Comercio de armas: pacto para evitar nuevas Sirias

Esta semana en Informe Semanal de Política Exterior (#ISPE): comercio de armas.

El gasto militar global alcanzó los 1,6 billones de dólares en 2010, un 2,6% del PIB mundial, un aumento del 53% en relación a 2000 y equivalente a 235 dólares por cada uno de los habitantes del planeta. El comercio mundial de armas, que ronda los 70.000 millones de dólares anuales, opera de acuerdo a sus propias reglas, la mayoría con escaso escrutinio público, por lo que deja enormes beneficios a unos pocos y sufrimientos y miseria a millones de seres humanos.

La guerra civil siria, que ha causado ya 70.000 muertos, y la infiltración yihadista en Malí, que no habría ocurrido si no hubiesen caído en manos de Al Qaeda los arsenales de Muamar el Gadafi, nutridos durante 40 años por países de todo el mundo, son ejemplos ilustrativos de cómo el comercio irrestricto de armas mina la misma seguridad nacional que dice proteger. Por ello, hace siete años, diversos gobiernos y personalidades decidieron impulsar una convención internacional que regulara su comercio para garantizar la transparencia. Los mercados negros y grises de armamento implican a empresas, bancos, oscuros intermediarios, blanqueadores de capitales, criminales y gobiernos que utilizan las armas como un instrumento de su política exterior.

En la práctica, las fronteras entre esos dos mercados son difusas porque en muchas de las transacciones legales los sobornos y la corrupción son de rigueur. Según Transparencia Internacional, un 40% de los casos de corrupción en el mundo corresponden al comercio de armas.
Giuseppe Orsi, director ejecutivo de Finmeccanica, compañía italiana de defensa, fue detenido en Milán en febrero por haber sobornado en 2010 a funcionarios del gobierno indio encargados de aprobar un contrato de 750 millones de dólares de compra de helicópteros AW-101. India ha suspendido los pagos de la operación y anunciado que cancelará el contrato.

Durante la guerra en Libia, las fuerzas de la OTAN tuvieron que destruir armas rusas, pero también francesas, alemanas, italianas, belgas y británicas. Y las que no se destruyeron, han acabado en Egipto, Gaza, Chad, Líbano, Malí y Siria, entre ellas fusiles de asalto, minas antitanque, morteros, ametralladoras pesadas, misiles portátiles, lanzagranadas y municiones.

En marzo, el gobierno de Yemen capturó en sus aguas un barco iraní que transportaba misiles tierra-aire Misagh-2, explosivos militares y equipos electrónicos para fabricar bombas y que iban a ser entregados a los rebeldes chiíes yemeníes que tienen bajo su control un vasto territorio en el país.

Un hito histórico

Todo ello hace difícil subestimar la importancia del acuerdo internacional aprobado el 1 de abril por la Asamblea General de la ONU –por 154 votos contra tres (Irán, Siria y Corea del Norte) y 23 abstenciones–, para regular el comercio mundial de armas. A pesar de sus limitaciones (no incluye, por ejemplo, mecanismos de sanción), el tratado es un paso crucial para introducir un sistema de controles –el primero legalmente vinculante– que vigile, rastree y regule las exportaciones de armamento convencional, desde tanques y barcos de guerra a armas ligeras y aviones de combate.

Desde el momento que entre en vigor, tras su ratificación por 50 Estados, los gobiernos signatarios tendrán que asegurarse de que las armas que venden no se vayan a utilizar en actos de genocidio, crímenes de guerra, abusos contra los derechos humanos o terrorismo. Además, se verán obligados a hacer pública cualquier información referida a sus exportaciones, transferencias e importaciones de armamento. Los violadores del acuerdo serán denunciados por un nuevo organismo internacional.

China y Rusia, los principales suministradores de Sudán, Siria, Myanmar, Irán, Zimbabue y Corea del Norte, se abstuvieron, por lo que no es probable que ratifiquen el tratado. Tampoco parece factible que lo haga EE UU debido a la oposición de medio centenar de miembros del Senado, que temen que sus provisiones puedan ir en contra de la segunda enmienda de la Constitución.

Pero una vez ratificado, Rusia, por ejemplo, no podrá esgrimir que sus ventas de armas a Siria cumplen las leyes internacionales al no existir un embargo de las Nacions Unidas. Incluso los países que no ratifiquen el tratado se verán presionados a cumplir sus provisiones por temor al oprobio internacional. No es extraño que los países que se abstuvieron, como Bahréin, Myanmar, Cuba y Sri Lanka, tengan una dudosa trayectoria en el respeto a los derechos humanos. Como asegura Oxfam International, el acuerdo no resolverá la crisis siria, pero al menos ayudará a impedir futuras Sirias.

Para más información:

The Economist, «Regulating the weapons trade: A killer deal». Artículo, abril 2013.

Christian Caryl, «In the Crosshairs». Foreign Policy, abril 2013.

US Department of State, «Arms Trade Treaty». Dossier gobierno EE UU.