Hace casi tres décadas, al analizar los regímenes presidencialistas con sistemas multipartidistas de América Latina, algunos de los principales estudiosos de las transiciones democráticas señalaron sus problemas de gobernabilidad. El principal de ellos residía en la dificultad para alcanzar una mayoría necesaria en el Parlamento para aprobar la agenda del presidente. A pesar de este diagnóstico, tal desafío parecía haberse superado con la institución de gobiernos integrados por amplias coaliciones de partidos en diferentes países que presentan esta característica. Brasil es un claro ejemplo de cómo la combinación de multipartidismo con presidencialismo encontró en el modelo de coalición la posibilidad de garantizar la gobernabilidad.

En el denominado “presidencialismo de coalición” brasileño la fórmula que garantiza al presidente la mayoría parlamentaria es bastante compleja. Para tener dicha mayoría, el acuerdo se da en casi todos los casos con partidos de diferentes puntos del espectro ideológico, lo que, en general, lleva a una mayor moderación del gobierno que intenta agregar las preferencias de los involucrados en la coalición. Como es imaginable, a pesar de permitir la gobernabilidad, este acuerdo fragiliza al ejecutivo una vez que este tiene que negociar con una base heterogénea para aprobar una agenda. El modelo se torna aún más complejo cuando el Congreso está altamente fragmentado, como es el caso del que fue elegido en Brasil tras los comicios de 2014, con 28 partidos representados y con el número efectivo de partidos (NEP) más grande de la historia de Brasil, actualmente de 13.

Cabe sumar a esto que la coalición formada por Dilma Rousseff es bastante más heterogénea que la de sus antecesores Fernando Henrique Cardoso y Luiz Inácio Lula da Silva. Es decir, la base de apoyo del gobierno de Rousseff no es sólida, dado que no todos los partidos comparten el mismo programa, garantizando su apoyo tan solo por medio de negociaciones constantes por cargos y recursos. Sumado a estos elementos institucionales, un factor relacionado con la personalidad de la presidenta agrava la situación, dada su falta de habilidad para negociar con los parlamentarios y partidos de su base.

El vicepresidente de gobierno, Michel Temer, ha escenificado su alejamiento de Rousseff con una carta abierta donde manifestaba su descontento porque se consideraba tratado como una figura decorativa

El último gobierno de Rousseff empezó en 2015 con una coalición de nueve partidos de diferentes tendencias ideológicas. De 513 diputados, en las elecciones de 2010 la coalición de gobierno contaba con 351 en su base de apoyo, con 51 independientes (también considerados apoyo condicionado por aceptar alianzas ad hoc) y 111 de la oposición. En 2014, el arco de apoyo perdió 47 diputados, alcanzando la cifra de 304 escaños. Por otro lado, el numero de independientes también disminuyó, llegando a 43, mientras que la oposición ha ganado ocho partidos y más escaños, llegando a 176. Todo esto en un contexto donde, según datos del Departamento Intersindical de Assesoria Parlamentar, el índice de renovación del Congreso llegó al 46,59%.

El fortalecimiento de la oposición, unido a la fragmentación de la base de apoyo al gobierno fue uno de los factores fundamentales que influyó en la ruptura con el legislativo ocurrida en 2015, impidiendo el avance de la agenda política de la  presidenta y, peor aún, creando un escenario favorable al intento de inducir el final de su mandato a través de un proceso de impeachment. Dicha fragmentación se hace más visible al observar el comportamiento del principal partido de apoyo al gobierno, el Partido do Movimento Democrático Brasileira (PMDB). El propio vicepresidente del gobierno, Michel Temer, también presidente del PMDB, escenificó su alejamiento enviando una carta abierta a Rousseff en la cual manifestaba su descontento con la manera en que era tratado en el gobierno, según sus propias palabras, “como figura decorativa”. También es del PMDB el presidente del Congreso, Eduardo Cunha, involucrado en casos de corrupción y principal articulador de la petición de impeachment. Por otro lado, algunas personalidades del partido, como el gobernador del Estado de Río de Janeiro, Fernando Pezão, han manifestado su apoyo a la presidenta.

El segundo partido de la base de apoyo al gobierno muestra un comportamiento contradictorio, fruto de su división interna. En este escenario es posible percibir una peligrosa fragilidad en la coalición, donde algunos líderes de los partidos de la base de apoyo han manifestado abiertamente un posicionamiento contra el gobierno y contra Rousseff. La incertidumbre llega al resto de partidos aliados que, con excepción del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), autor de una acción en el Tribunal Supremo contra el impeachment, han evitado manifestar claramente su apoyo al gobierno o a la presidenta.

A pesar de su poca habilidad negociadora, circunstancia abiertamente reclamada por muchos políticos de la base aliada, Rousseff ha emprendido en 2016 un intento por reaproximarse al vicepresidente, como estrategia para contener la crisis y garantizar el apoyo de su partido.

En el actual escenario, la crisis política se ve agravada por el sentimiento de que el país se encuentra dividido, debido al resultado electoral de 2014, cuando Rousseff obtuvo 51,64% del total de votos y el candidato de oposición, Aecio Neves, el 48,36%, según datos del Superior Tribunal Electoral. Esta situación tiene un efecto negativo en la economía brasileña, ya de por sí debilitada, lo que aumenta el descontento popular en contra el gobierno. En este contexto, el posicionamiento intransigente de la oposición busca como salida la ruptura institucional mediante el intento de destituir a la presidenta a través del impeachment. Todo ello hace muy difícil sostener la gobernabilidad en el país.