Contra la pena de muerte, por la dignidad

La Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (CIPM), con sede en Madrid, fue fundada el 7 de octubre de 2010 como una iniciativa del gobierno de España con la idea de combinar las voces únicas y poderosas de personas de alto prestigio internacional, derivado de sus largas trayectorias al servicio público, con el apoyo de los Estados en la lucha para lograr un mundo libre de la pena de muerte. En los 10 años de su existencia, la CIPM se ha convertido en una voz importante del movimiento abolicionista.

Bajo la presidencia de la exalta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la jueza Navi Pillay, la CIPM está compuesta por 22 comisarios, incluidos exjefes de Estado, presidentes de gobierno, ministros, altos funcionarios de la ONU, un exfiscal general, jueces, abogados y académicos reconocidos internacionalmente y ejemplares defensores de los derechos humanos, en general, y de la abolición de la pena de muerte en particular. Sus actividades son promovidas por el grupo de apoyo de la comisión bajo la presidencia de España, compuesto por 23 países que, como los comisarios, representan a todas las regiones del mundo.

Una misión con liderazgo político

Las actividades de la CIPM implican un compromiso sosegado con todas las partes involucradas en la cuestión de la pena de muerte y adopta un enfoque país por país para alentar a los Estados a alejarse de la pena de muerte. De este modo, la comisión aboga por el liderazgo político como medio fundamental para animar a los países que mantienen la pena capital a distanciarse de ella. Algunos de los comisarios de la CIPM son el vivo ejemplo del avance en sus países hacia el final de la pena capital. Merece la pena destacar a varios de ellos.

Robert Badinter llevó a Francia a abolir la pena de muerte en 1981, cuando era ministro de Justicia, y a pesar de la opinión pública adversa. Francia es ahora una nación líder en el movimiento abolicionista.

Gloria Macapagal Arroyo, presidenta de Filipinas de 2001 a 2010, hizo una causa personal de la abolición de la pena de muerte, y logró abolirla por ley en 2006, conmutando las sentencias de cadena perpetua dictadas a miles de personas.

El presidente de Mongolia entre 2009 y 2017, Tsakhia Elbegdorj, llevó a su país a la abolición de forma progresiva. En primer lugar, decretó una moratoria de las ejecuciones en 2010; dos años más tarde, logró la adhesión de Mongolia al Segundo Protocolo Facultativo; y en su último año como presidente, se adoptó un nuevo Código Penal que abolió la pena de muerte.

Bill Richardson, gobernador del Estado de Nuevo México entre 2002 y 2010, partidario de la pena de muerte durante años, comenzó a cuestionarla ante su convencimiento de que siempre había un riesgo de ejecutar a una persona inocente. Tras sus conversaciones con varios expertos y organizaciones, en 2009 Richardson abolió la pena capital, convirtiendo a Nuevo México en el 15º Estado EEUU que la derogaba.

Junto a ellos cabe destacar a Marc Barón Bossuyt, redactor del primer borrador del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado en 1989 en la Asamblea General de la ONU, y que es ahora el único tratado mundial que exige la abolición de la pena de muerte.

La CIPM ejerce una diplomacia “tranquila”, mediante misiones a los países que mantienen la pena de muerte, donde los comisarios se reúnen con sus homólogos para compartir su experiencia en el avance de los derechos humanos. En su compromiso, que a menudo adopta un enfoque gradual, la CIPM emprende medidas de seguimiento en los Estados retencionistas, incluyendo en sus conversaciones la cooperación y la sensibilización con las principales partes interesadas. Entre ellas, el poder ejecutivo, –presidentes, primeros ministros, ministros y altos funcionarios, incluidos los diplomáticos–, el legislativo –parlamentarios–, el judicial –jueces, funcionarios judiciales– así como instituciones nacionales de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, incluidas las ONG de derechos humanos y las asociaciones de la abogacía.

Un ejemplo de la efectividad de estos encuentros fue el organizado en noviembre de 2019 por la CIPM junto a representantes permanentes de Asia Central, con el impulso del representante de Mongolia, Estado miembro del grupo de apoyo de la comisión. Un mes más tarde, el presidente de Kazajstán, Kassym-Zhomart Tokayev, anuncio que su país firmaría el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, comprometiéndose a la abolición de la pena de muerte. Los comisaros de la CIPM continuaron con su implicación y el 23 de septiembre de 2020, Kazajstán firmó el Segundo Protocolo Facultativo, convirtiéndose en el 88º Estado miembro del protocolo. El papel de la CIPM fue reconocido por el ministro de Asuntos Exteriores kazajo, Mukhtar Tleuberdi, y es un paso muy significativo ya que el país es miembro del grupo de apoyo de la CIPM.

Mucho lo avanzado y mucho lo que queda por hacer

En sus 10 años de existencia, la CIPM ha llevado a cabo misiones en Asia (meridional, sureste y noreste), África (occidental, norte y los países de la Comunidad de Desarrollo de África Austral), Europa (Bielorrusia), las Américas (EEUU, Guatemala, Guyana), el Caribe (Cuba, Barbados, Jamaica, Trinidad y Tobago) y Oriente Próximo (Líbano, Catar y compromiso virtual con Emiratos Árabes Unidos). Su objetivo es alentar y apartar a los países de la pena capital. En este esfuerzo, la comisión trabaja con la ONU, la Unión europea, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, el Tribunal Africano de Derechos Humanos, la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (Asean), la Santa Sede y varios países, incluidos los miembros de su grupo de apoyo.

Para la CIPM, aunque la mayoría de los países del mundo han abolido la pena de muerte (107 Estados para todos los delitos y ocho para delitos comunes), más de 50 aún la contemplan en su legislación. Así, en 2019, 20 países llevaron a cabo ejecuciones. El aumento del nacionalismo y las presiones internas han aumentado la posibilidad de que los Estados abolicionistas incluso consideren restablecer la pena de muerte.

La soberanía ha surgido como una cuestión importante en el debate sobre la pena de muerte. Prueba de ello es que 95 Estados votaron a favor de la enmienda de soberanía en la resolución de la Asamblea General de la ONU sobre una moratoria del uso de la pena de muerte, durante la tercera comisión de la asamblea en noviembre de 2018. En el lado positivo, cabe destacar que 120 Estados votaron a favor de la resolución, incluidos los votos sin precedentes de Líbano, Corea del Sur y Yibuti. La CIPM se ha esforzado para incrementar el respaldo a la resolución en Líbano y Corea del Sur, entre otros Estados.

Aunque EEUU ha registrado una disminución en la aplicación de las ejecuciones, desde julio de 2020 no solo se reanudaron a nivel federal después de 17 años, sino que ocho personas han sido ejecutadas en lo que va de año y otra ejecución está prevista para hoy mismo, 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Sin que existan precedentes, en EEUU están programadas 13 ejecuciones hasta mediados de enero de 2021. Se espera que el presidente electo Joe Biden, ponga fin a las ejecuciones a nivel federal, a la espera de una eventual abolición, en cumplimiento de la promesa electoral hecha durante la campaña presidencial.

En su década de funcionamiento, la CIPM ha trabajado en EEUU a nivel estatal y federal. En estos años, los Estados abolicionistas han aumentado a 22, tres han establecido moratorias oficiales, incluyendo California, el Estado con mayor número de reclusos condenados a muerte.

Es alentador que el movimiento abolicionista tome nota del importante cambio realizado por el Papa Francisco en 2018, en el Catecismo núm. 2267 de la iglesia Católica, condenando la pena de muerte por motivos de dignidad humana. Para el movimiento abolicionista es esencial recalcar las violaciones de los derechos humanos derivadas de un uso continuado de la pena de muerte, una práctica arbitraria y discriminatoria, que afecta a los pobres y a los sectores marginados de la sociedad.

Siempre existe el riesgo de que una persona inocente sea ejecutada, y es frecuente que se condene a personas que no reciben una defensa legal adecuada, un juicio justo o que se vean forzadas a confesar. Aunque no proporciona paz a los familiares de las víctimas de los crímenes, a esta lista de víctimas se suman las familias de los ejecutados, con consecuencias socioeconómicas desastrosas y perjuicios para todos los implicados. La pena de muerte priva a las personas de su dignidad y humanidad.

Con motivo del Día de los Derechos Humanos, 10 de diciembre, que celebra el 72º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el décimo aniversario de la CIPM, nos comprometemos a continuar los esfuerzos para lograr un mundo libre de la pena de muerte.