Colombia, país centralizado y eminentemente presidencialista, celebrará elecciones presidenciales en 2018. Quien sea el futuro presidente y su gobierno darán continuidad, modificarán o anularán el Acuerdo de La Habana que puso fin a la guerrilla más antigua del continente tras 53 años de lucha armada.
Las elecciones se producirán en un clima de furibunda división entre los grupos que han apoyado el proceso de paz desde su negociación y que, una vez alcanzado el posconflicto, están apoyando su implementación, y aquellos que se han opuesto desde el primer momento y que se aglutinan en torno al expresidente Álvaro Uribe. No obstante, otra bandera política en aumento, la lucha contra la corrupción, ha ido revelándose como una cuestión fundamental a raíz de diversos episodios surgidos en el último año y puede acabar resultando decisiva para las citadas elecciones.
Que el debate electoral se enfocara en la lucha contra la corrupción en igual o mayor medida que el posconflicto diferenciaría sobremanera a los políticos no manchados por la misma que se han unido en una plataforma electoral, integrada por Clara López, Jose Enrique Robledo, Claudia López, Sergio Fajardo, Antonio Navarro Wolff e incluso Gustavo Petro, en el caso de que acabe acordando junto a los anteriores formar parte de esa plataforma. Ello supondría a su vez una ampliación del campo electoral para esta plataforma política y para la suma de sus miembros, dado que podría contar con el apoyo de ciudadanos crecientemente preocupados por la corrupción pero que al mismo tiempo son contrarios al modo en que se ha llevado a cabo el proceso de negociación con las FARC y al resultado del mismo, cuestión que divide a la sociedad colombiana independientemente de su posición social.
Frente a la anterior plataforma, el uribismo y su partido del Centro Democrático así como el resto de candidatos conservadores o ultraconservadores cuentan con la dificultad de no haber escogido a su cabeza de filas. Se debaten entre uno eminentemente conservador y en quien Uribe pueda confiar (Ivan Duque, Rafael Loaiza o el exprocurador Ordóñez) o alguien más moderado, como Marta Lucía Ramírez, que podría ganar votos más allá del uribismo radical pero que, en caso de gobernar, no sería tan fácil de manipular por el mesiánico Uribe. Las posibilidades de este partido se sustentan en la poderosa figura de Uribe, quien junto a otros aliados logró una sorprendente victoria en el referéndum y que sin duda hará del “no” al cumplimiento del acuerdo su bandera de gobierno, dado que su círculo cercano e incluso él mismo no cuentan con un currículo ejemplar en lo que a corrupción respecta.
A todos los anteriores candidatos presidenciables se les debe añadir Germán Vargas Lleras. Quien durante mucho tiempo parecía ser el futuro presidente colombiano, ha visto limitadas sus aspiraciones políticas por escándalos como haber golpeado a su guardaespaldas y por la mayor polarización del país a raíz del “no”. Pese a haber sido ministro del Interior y vicepresidente en los dos periodos sucesivos de Juan Manuel Santos, Vargas Lleras nunca apoyó plenamente el proceso de paz, aunque tampoco lo contradijo frontalmente creyendo que esta postura “neutral” le llevaría al palacio de Nariño.
La polarización de los colombianos, disparada más si cabe por el resultado negativo de referéndum sobre el Acuerdo de La Habana, deja a Vargas Lleras en tierra de nadie. La lucha contra la corrupción cerca a muchos gobernadores y a personas próximas a las que su partido, Cambio Radical, avaló en sucesivas elecciones. Sin embargo, en un país como Colombia un hombre como él, con muchos apoyos de caciques de diversas regiones, tiene posibilidades de llegar a una segunda vuelta, en la que ya estarían en juego lógicas e intereses muy diferentes a los de la primera.