Combatir la posverdad en redes

De aquí a un tiempo son frecuentes las advertencias sobre la ‘posverdad’ y las noticias falsas. Una amenaza que pesa sobre la opinión pública occidental, cada vez más susceptible a la desinformación. Lo que está menos claro es cómo combatir un reto tan acuciante. Pese al surgimiento de iniciativas dedicadas a combatir bulos virales, no se está realizando, en el ámbito político, el esfuerzo necesario para hacer frente al problema en su conjunto.

Un primer paso para combatir la desinformación sería identificar al culpable de propagarla. La victoria del Brexit, la elección de Donald Trump y la desinformación generada en torno al proceso independista de Cataluña pusieron nombre y apellido al problema: el presidente ruso, Vladímir Putin, se presentó como el principal responsable de confundir a la opinión pública europea y estadounidense. Aunque no es una política que genere consenso, tanto la Unión Europea como Estados Unidos apuestan por disciplinar a Rusia mediante sanciones. Una medida que se ha mostrado poco eficaz, cuando no contraproducente, a la hora de modificar la política exterior del Kremlin.

Una forma alternativa de mitigar el problema consistiría en reconducir la relación de Europa y Estados Unidos con Rusia, congelada desde el inicio de la crisis ucraniana en 2013. Lejos de emprenderse de manera autónoma o imprevisible, las acciones rusas en el ciberespacio –sean operaciones de hackeo o desinformación–, suelen complementar las iniciativas políticas o militares del país. En un clima de distensión entre Moscú y la OTAN ­–en el que, por ejemplo, el primero no interviniese militarmente en su vecindario, ni la alianza continuase ampliándose y militarizando sus fronteras allí– se reduciría el tipo de injerencia del que habitualmente se acusa a Putin.

Este camino, sin embargo, no es una opción realista. En la actualidad la UE y Rusia se encuentran enfrentadas, con la primera intentando construir una política de defensa común como respuesta a la amenaza que percibe por parte de la segunda. Trump ha manifestado simpatía por Putin, pero la política de su administración hacia Rusia es, en todo caso, más agresiva que la de Barack Obama. A corto y medio plazo, no parece haber alternativa a una escalada de tensión estéril. La única respuesta productiva que se puede dar hoy tiene que ver con la ciberseguridad, un ámbito en el que los países europeos pueden aunar recursos para desarrollar sistemas de defensa y disuasión más eficaces.

El control de la información

En realidad, el problema de la desinformación trasciende las relaciones entre Rusia, EEUU y la UE. Como señala un informe reciente del think tank californiano Institute for the Future (IFTF), cada vez más gobiernos recurren al acoso y manipulación en la red. Filipinas, Turquía y EEUU, entre otros, cuentan con gobiernos que trolean a su ciudadanía, propagando bulos o dirigiendo campañas virtuales contra activistas críticos. Se trata de una práctica empleada principalmente de cara a audiencias domésticas. El desarrollo de tecnologías como el deepfake, que permite mostrar a personajes públicos pronunciando discursos falsos de manera creíble, aumentará exponencialmente el potencial de desinformar a audiencias con contenidos engañosos.

No se trata, por tanto, de castigar a un país específico, sino de desarrollar medidas que obstaculicen estas dinámicas. Pero para eso es necesario regular a los gigantes tecnológicos que monopolizan el uso y tráfico de datos en redes sociales, atendiendo principalmente a su beneficio económico. El escándalo de Cambridge Analytica mostró cómo, en las elecciones estadounidenses de 2016, Facebook desempeñó un papel notable esparciendo bulos que potenciaron la campaña de Trump. Previamente, redes sociales como 4Chan, Reddit y Youtube se habían convertido en centros de reclutamiento para la extrema derecha estadounidense.

Existen diferentes formas de domesticar a Silicon Valley. La primera sería la autorregulación. En la actualidad Facebook está expulsando, si bien tímidamente, a figuras destacadas de la extrema derecha estadounidense. La compañía de Mark Zuckerberg también planea abrir un ‘call center’ gigante en Barcelona para combatir la desinformación. Pero ninguno de estos gestos está dirigido al problema principal de compañías como Facebook o Google: el abuso de una posición dominante en el mercado, que les permite lucrarse manipulando los datos de sus usuarios y los convierte en el vehículo idóneo para realizar campañas de desinformación.

La segunda opción, por tanto, consiste en regular estas compañías desde el ámbito de la competencia. Es lo que la Comisión Europea lleva años haciendo con Google, que acumula multas multimillonarias por abusar de su posición. Una solución duradera, sin embargo, exige ir más allá de sanciones puntuales o recurrentes. Los monopolios tecnológicos no pueden simplemente fragmentarse como si fuesen compañías tradicionales, porque son economías de escala cuyo valor no se puede recomponer por separado –los datos que gestionan aumentan su valor al agregarse con otros datos–.

Una idea más transformadora, propuesta por Evgeny Morozov, consiste en convertir los datos en un bienes comunes gestionados por instituciones públicas, que obliguen a compañías como Facebook a pagar por acceder a ellos para un uso regulado. Se trata de una iniciativa más ambiciosa que las propuestas de la UE o cualquiera de sus Estados miembros, si bien municipios como Barcelona son pioneros en la gestión de datos como infraestructura pública. También sometería el uso de datos personales a un régimen más riguroso que el actual y facilitaría restringir el uso de bots o contenido engañoso.

Un proyecto similar a escala europea requeriría un compromiso político inexistente en este momento, por mucho que se reiteren las advertencias sobre el auge de la ‘posverdad’. Mientras no se atienda al problema que representa una infraestructura de datos dominada por monopolios en busca de beneficios, el problema de la desinformación en redes sociales solo se agravará. Y no por culpa de Rusia.