El coste de la impunidad en México

El 25 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México publicó la octava edición de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). Con una muestra de más de 102.000 viviendas y 34 ciudades a nivel nacional y subnacional, tanto en entornos rurales como urbanos, la encuesta pretende recabar datos que permitan conocer el panorama de violencia sin precedentes que vive el país. El objetivo es arrojar luz sobre el fenómeno de la victimización delictiva durante 2017, así como sobre la percepción de la seguridad pública y el desempeño de las autoridades en 2018.

Según el estudio, 8 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros en sus respectivos estados. Esta estimación coincide con otros informes a nivel subnacional: en el área metropolitana de la capital de Jalisco, Guadalajara, el 80% considera que la inseguridad pública ha aumentado en lo que va del año y 52% considera que ninguna zona de la ciudad es segura. Entre los datos más significativos destacan los siguientes: 25.4 millones de personas de más de 18 años fueron víctimas de delitos durante 2017; el 35.6% de los hogares contó con al menos un integrante como víctima ­­–es decir, casi 4 de cada 10 familias– y el 93.2% de los delitos ocurridos no fueron denunciados o las autoridades no iniciaron una investigación. Este último dato, llamado ‘‘cifra negra’’, coincide con uno de los hallazgos más relevantes de la encuesta: entre las principales razones para no denunciar, el 64,5% son atribuibles a la autoridad.

Fuente: ENVIPE, 2018.

A nivel subnacional, la encuesta da cuenta de cómo la capital del país es una de las entidades que más ha aumentado su tasa de victimización con respecto al año anterior, quedando sólo por debajo del Estado de México –por cada 100.000 habitantes, 43.000 mil fueron víctimas en el primer caso y 46.000 mil en el segundo–. A nivel nacional, la tasa durante 2017 fue de 29.746 víctimas por cada 100.000 habitantes. La cifra no sólo es estadísticamente superior al año anterior, sino que representa la más alta desde que comenzó a realizarse la encuesta en 2011. Resulta relevante comparar la tasa de victimización con otros delitos de alto impacto, como la tasa de homicidios, puesto que en estos últimos 2018 superó a 2017 como el año más violento del que hay registro, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). El primer semestre de 2018 cerró con un promedio de 88.7 homicidios cometidos todos cada día –equivalente a 3.7 crímenes por hora–. En un periodo de apenas tres años los homicidios se han disparado un 74.7%.

Aunque la ENVIPE obtiene la tasa de victimización a partir de categorías como secuestro, delitos sexuales, robo y asalto, entre otros, no registra categorías como narcotráfico, trata de personas o delincuencia organizada. Habría que observar la correlación entre diversos indicadores durante el marco temporal considerado en la encuesta, con el objetivo de obtener un panorama más amplio sobre la evolución de la inseguridad en el país.

Con respecto a la percepción sobre seguridad pública, a nivel nacional el 64.5% considera que la inseguridad y la delincuencia son el problema más importante que aqueja a su entidad federativa, seguido por el aumento de precios (36.3%), el desempleo (33.2%) y la corrupción (29.2%). Un 79.4% de la población considera que vivir en su entidad federativa es inseguro debido a la delincuencia. Paradójicamente, la población no parece percibir un círculo vicioso entre delincuencia e impunidad, puesto que sólo el 21.4% –una cifra ligeramente inferior al año anterior– consideró que la falta de castigo a delincuentes en uno de los principales problemas que afectan a las entidades federativas.

Impunidad y desigualdad

Resulta verosímil considerar que uno de los factores que propicia la persistencia y aumento de los delitos registrados por la encuesta es la impunidad. De los delitos cometidos en 2017, sólo el 10.4% fueron denunciados. De este porcentaje, en un tercio no se abrió una investigación. En el 55% de las investigaciones abiertas no se ha resuelto nada y un 21% sigue en trámite. Nuevamente, esta cifra representa la más alta desde 2011. Por consiguiente, la cantidad de casos en los cuales las averiguaciones previas derivaron en un resultado positivo –la recuperación de sus bienes, haber puesto al delincuente a disposición de un juez o haber otorgado el perdón– representa solo el 1%.

La ENVIPE estima que, en 2017, la inseguridad costó alrededor de 1.6% del PIB. Las extorsiones, asaltos, robo de vehículos y casas han hecho de 2017 el año más costoso desde que se comenzó a realizar la encuesta. Estas cifras resultan alarmantes en México, que forma parte del 25% de países con mayor desigualdad económica y más de la mitad de cuya población vive en la pobreza. En los últimos años, el 10% más rico llegó a concentrar casi dos tercios de la riqueza total del país; el 1% más pudiente, alrededor del 43%.

Como sostiene Gerardo Esquivel en Desigualdad extrema en México, la concentración de la riqueza existente puede propiciar un ciclo vicioso de desigualdad que permita a las élites políticas y económicas capturar al Estado para su beneficio. Paralelamente, en un entorno de pobreza extrema donde existen personas que no tienen el ingreso suficiente consumir los nutrientes necesarios para llevar tener una vida saludable, esto puede propiciar que los grupos más vulnerables se conviertan en el caldo de cultivo perfecto para el crimen organizado.