes de menor peso podría suponer un problema si se niegan a aceptar los acuerdos de paz. En Sri Lanka, donde el enfrentamiento entre el gobierno y los tigres tamiles (1983-2009) causó un sinfín de abusos por parte de ambos bandos, la ONU ha aprobado la creación de un panel de investigación independiente. La intervención ha sido motivada por la desidia con que el gobierno cingalés ha abordado la investigación de los crímenes cometidos en el pasado. Aunque este procedimiento es menos común que los anteriores, muestra hasta qué punto la justicia transicional se está convirtiendo en un ámbito con normas internacionales cada vez más exigentes. Que tome nota España: la transición no conforma con dichas normas, y el desarme final de ETA plantea dilemas similares para el país.