Colombia y la participación política de exguerrilleros

Colombia vive unos meses de gran incertidumbre política. En marzo el presidente colombiano Iván Duque presentó seis objeciones a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y propuso una reforma constitucional para reformular la norma. Esta decisión, celebrada por su partido, Centro Democrático (CD), y por el expresidente Álvaro Uribe, puede interpretarse como una maniobra del gobierno para debilitar este mecanismo de justicia transicional que ya había sido aprobado en el Congreso y revisado por la Corte Constitucional. La JEP fue uno de los puntos clave del Acuerdo Final de Paz suscrito entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y tiene como objetivo satisfacer los derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto armado interno.

Las objeciones del presidente fueron rechazadas por la Cámara de Representantes de Colombia y quedaron en suspenso en el Senado porque la ausencia de algunos congresistas impidió que se lograse la mayoría necesaria para negar las objeciones. La decisión final quedó en manos de la Corte Constitucional, cuyos miembros han denunciado presiones después de que Estados Unidos cancelara el visado a dos magistrados de este alto tribunal y al presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El gobierno colombiano, a través de su canciller Carlos Holmes Trujillo, respondió que no intervendría en el tema de los visados, puesto que respetaba la soberanía de los Estados.

El conflicto entre el presidente y el poder judicial se agravó el pasado 15 de mayo cuando la JEP negó la extradición del exguerrillero de las FARC Jesús Santrich por narcotráfico y ordenó su puesta en libertad. Esta decisión judicial provocó la dimisión del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y de la ministra de Justicia, Gloria Borrero. Igualmente fue rechazada por el presidente Duque en una alocución pública en la que convocó a los partidos políticos a abordar “las reformas necesarias que nos permitan cerrarle las puertas al narcotráfico, a la impunidad y fortalecer la extradición como uno de los mecanismos que han probado su eficacia en la lucha contra los criminales trasnacionales”. Al mismo tiempo, la libertad de Santrich le abría la puerta del Congreso, donde conserva su investidura como representante a la Cámara.

El 16 de mayo Santrich salió en libertad, pero fue recapturado por la Fiscalía con el argumento de que existían nuevas pruebas por narcotráfico contra él, las cuales el Ministerio Público de Colombia no había entregado a la JEP durante el proceso llevado contra el exguerrillero. Existen múltiples dudas sobre la legalidad y competencia de la recaptura, que pone en cuestión el ejercicio de la justicia transicional producto de los acuerdos de paz.

En este clima de tensión política por la aplicación de los mecanismos de justicia transicional creados tras las negociaciones con las FARC, la base de datos de Élites Latinoamericanas de la Universidad de Salamanca (PELA-USAL) nos permite comparar la opinión de los congresistas colombianos que legislaron en el momento de la aprobación del Acuerdo Final de Paz (noviembre 2016; legislatura 2014-2018), y la de aquellos que fueron electos en marzo de 2018 (legislatura 2018-2022), que en noviembre del año pasado rechazaron las 16 Circunscripciones de Paz para las víctimas del conflicto armado previstas en los acuerdos de paz y quienes en este momento han tenido en su mano aprobar o rechazar las objeciones del presidente Duque a la JEP.

Encuesta a los congresistas

De las múltiples dimensiones del conflicto armado y los acuerdos de paz, el PELA recoge dos preguntas sobre la participación de los exguerrilleros en política y la aplicación de beneficios penales para los desmovilizados, realizadas en ambas legislaturas.

Pregunta: ¿Está Ud. de acuerdo con que se garantice que miembros de las guerrillas que se desmovilicen puedan participar en política? Para ello utilice para ello la siguiente escala de 1 a 10, donde 1 significa «Totalmente en desacuerdo» y 10 «Totalmente de acuerdo”. Fuente: PELA-USAL.

Respecto a la primera pregunta, desciende el apoyo de los congresistas a la participación de exguerrilleros en política en Colombia. Esta disminución, que en términos de porcentaje es cercana a un 10%, se puede atribuir a que, a diferencia del gobierno de Santos, el gobierno de Duque es crítico con los acuerdos, permitiendo a algunos congresistas asumir posiciones menos favorables a estos sin perder apoyo del gobierno central, lo que parece ser el caso de los miembros del Partido Conservador (PC); o incentivando a algunos a adoptar los nuevos vientos si quieren mantener buenas relaciones con el ejecutivo. Curiosamente solo aumentó el apoyo en dos partidos que previamente hicieron parte de la coalición de gobierno de Santos, el Partido Social de la Unidad Nacional (Partido de la U) y Cambio Radical (CR).

Pregunta: En una escala de 1 a 10, en donde el 1 significa «Totalmente en desacuerdo» y 10 «Totalmente de acuerdo», ¿hasta qué punto está Ud. de acuerdo con que los miembros de las FARC y/o del ELN que: se desmovilicen, confiesen sus crímenes…, etc. reciban reducciones en las penas privativas de la libertad o tengan la opción de pagar penas alternativas como la inhabilitación política, el servicio social o restricciones a su movilidad? Fuente: PELA-USAL.

En cuanto a la segunda pregunta, la de aplicación de beneficios penales, la dinámica es similar: una disminución leve de los apoyos. De nuevo se advierte que las mejoras por partidos de Colombia se dan en los dos oficialistas en el periodo 2014-2018: el Partido de la U y Cambio Radical. El mayor retroceso lo representan el Centro Democrático y el Partido Conservador (PC), soportes políticos del gobierno de Duque.

Ciertamente se puede ver cómo los acuerdos de paz gozan de menor apoyo en el Congreso surgido de las elecciones de 2018. En un efecto esperado ante la victoria de Duque y el uribismo, críticos de los acuerdos de paz, ya que el sistema político basa muchos de sus acuerdos y coaliciones en torno a la distribución de recursos desde el gobierno central. Lo que sorprende entonces es que ese apoyo sigue estando por encima del 60% e incluso del 70% en la participación política de exguerrilleros y la aplicación de beneficios penales, respectivamente. Estos datos nos ayudan a entender el rechazo del Congreso a las objeciones del presidente Duque a la JEP.