En la noche del 27 al 28 de febrero, Turquía levantó los estrictos controles que ha aplicado en sus fronteras marítimas y terrestres con Grecia desde marzo de 2016, lo que provocó que miles de migrantes se dirigieran a la frontera para intentar pasar a Europa. La decisión de Ankara se produjo una hora después de que se supiese que al menos 34 soldados turcos habían sido asesinados en Idlib, el último bastión de los rebeldes en Siria. Fue el mayor número de muertos que el ejército turco había sufrido en un solo ataque en las últimas dos décadas, y exacerbó los temores de que un combate intensivo en Idlib empujase a casi un millón de sirios a Turquía para unirse a los cuatro millones de refugiados que el país ha acogido generosamente.

La medida de Ankara ha sido popular entre los ciudadanos turcos, que están cada vez más cansados de las cargas socioeconómicas de acoger refugiados y quieren que regresen a Siria, dado que los funcionarios turcos llevan tiempo prometiendo que lo harán. Con los servicios sociales muy sobrecargados, el sentimiento contra los refugiados va en aumento, a veces estallando en violentos enfrentamientos en ciudades densamente pobladas por refugiados. Los políticos turcos también están preocupados por la pérdida de recursos del país, así como por el retroceso interno en caso de que haya una nueva afluencia de refugiados de Idlib, que alberga a unos tres millones de civiles. Cientos de miles ya han huido hacia la frontera turca, muchos abandonados en condiciones precarias en campamentos improvisados.

Algunos observadores dicen que el gobierno eliminó las restricciones fronterizas para desviar la atención pública de las pérdidas de los militares en Idlib, donde, según los informes, ha desplegado a unos 20,000 soldados en un esfuerzo por contener la lucha. Durante dos días después del ataque, Ankara bloqueó el acceso a Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, las redes sociales más utilizadas en el país. Más de la mitad de los ciudadanos turcos –el 52,7%– se opone a la intervención militar en Idlib, mientras que el 40% lo apoya, según una encuesta de principios de marzo que una compañía de encuestas turcas realizó después de la muerte de los 34 soldados. La tasa de apoyo es mucho más baja que el respaldo popular (que alcanzó el 80%) a las tres operaciones anteriores de Turquía en el norte de Siria, llevadas a cabo entre marzo de 2017 y noviembre de 2019. Todas estas operaciones tenían como objetivo frenar las ambiciones de las Unidades de Protección Popular (YPG, por sus siglas en inglés), la filial siria del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que Turquía, la Unión Europea y Estados Unidos han designado una organización terrorista.

Si bien el gobierno turco necesitaba algún tipo de victoria publicitaria, tenía motivos más profundos para abrir las fronteras. Ankara calculó que la medida presionaría a la UE para que apoyase su campaña en Idlib y asegurase fondos adicionales para los refugiados sirios en Turquía. También pretendía obligar a la Unión a cumplir sus compromisos en virtud de un acuerdo de marzo de 2016 por el cual Turquía limita el número de migrantes que cruzan a Europa a cambio de ayuda para refugiados y otras promesas.

Charlas tentativas

El acuerdo migratorio de 2016 estaba colgando de un hilo mucho antes de que el presidente Recep Tayyip Erdogan cumpliera su amenaza de abrir las fronteras. Los funcionarios turcos habían expresado su descontento con que la Unión Europea no cumpliera tres de las disposiciones del acuerdo: la liberalización de visas, una mejora de la unión aduanera y negociaciones aceleradas sobre la adhesión de Turquía a la UE. También han estado exigiendo más respaldo para la iniciativa de Ankara en Idlib, incluyendo cobertura aérea para establecer una «zona segura» y más ayuda humanitaria para los civiles desplazados en Siria, así como una mayor asistencia financiera a los refugiados sirios en Turquía.

La táctica de Ankara parece haber presionado a una UE temerosa de que se repita la crisis migratoria 2015-2016. Una serie de cónclaves de alto nivel entre la UE y Turquía tuvieron lugar en Ankara y Bruselas. Los líderes de la UE tomaron una nota positiva después de dos horas de conversaciones con Erdogan y el canciller turco Mevlüt Çavuşoğlu el 9 de marzo. La canciller alemana Angela Merkel, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, tienen previsto reunirse con Erdogan (por videoconferencia, debido al coronavirus) el 17 de marzo. Pero, en términos sustantivos, la lista de desacuerdos entre las dos partes es larga. Han señalado solo una disposición tentativa para comprometerse más, y acordaron establecer dos grupos de trabajo para «revisar» la implementación del acuerdo de marzo de 2016. Ankara espera un rápido progreso antes de la cumbre de líderes del Consejo Europeo del 26 al 27 de marzo.

Además, y a pesar de la diplomacia de alto nivel, la decisión fronteriza tuvo un efecto escalofriante en las relaciones generales entre la UE y Turquía, precisamente cuando algunas capitales de la UE estaban explorando tentativamente opciones para apoyar la intervención de Turquía en Idlib, incluida una zona de exclusión aérea. Los diplomáticos europeos dicen que sus gobiernos se muestran reacios a hacer cualquier cosa que pueda percibirse como una recompensa a Turquía por su comportamiento hostil. La UE envió a los jefes de sus tres principales instituciones, la Comisión, el Consejo y el Parlamento, a la frontera para prometer un apoyo total a Grecia y ayudarla a «proteger» las fronteras de Europa. Al día siguiente, los 27 ministros de Interior del bloque denunciaron «el uso de la presión migratoria por parte de Turquía con fines políticos». En Turquía, las imágenes de migrantes siendo violentamente rechazados por la policía y los guardacostas griegos aumentaron la retórica anti-UE. Altos funcionarios turcos acusaron a la UE de «hipocresía» por violar los mismos derechos fundamentales por los cuales Ankara es criticada.

La táctica de Ankara destacó una vez más la importancia de abordar la difícil situación de los migrantes vulnerables dispuestos a arriesgar sus vidas en el peligroso viaje a Europa.

Tensiones en la frontera greco-turca

La jugada de Ankara destacó una vez más la importancia de abordar la difícil situación de los migrantes vulnerables dispuestos a arriesgar sus vidas en el peligroso viaje hacia Europa. El anuncio de apertura de la frontera persuadió a miles de personas que viven en Turquía (Grecia y Turquía difieren sobre el número exacto) para dirigirse a las islas griegas en el mar Egeo o los cruces terrestres hacia Grecia, sin saber que la policía fronteriza griega les bloquearía el paso.

Un niño se ahogó en la isla de Lesbos el 2 de marzo, mientras Ankara y Atenas intercambiaban recriminaciones por las medidas tomadas para controlar el flujo de personas desesperadas. Las autoridades griegas utilizaron gases lacrimógenos, cañones de agua y pelotas de goma en la costa, y barcos de la guardia costera en el Egeo, para hacer retroceder a los migrantes, en lo que el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis describió como aumentar «el nivel de disuasión … al máximo». Grecia también suspendió el derecho a solicitar asilo, una decisión que, según la ONU, carecía de fundamento legal. Turquía afirma que más de 1,000 migrantes resultaron heridos y al menos cuatro murieron después de que la policía fronteriza griega abriese fuego contra los migrantes que cruzaban por tierra, una acusación negada por las autoridades griegas. Miles permanecen varados en el cruce de Pazarkule/Kastanies, donde han instalado tiendas de plástico. En las islas griegas, según datos de la ONU a 8 de marzo, al menos 1.881 migrantes han desembarcado desde la decisión de Ankara. Los campamentos siguen estando alarmantemente superpoblados y las condiciones de vida son malas.

Los crecientes temores sobre la propagación del coronavirus en Europa han alimentado la preocupación por el movimiento incontrolado de personas y las condiciones en los campamentos de migrantes, con un caso de la enfermedad COVID-19 diagnosticada en un campamento en Lesbos el 9 de marzo. Algunos políticos europeos han citado las preocupaciones relacionadas con el virus para justificar los llamamientos a una vigilancia policial más estricta, incluida la suspensión de los derechos de asilo.

La gran mayoría de los que intentaron cruzar son afganos. Muchos han venido a Turquía desde Irán, donde habían huido de la guerra en su país de origen, y donde recientemente han sido presionados por una economía en deterioro por las estrictas sanciones de EEUU. Algunos se enfrentaban a deportaciones por parte de Teherán. La situación de los afganos en Turquía es incierta, incluso aún más que la de los sirios, ya que prácticamente no tienen acceso a los programas de ayuda. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a febrero de 2020, unos 170,000 solicitantes de asilo afganos registrados esperaban en Turquía para ser reasentados en un tercer país. Muchos afganos indocumentados llevan vidas ocultas en las grandes ciudades de Turquía, luchando por ganar lo suficiente para mantenerse a sí mismos y a sus familias.

En los últimos dos años, después de un aumento dramático en su número, Turquía ha comenzado a deportarlos a Afganistán en masa. De los 455,000 migrantes irregulares que las autoridades turcas reunieron en 2019, casi la mitad (201,000) eran afganos. Otros de los que se movieron por decisión de Turquía incluyeron ciudadanos turcos, así como migrantes de Pakistán, Irak, Irán, Egipto, Marruecos y tan lejos como Etiopía, Bangladesh y Somalia.

La UE ha avanzado en la modernización de los viajes sin visa y la unión aduanera a medida que la democracia y el Estado de derecho en Turquía declinan.

El acuerdo de refugiados

Aunque las organizaciones de derechos humanos lo criticaron por no proteger suficientemente a los refugiados, el acuerdo de 2016 logró uno de sus objetivos clave, reduciendo el flujo de migrantes irregulares de Turquía a Grecia en un 97%. Como parte del acuerdo, se utilizaron 6.000 millones de euros de fondos de la UE para las necesidades de los refugiados sirios en Turquía, incluida la educación para más de 600.000 niños sirios en edad escolar. A finales de febrero de 2020, se habían contratado 4.700 millones de euros y se habían desembolsado 3.200 millones de euros para proyectos gestionados por organismos de la ONU, organizaciones no gubernamentales locales e internacionales y ministerios turcos. En el programa de ayuda humanitaria más grande jamás financiado por la UE, la Red de Seguridad Social de Emergencia proporciona asistencia en efectivo a unos 1,7 millones de sirios. Pero algunos proyectos, incluso en educación, están llegando a su fin. Ankara se ha quejado de que la UE fue demasiado lenta en liberar los fondos y que gran parte del dinero se destinó a los gastos generales de las organizaciones internacionales, llegando muy poco para los refugiados.

El acuerdo migratorio de 2016 incluía un esquema de reasentamiento para migrantes hacia la UE; viajes sin visa al área Schengen para ciudadanos turcos; modernización de la unión aduanera UE-Turquía; aceleración de las conversaciones de adhesión de Turquía a la UE; y una disposición mal definida sobre la cooperación UE-Turquía para mejorar las condiciones humanitarias dentro de Siria. Debido a la renuencia entre los Estados miembros de la UE, solo 25.000 sirios han sido reasentados en el bloque de 27 miembros desde Turquía en los cuatro años desde que el acuerdo entró en vigor.

La UE ha demorado sus avances en viajes sin visa y la modernización de la unión aduanera a medida que decaía la democracia y el Estado de derecho en Turquía. Se expresó enérgicamente en contra de las duras medidas de Ankara dirigidas a los medios y la oposición en un estado de emergencia de dos años después del intento de golpe de estado de julio de 2016. Mientras tanto, un número cada vez mayor de políticos europeos, así como de votantes de todo el bloque, se oponen a que Turquía ingrese al club de la UE.

Otros acontecimientos que tensaron los lazos también contribuyeron a que la UE no cumpliera sus promesas. Ankara ha estado en desacuerdo con las capitales de la Unión sobre las medidas que ha seguido en su lucha contra el PKK / YPG. Varios países de la UE, especialmente Francia, han criticado la participación militar de Turquía en Libia para proteger al Gobierno de Acuerdo Nacional reconocido internacionalmente en Trípoli de una ofensiva dirigida por el Ejército Nacional Libio de Jalifa Haftar. Y la exploración de petróleo y gas de Turquía en aguas cercanas a Chipre, donde ha desplegado barcos de perforación con escoltas navales en respuesta a los esfuerzos de la República de Chipre para extraer los combustibles fósiles con licencias otorgadas a empresas occidentales, ha provocado sanciones de la UE.

Rescatando la cooperación Turquía-UE

Los lazos entre la UE y Turquía se han desgastado durante más de una década. El enfrentamiento en la frontera con Grecia revela las deficiencias de su compromiso cada vez más transaccional. Bruselas y Ankara necesitan construir una mejor relación en la que ambas partes se beneficien, comenzando con la revisión del acuerdo de migración de 2016. La crisis humanitaria en Idlib agrega urgencia a la tarea, ya que ninguna de las partes quiere lidiar con otra afluencia de sirios empobrecidos, muchos de los cuales buscarán formas de ingresar a Europa.

Forjar un nuevo consenso no será fácil. Ankara quiere forzar el progreso en sus demandas, incluido el apoyo a su operación Idlib y significativamente más fondos para los sirios en Turquía, pero los líderes de la UE no quieren parecer rehenes del presidente Erdogan. El deseo de Bruselas de mantenerse firme en sus otros desacuerdos con Ankara atenúa las perspectivas de una solución rápida de la disputa migratoria actual.

A medida que los funcionarios de la UE y Turquía revisen el acuerdo de 2016 en las próximas semanas, las dos partes deben explorar opciones para modernizar la unión aduanera y fomentar la integración de los refugiados en Turquía. También deberían evaluar la posibilidad de ofrecer sustancialmente más ayuda humanitaria y otra asistencia a los civiles en Idlib. La preocupación por la propagación del coronavirus entre estas poblaciones vulnerables, que pronto podrían estar en movimiento, es una razón más para tomar medidas para abordar sus condiciones desesperadas. El progreso en estas áreas es más realista que los esfuerzos para despejar conversaciones complejas sobre la liberalización o adhesión de visas que están condicionadas a que Turquía cumpla con una larga lista de criterios que van desde la legislación antiterrorista hasta cuestiones relacionadas con Chipre.

Una cuestión clave es si la UE liberará nuevos fondos para los refugiados sirios en Turquía y las personas desplazadas en Idlib. La UE parece dispuesta a aumentar el apoyo en esta área, pero queda por ver si será suficiente para satisfacer a Ankara.

Fuera del acuerdo existente, la UE también podría considerar ofrecer apoyo a los esfuerzos de Turquía para reforzar la gestión de fronteras, incluso en el este, la ruta principal para los inmigrantes indocumentados. La asistencia de la UE también se puede canalizar para ayudar a Turquía a abordar las necesidades de cientos de miles de migrantes de otros países, incluidos los afganos. La UE podría ayudar a las organizaciones de base que trabajan con estas personas y alentar a las organizaciones financiadas por la UE centradas en las necesidades de los refugiados sirios a ampliar su trabajo para abarcar a otros grupos de migrantes.

Sin un puente evidente para las muchas brechas en las relaciones UE-Turquía, Ankara y Bruselas deberían utilizar su renovado compromiso diplomático, desencadenado por la crisis de hoy, para preservar y fortalecer la cooperación en materia de migración. Turquía ha dejado claro que sus capacidades y tolerancia para gestionar las consecuencias humanitarias de Siria están llegando a sus límites. La UE necesita hacer más para compartir la carga.

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