La droga es un asunto central en Colombia. Según el informe anual de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc), este país es el mayor productor de drogas del mundo. En su territorio se produce casi el 70% de la cocaína que existe en el planeta. Pese a ello, Colombia está entre los países americanos con un rango intermedio de consumo de esta droga (más de 0,5% a 1,1%). En comparación con sus vecinos de la región, el consumo de marihuana en este país también es intermedio, con una frecuencia total inferior al 4%, aunque el porcentaje se dispara casi al 10% entre los estudiantes de secundaria. Si bien este país sigue siendo sobre todo un país productor de narcóticos ilegales, según el Observatorio de Drogas, el consumo de estas sustancias entre la población estudiantil se ha incrementado en los últimos años, sobre todo de marihuana.
Dos proyectos de ley en el Senado han avivado el debate sobre las drogas, en particular sobre la marihuana. El 17 de septiembre un grupo de senadores colombianos presentó un proyecto de ley para regular la producción y el consumo de esta droga con fines recreativos. El proyecto, promovido por el senador Gustavo Bolívar, integrante de la coalición izquierdista Decentes, liderada por Gustavo Petro, cuenta con el apoyo de un grupo de congresistas muy heterogéneo, ideológicamente adscritos a partidos de izquierda, de centro e incluso de derecha. No es el primer intento de regular la marihuana en el Congreso. El cannabis para uso medicinal es legal en este país desde la aprobación de la Ley 1787 de 2016, impulsada por el entonces senador liberal Juan Manuel Galán, durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
Sin embargo, Colombia es un país de contrastes. El 16 de septiembre, un día antes de la radicación del proyecto para regular la marihuana recreativa, el Senado de la República dio luz verde a la ley que busca prohibir el porte y el consumo de drogas (incluso de la dosis mínima) en parques, entornos escolares, estadios, polideportivos y cualquier centro deportivo. Esta norma, impulsada por el senador de Cambio Radical Rodrigo Lara Restrepo, no restringe la dosis mínima legal sino que es una reacción a la polémica sentencia de la Corte Constitucional del 6 de junio, la cual dejó sin efectos dos artículos del Código de Policía que prohibían el consumo de sustancias psicoactivas y de alcohol en espacios públicos. Según dictaminó el alto tribunal colombiano, el porte de la dosis mínima es legal y las disposiciones de este Código, decretadas por el presidente Iván Duque en septiembre de 2018, vulneraban el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Curiosamente, la biografía de los políticos que han impulsado los referidos proyectos de ley está marcada por el narcotráfico de alguna u otra manera. Gustavo Bolívar es periodista, escritor y guionista de telenovelas, autor de la famosa novela sobre la mafia del narcotráfico Sin tetas no hay paraíso, que fue adaptada para televisión en Colombia y en España; Juan Manuel Galán es hijo de Luis Carlos Galán, candidato a la presidencia de Colombia asesinado en 1989 por narco-paramilitares del Cártel de Medellín; y Rodrigo Lara Restrepo es hijo de Rodrigo Lara Bonilla, exministro de Justicia en el gobierno de Belisario Betancur que fue asesinado en 1984 por sicarios del narcotraficante Pablo Escobar.
Volviendo al proyecto de ley para regular el uso recreativo de la marihuana en Colombia, según la base de datos de Élites Parlamentarias Latinoamericanas de la Universidad de Salamanca (PELA-USAL) la correlación de fuerzas en la Cámara de Representantes colombiana es muy pareja entre quienes son favorables a la legalización de las drogas y quienes son contrarios a ella. Los legisladores del Partido Conservador y el Centro Democrático son lo más reacios a la legalización, mientras que la posición a favor de la misma es compartida mayoritariamente por los legisladores del Partido Liberal, el Partido de la U, Cambio Radical y de otros partidos minoritarios.
Si bien el actual presidente, apoyado por el Centro Democrático y Partido Conservador, se opone más claramente a la legalización de las drogas que el anterior gobierno de Santos, el porcentaje de legisladores claramente favorables a la legalización de las drogas en el Congreso se ha incrementado casi cuatro puntos, pasando del 41,4% a casi el 46% de los legisladores. Por su parte, el porcentaje de legisladores contrarios a la legalización ha disminuido del 43,8 al 38%, y los que adoptan una posición intermedia pasaron del 11% a casi el 15% de la cámara. Estos datos muestran que los legisladores que en 2016 permitieron por ley el uso medicinal del cannabis y de sus derivados (legislatura 2014-18) eran menos favorables a la legalización de las drogas que los congresistas actuales, a quienes les corresponde decidir sobre su uso recreativo.
En este sentido parecería bastante probable que Colombia se convirtiera en el segundo país latinoamericano después de Uruguay que legalice la producción controlada y el consumo de marihuana para uso recreativo. A pesar de contar con un gobierno contrario a la iniciativa, su legislación ya permite la dosis mínima legal y el uso medicinal del cannabis y cuenta con un porcentaje alto de legisladores de partidos muy diversos (incluso algunos oficialistas) que son favorables a la legalización de las drogas. No obstante, el salto de estos avances en la materia a la regularización de todo tipo de producción y consumo no es menor. Habrá que ver si aún en medio de un gobierno más conservador se logra este cometido.