Covid-19 y democracia del miedo en Colombia

Al artículo de Manuel Alcántara titulado “De democracias fatigadas a democracias en cuarentena”, publicado en Latinoamérica21, se le podría agregar el subtítulo de democracia del miedo en el capítulo de Colombia. La aparición de la pandemia renueva viejas prácticas y alienta nuevos escenarios que demuestran la necesidad de contar con instituciones sólidas y legítimas para garantizar el orden, la seguridad y la convivencia en el territorio, e imponer, mediante la fuerza si fuese necesario, la ley, como señalara Hobbes en su momento. Tal concepción del Estado moderno resurge y recuerda que individuos incapaces de protegerse a sí mismos renuncian de manera voluntaria al ejercicio de su libertad cambio de protección. Esta relación mando-obediencia, en tanto los ciudadanos reciben protección efectiva, constituye uno de los retos del gobierno colombiano a la hora de hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, en el marco de una crisis institucional caracterizada por el miedo como actor sociopolítico.

Desde la óptica de la gobernabilidad, un Estado debe tener la capacidad de imponer el orden y la seguridad nacional para evitar que el control territorial se atomice. Las expresiones de violencia multicausal que persisten desde la génesis de la república colombiana, la existencia de delincuencia organizada y un conflicto armado de más de medio siglo, todo ello compite con el Estado por sus funciones monopólicas. Como muestra, las más de nueve millones de víctimas registradas a 10 de septiembre de 2020 en el país, de acuerdo con la Unidad para la Integración y Reparación Integral a las Víctimas: personas afectadas por la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, las muertes violentas, torturas y masacres, a las que ahora hay que añadir los afectados por la crisis sanitaria a raíz de la pandemia.

El traumático camino hacia la paz

La violencia derivada del narcotráfico causó, en las décadas de los ochenta y noventa, 623 atentados terroristas perpetrados solo por el Cartel de Medellín, con más de 15.000 asesinatos –incluidos funcionarios públicos, magistrados de las altas cortes, miembros de la fuerza pública, líderes políticos, comunitarios–, sin contar las víctmas de los atentados por la guerra entre los carteles. El miedo dejó de ser patrimonio exclusivo de individuos y comunidades, se democratizó y hoy sigue presente entre toda la ciudadanía, con secuelas imborrables.

En Colombia se ha intentado numerosas veces alcanzar la paz, por la vía de la fuerza o del diálogo. Después de las fallidas negociaciones del gobierno de Andrés Pastrana con la guerrilla de las FARC, en 2002 Álvaro Uribe fue elegido presidente en medio de un ambiente de ingobernabilidad. La opinión pública fue seducida con la promesa de consolidar un Estado fuerte alrededor de la denominada “seguridad democrática”, capaz de evocar la fuerza del Leviatán para retomar el control, el poder del Estado y la confianza en las instituciones. Hasta hoy, dicha doctrina ha sido objeto de encomiados debates y divisiones, a raíz de la violación de derechos fundamentales. En esta época emerge además de un nuevo enemigo llamado Venezuela y la amenaza del Socialismo del siglo XXI. Y con la amenaza terrorista exacerbada por los atentados del 11 de septiembre de 2001, el miedo aseguraba una vez más el botín electoral y la securitización tomaba posesión de los discursos de los dirigentes.

Durante los mandatos de Juan Manuel Santos se da un nuevo proceso de paz con las FARC, en La Habana, en un clima de polarización política. En 2016, en el plebiscito por la paz el 50,21% de los colombianos votó No y el 49,78%, Sí. El estrecho margen exponía la polarización de la sociedad y la negativa a pasar la página del conflicto armado. El miedo implantado años atrás por el fantasma del castro-chavismo mudaba de aspecto.

Hoy, los ejercicios de poder por coacción violenta criminalizan líderes, mientras tratan de impedir la protesta pública y restringir la participación y la movilización, todas indispensables para el ejercicio de la democracia. El temor a la estigmatización y persecución son muestra del miedo que actúa como estrategia política. El miedo como práctica discursiva, por su parte, permite mantener la hegemonía de las élites, al tiempo que las votaciones son convertidas en exhibiciones de poder económico donde los partidos políticos adquieren carácter de empresas electorales. La política de botín coopta al Estado y alienta prácticas de corrupción y clientelismo, reflejadas en la financiación ilícita de algunas campañas electorales.

Estado de emergencia, léxico de emergencia

Durante la crisis causada por la pandemia de Covid-19, la tradición del miedo como actor político continúa, ahora encarnado en la administración de Iván Duque. Confinamiento, renuncia a derechos y libertades fundamentales, concentración del poder, etcétera. Aunque la figura de la cuarentena se presenta como una novedad, el confinamiento ha sido un hábito familiar para algunos ciudadanos colombianos, quienes han vivido encerrados en sus casas y territorios por amenazas de toda índole.

La declaración del estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica emitida para disminuir la velocidad de contagio del Covid-19 y fortalecer el sistema de salud marcan un hito, porque se trata de la primera vez que este tipo de medidas son aplicadas en todo el territorio nacional, a pesar que durante los periodos presidenciales de Uribe se declaró en dos ocasiones el estado de Conmoción Interior y una vez el estado de Emergencia Social. La incapacidad del Estado para controlar el territorio se ha pretendido resolver mediante decretos, mientras actores armados emulan al Estado e imponen brutales sanciones a quienes incumplen las medidas de bioseguridad en espacios rurales y urbanos. Pero los colombianos ya sabían acatar toques de queda, seguir un mismo camino por temor a pisar una mina antipersona, no salir de casa por el fuego cruzado de las balas o identificar y respetar fronteras invisibles en las comunas establecidas por combos delincuenciales de los barrios. Podría afirmarse que ante la llegada del Covid-19, los antifaces y pasamontañas que simbolizan el temor ciudadano han sido reemplazados por los cubrebocas.

A causa del juego del miedo, la convivencia permanente con el conflicto y la violencia construyen un léxico particular que naturaliza la práctica del crimen: un secuestro masivo es denominado “pesca milagrosa”; una extorsión, “vacuna”; un secuestro exprés con finalidad de hurto, “paseo millonario”; un asesinato extrajudicial por parte de la fuerza pública, “falso positivo”; un  exterminio de población considerada indeseable, “limpieza social”. Con la pandemia emergen nuevos léxicos: por ejemplo, una norma para la estimulación de compras masivas en la cuarentena, Covid Friday, entre otros. El miedo trasciende y permea las relaciones entre las personas hasta convertirse en un aspecto de la cultura, con los eufemismos tratando de amortiguar su impacto.

¿Inverosímil felicidad?

Con todo esto, y por inverosímil que parezca, en 2018 Colombia se ubicó en los primeros puestos del ranking de felicidad según los resultados publicados por Gallup International, con un índice de optimismo del 46%, nueve puntos por encima del promedio global, de 37%. Una posible explicación a esta paradójica felicidad es que la violencia permeó de tal manera la conciencia social que los colombianos han desarrollado altos grados de tolerancia ante las atrocidades. La escala de valores y la percepción del riesgo psicosocial se modificaron en el imaginario colectivo.

Los colombianos han aprendido vivir y sobrevivir en medio de la democracia del miedo. Ahora la pandemia vuelve a poner a prueba la capacidad del Estado y el liderazgo político en torno al tándem mando-obeciencia. A pesar de emitirse durante la cuarentena más de 260 decretos, de los cuales 130 son restrictivos de la movilidad y las libertades, la indisciplina social persiste: cerca de 650.000 comparendos se han impuesto por incumplimiento de la norma. La baja credibilidad de las instituciones públicas se refleja en un índice de confianza ubicado 16 puntos por debajo de la media global, con una ciudadanía que va perdiendo el respeto por las instituciones y sus prácticas. Con la pandemia ha regresado el Estado moderno, pero con él debería regresar también la confianza en las instituciones y el liderazgo político necesario para superar el miedo.