China globaliza su corrupción

El arresto en la ciudad canadiense de Vancouver de Meng Wangzhou –directora de finanzas del gigante tecnológico chino Huawei e hija de Ren Zhengfei, su fundador– por acusaciones de que la compañía ha estado violando las sanciones contra Irán, ha avivado las llamas del intermitente conflicto entre Estados Unidos y China.

Pekín ha amenazado a Ottawa con represalias de todo tipo si extradita a Meng a EEUU. La gravedad del incidente va a depender del modo en el que la heredera de Huawei vaya a ser tratada, el tiempo que tome esclarecer su situación judicial y las explicaciones que reciba. La Casa Blanca alega que se trata de una actuación judicial independiente pero el hecho de que John Bolton, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, haya revelado que estaba al tanto de la captura antes de que se produjera confirmó que el incidente no fue un mero episodio judicial.

El Global Times, portavoz oficioso del PCCh, ha denunciado que Washington está tratando de destruir la reputación de Huawei, bajo sospecha en muchos países por supuestas actividades de espionaje a favor del régimen chino en un campo –el tecnológico– en el que hasta el último chip puede ser usado para tareas de espionaje, deliberado o inadvertido. Australia, Nueva Zelanda y BT han renunciado a utilizar equipos de Huawei en sus redes móviles 5G debido a la opacidad de las relaciones de la compañía con el ejército chino, del que Ren Zhengfei fue un alto oficial. Ya en 2012 EEUU vetó los equipos de Huawei en agencias oficiales por razones de seguridad nacional. Japón ha hecho lo mismo para evitar “filtraciones de inteligencia y ciberataques”.

Es mucho lo que está en juego. Una acusación de espionaje lleva las cosas al terreno de las estrategias militares, que es adonde han llevado siempre las guerras comerciales en el pasado.

La nueva ruta de la Seda

Los numerosos escándalos de corrupción en los 86 países en los que se están desarrollando los proyectos de infraestructuras de la nueva ruta de la Seda (Belt and Road Initiative, BRI) en los que China va a invertir un billón de dólares en los próximos 30 años, son una clara advertencia de los riesgos.

Tanto los ciudadanos como las empresas privadas chinas están obligados a entregar información sensible a las autoridades cuando el gobierno lo considere necesario. La ley de inteligencia de 2017 estipula explícitamente que todas las organizaciones y ciudadanos están obligados a “apoyar y cooperar” con los servicios de seguridad e inteligencia del Estado.

Hoy el sector privado chino es responsable del 60% del PIB, emplea al 80% de la fuerza laboral en las zonas urbanas y genera el 90% del empleo nuevo, lo que crea un potencial ejército de delatores entre sus miembros.

Negocios turbios

Desde 2013, China ha invertido unos 700.000 millones de dólares en más de 60 países, según estimaciones de la consultora RWR Advisory, la mayor parte en obras de infraestructuras públicas. Pekín nunca exige a sus socios cumplir con normas internacionales de transparencia en los contratos y adjudicaciones de contratos públicos, derechos laborales, normas medioambientales o de sostenibilidad financiera, lo que alimenta la corrupción y abruma con deudas a los países que reciben las inversiones.

Las tres principales agencias de rating califican de junk (basura) la deuda soberana de 27 países asociados al BRI. Otros 14 no tienen siquiera calificaciones, de lo que se deduce con facilidad que los intereses chinos son fundamentalmente geopolíticos antes que económicos.

En sus discursos sobre el BRI, las frases que más utiliza el presidente chino, Xi Jinping, son “comunidad de destino” y el papel de China en la creación de una “civilización política”.

La metástasis del cáncer

Desde que Xi lanzó su campaña anticorrupción en 2012, unos 2,7 millones de funcionarios chinos han sido investigados y unos 1,5 millones sancionados, incluidos siete líderes nacionales y una veintena de generales. Entre los procesados más recientes está Lai Xiaomin, exfuncionario del banco central y expresidente del banco estatal Huarong, acusado de ocultar en su mansión tres toneladas de billetes por valor de 40 millones de dólares provenientes de sobornos. China exporta hoy esos métodos.

Mahathir Mohamad ganó las elecciones malayas del pasado mayo por sus denuncias de los proyectos del BRI financiados por bancos chinos. Su gobierno ya ha cancelado una vía férrea que iba a requerir inversiones por valor de 20.000 millones de dólares y un gasoducto de 2.300 millones de dólares. Mientras tanto, el gobierno de Pakistán, que ha recibido 62.000 millones de dólares en inversiones chinas para proyectos como el del macro-puerto de Gwadar, ha sido reiteradamente rescatado por bancos chinos por lo que Islamabad es hoy un rehén financiero de facto de Pekín.

Ante esas evidencias, Myanmar ha paralizado las obras del puerto de Kyaukpyu, financiado por el BRI, hasta que China no reduzca sus dimensiones faraónicas. También en Maldivas, Ibrahim Solih, elegido el pasado septiembre, ha prometido revisar los contratos del BRI, que han canalizado a las islas préstamos chinos por valor de 1.300 millones de dólares.

Casi todos están manchados por irregularidades como licitaciones cerradas a compañías no chinas y condiciones coactivas como la obligación de crear joint-ventures con compañías chinas y la firma de avales gubernamentales que hacen recaer los riesgos en los países que reciben las inversiones.

En Kenia han sido detenidos varios altos funcionarios por recibir sobornos por la concesión del tren entre Nairobi y Mombasa. En 2017 Sri Lanka concedió a China un alquiler por 99 años de uno de sus puertos para evitar el default de uno de los créditos chinos. Lejos de ser créditos blandos, algunos proyectos del BRI se financian con préstamos a tipos del 30%.

Redes latinoamericanas

En Venezuela, el llamado “gran volumen”, un contrato de 20.000 millones de dólares firmado en 2010 entre Caracas y Pekín para construir infraestructuras energéticas, se convirtió pronto en una madeja de corrupción. Una investigación de la justicia de Andorra reveló que el empresario venezolano Diego Salazar y sus colaboradores cobraron 200 millones de dólares de cinco compañías chinas que fueron depositados en la Banca Privada d’Andorra (BPA), una entidad cerrada en 2015 por blanqueo de capitales.

Salazar es primo de Rafael Ramírez, el expoderoso ministro de Energía y expresidente de la petrolera estatal PDVSA entre 2004 y 2012, al que Nicolás Maduro ha acusado de malversar 4.000 millones de dólares de la petrolera. Según la jueza andorrana Canòlic Mingorance, Salazar adjudicó a empresas chinas varios contratos a cambio de sobornos y comisiones ilegales. Salazar fue detenido hace un año y se encuentra preso en Caracas, acusado con otras 27 personas de expoliar 2.000 millones de euros de PDVSA.

Los ‘overseas chinese’

China tiene una poderoso instrumento de influencia exterior: los overseas chinese, la diáspora china que desde mediados del siglo XIX se dispersó por el mundo en una de las mayores corrientes migratorias de la historia. Entre 1850 y 1950 emigraron más de 10 millones de chinos. Con el de San Francisco en California, el barrio chino de Lima (Capón), por ejemplo, es el más antiguo de las Américas. Entre 1849 y 1874 llegaron al país andino alrededor de 100.000 cantoneses. Los tusán (“nacido local”, en mandarín), como la familia Wong, forman hoy parte de su elite empresarial.

Los embajadores peruanos en Pekín, por ello, suelen tener apellidos chinos, lo que les da una clara ventaja comparativa –y no solo por el idioma– frente al resto de sus colegas latinoamericanos.

Los overseas chinese se organizan en grupos endogámicos y centralizados basados en un origen común, familiar o regional que forman asociaciones financieras, gremios, sociedades benéficas y cámaras de comercio que organizan su vida económica, resuelven sus disputas y les proveen protección política, además de financiar escuelas, hospitales y actividades sociales. De hecho, muchas veces los problemas que tienen las comunidades de la diáspora china son producto de su éxito económico. En Hong Kong, Taiwán, Malasia, Singapur, Indonesia y Filipinas las colonias chinas dominan sectores económicos enteros como el comercio, la banca y la industria.

Según un estudio de la escritora sino-americana Amy Chuan, en el año 2000 los chinos étnicos, menos de 2% de la población filipina, controlaban el 60% de la economía del archipiélago, entre ellas las cuatro principales aerolíneas del país, casi todos los grandes bancos, hoteles, y centros comerciales y los mayores holdings empresariales del textil, los astilleros, la construcción, las manufacturas y la distribución comercial.

En Indonesia, el 80% de las compañías que cotizan en la bolsa de Yakarta pertenece a chinos étnicos. En Malasia esa cifra es el 70%. En Tailandia solo tres de las 70 mayores compañías del país no son propiedad de chinos étnicos. En Vietnam dominan los negocios de exportación e importación, la industria ligera y la banca privada.

Muchos historiadores creen que sin la diáspora china, las reformas lanzadas por Deng Xiaoping en 1978 no hubiesen salido adelante por falta de capital, inversiones, tecnología, capacidad de gestión empresarial y redes comerciales globales. Sin su aportación, China probablemente se habría estancado en un nivel de desarrollo similar al de Indonesia o México.