Consultas ciudadanas para impulsar la UE

Las elecciones al Parlamento Europeo se aproximan y, con ellas, la necesidad de presentar proyectos que acerquen “Bruselas” a los votantes en los 28 Estados miembros. Uno de los más destacados es el de las consultas populares, propuesto por el presidente francés Emmanuel Macron y adoptado junto a la canciller alemana Angela Merkel en la última cumbre del Consejo Europeo en 2017.

Los ciudadanos de la Unión Europea pudieron participar en un programa de este tipo en verano, cuando la Comisión Europea realizó una consulta sobre la posibilidad de acabar con el cambio de horario en invierno. La consulta fue apoyada mayoritariamente –más del 80% de los 4,6 millones de votantes–, por lo que Jean-Claude Juncker ha llamado a suprimir el cambio de horario (en España, no obstante, esta propuesta podría llevar a adoptar el horario de invierno a lo largo del año entero).

La idea de fondo es que, a través de mecanismos participativos sin carácter vinculante, sería posible revertir la apatía que se ha adueñado de las elecciones europeas con el paso del tiempo. Los comicios de 2014 fueron los primeros, desde su inicio en 1979, en los que la participación no descendió. De cara a 2019, existe la esperanza de que ante los varapalos recibidos en 2016 –con el Brexit y la elección de Donald Trump, que no ha dudado en tildar a la Unión como un “rival”–, los defensores de la UE se sientan con más ganas de acudir a las urnas e intentar paliar su déficit democrático.

Participación en elecciones europeas, 1979-2014. Fuente: Statista.

Con todo, los mecanismos para realizar consultas ciudadanas a escala europea no están exentos de problemas. En el caso del cambio de horario, por ejemplo, participó en torno a un 1% del electorado europeo, con especial incidencia en países que tienen un interés destacado por la cuestión. El mecanismo parece prestarse a que los intereses concentrados de grupos reducidos desbanquen los intereses difusos que podría mantener la mayor parte de la población.

En España, la mayor parte de los ejercicios de democracia directa –presupuestos participativos, decisiones urbanísticas– se desarrollan en el ámbito municipal: concretamente, en “ayuntamientos del cambio” como los de Madrid y Barcelona. Realizar ejercicios similares a escala europea –donde no existe un demos igual de cohesionado– plantea retos considerables.

Prueba de ello es el destino deslucido de la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), regulada en el Tratado de Lisboa para permitir a los ciudadanos participar “directamente en el desarrollo de las políticas de la UE, pidiendo a la Comisión Europea que presente una propuesta de legislación”. La figura de la ICE fue sometida posteriormente a numerosos requisitos burocráticos para obstaculizar su funcionamiento. En septiembre de 2014, la Comisión rechazó el registro de una propuesta con más de un millón de firmas para detener el tratado comercial TTIP, alegando que el tema excedía sus competencias. Una segunda iniciativa, realizada al margen de las ICE, recabó tres millones y medio de firmas contra el CETA –tratado de libre comercio con Canadá–, sin obtener por ello un compromiso claro de los órganos europeos para cuestionar su adopción.

Los casos del TTIP y CETA ilustran lo que puede ocurrir con la votación de propuestas con consecuencias políticas relevantes. Es difícil imaginar, por ejemplo, que una consulta favorable a la creación de eurobonos lograse dar a torcer el brazo del ministerio de Finanzas alemán. A día de hoy, los ejercicios de democracia directa más destacados en la Unión –el Brexit y el referéndum sobre el rescate griego de 2015– han recibido una respuesta punitiva por parte de las instituciones europeas, centradas en impedir nuevos ejemplos de indisciplina. El mecanismo de la consulta es diferente al de un referéndum, pero tampoco parece fácil de aplicar a cuestiones políticas trascendentales.