Chile: ¿una o muchas naciones?

“Según el derecho de gentes, la conquista de los
pueblos bárbaros, ociosos y vagabundos es perfectamente legítima”.
Benjamín Vicuña Mackenna, El pueblo chileno (1879)

Elisa Loncón, la presidenta mapuche de la Convención Constituyente de Chile, nacida en 1963 en Lefweluan, en la Araucanía, dice tener un sueño: que en las escuelas públicas chilenas se enseñé mapudungún, su lengua materna. Ello representaría, dice, un acto de reparación histórica en una nación cuyas élites siempre han tenido una relación ambigua –cuando no conflictiva– con los pueblos originarios.

Después de la independencia, la joven nación chilena adoptó como símbolos a Lautaro y Caupolicán, los caudillos araucanos que La Araucana (1569) de Alonso de Ercilla exaltó como ejemplo de valentía y nobleza. A medida que avanzó el siglo XIX, sin embargo, la antigua admiración por la fiera defensa de sus libertades y territorios al sur del Bío Bío –una zona de frontera que durante la era colonial los habitantes del valle central rara vez cruzaban– se fue tornando en una creciente hostilidad. La “cruzada civilizatoria” de mediados del siglo XIX se sirvió de incursiones militares, cristianización forzada y de la inmigración europea –alemanes, suizos, austriacos…– para imponer valores “civilizados” en el Arauco, por entonces en manos de brujos-gobernadores (kalkus) nativos.

Según escribe José Bengoa en su Historia del pueblo mapuche (2000), la campaña de 1869 del coronel José Manuel Pinto, comandante de las fuerzas de la alta frontera (Malleco), arrasó y saqueó las aldeas de las tribus guerreras, capturando a mujeres y niños para “compensar” al ejército pacificador. La que dirigió el ministro de Guerra, Francisco Echaurren, movilizó 13 divisiones. El diario santiaguino El Ferrocarril calificó aquella violencia de “inhumana, imprudente e inmoral”.

«La ‘cruzada civilizatoria’ del siglo XIX se sirvió de incursiones militares, cristianización forzada y de la inmigración europea para imponer valores ‘civilizados’ en el Arauco»

Con el correr de los años, la violencia se atenuó, pero nunca cesó del todo. El régimen militar (1973-1989) dividió las comunidades nativas para forzarlas a vender sus tierras, un periodo que marcó la infancia y adolescencia de Loncón, que ahora preside el proceso constituyente que desmantelará el orden heredado de la Constitución de 1980, redactada por un grupo de notables designados por la junta militar y plebiscitada sin garantías democráticas.

Todo indica que la Convención Constituyente –inaugurada en julio y que tiene un año para concluir su trabajo– va a establecer un nuevo contrato social que ampliará el papel del Estado y los servicios públicos básicos, un reclamo central de las masivas protestas que comenzaron en octubre de 2019 y que la pandemia ha hecho aún más perentorio.

La legitimidad del mandato de la Convención es sólido. El 25 de octubre de 2020, el 78% de los votantes aprobó abrir el proceso constituyente, dando lugar a una Convención muy pluralista y sin poderes de veto singulares, paritaria en términos de género y con una edad media de sus miembros de 45 años. Un 63% son independientes, 103 de los 155. A los pueblos originarios (mapuche, aymara, quechua, mapuche, rapa nui, likán antay, kaweskar, selknam, yagan, diaguita y colla) se les asignaron 17 escaños.

Todas las constituciones latinoamericanas de las últimas décadas han sido más largas que las que estaban vigentes. No parece que Chile vaya a ser la excepción. En su primera votación sobre reglas, la Convención optó por hacer valer la mayoría simple, respaldada por 151 convencionales. La Convención, sin embargo, tiene claras limitaciones: debe respetar el carácter republicano del Estado, su régimen democrático, las sentencias judiciales y los tratados internacionales ratificados por el país.

Todo lo demás dependerá de los consensos que alcancen los convencionales. Hay un amplio acuerdo para incorporar los derechos sociales –educación, salud, seguridad social…– de forma más explícita, además de incorporar los llamados derechos de segunda generación (vivienda, medioambiente, no discriminación…). En Brasil y Colombia los asuntos de salud se empezaron a litigar en los tribunales a partir de su reconocimiento como derechos constitucionales.

Debates irresueltos y políticas de identidad

Los debates abiertos más importantes –y todavía no resueltos– van a girar en  torno al régimen político, la distribución de los poderes del Estado y, sobre todo, al carácter unitario –o no– de la nación, lo que incluye la cuestión de la autonomía territorial de los pueblos originarios. Nueva Zelanda y Canadá han integrado, por ejemplo, la declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas a su legislación, el modelo que proponen los mapuche para Chile.

Chile y Uruguay son de los pocos países de la región que hasta ahora carecen de provisiones constitucionales en ese sentido. Bolivia y Ecuador, en cambio, consagran el carácter plurinacional del Estado en sus constituciones. Los pueblos originarios chilenos quieren ir más allá, impulsando además una agenda medioambiental “ecocéntrica” para limitar las industrias extractivas, responsabilizar al sector privado de la protección de los ecosistemas y desprivatizar los derechos del agua.

Pero el radicalismo constituyente tiene sus riesgos. Si el texto es en exceso “refundacional”, los votantes podrían rechazarla en el plebiscito de salida, en el segundo semestre de 2022.

«Los pueblos originarios chilenos quieren ir más allá que sus pares latinoamericanos, impulsando una agenda medioambiental ‘ecocéntrica’ que limite las industrias extractivas y responsabilice al sector privado de la protección de los ecosistemas»

Según Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, los 17 constituyentes de los pueblos originarios suponen la irrupción en la esfera pública chilena de las políticas de identidad, es decir, la idea de que, al lado de la ciudadanía abstracta, hay identidades que por diversas razones –históricas, étnicas, culturales…–  merecen un reconocimiento especial del Estado.

Como lingüista, Loncón privilegia la educación intercultural bilingüe como un factor de integración social. Los mapuche, dice, creen que a través de la lengua “respira la tierra”. En 1990, Loncón participó en la creación colectiva de la wenufoye, la bandera mapuche, recogiendo símbolos, colores y elementos culturales que unifican a las 300 comunidades de las diversas etnias mapuches chilenas y argentinas –tehuelches, pehuenches…– reunidas en el Consejo de Todas las Tierras, en un proceso que Loncón llama de “descolonización a partir de la reconstrucción de la memoria”.

Nada, sin embargo, va a ser fácil. Hasta hace unas décadas, el 12 de octubre se celebraba en muchos países de la región el llamado Día de la Raza. Así, en singular, para subrayar una única raza: la que llegó en las naves. Los libros escolares argentinos suelen conjugar en tiempo pasado a los pueblos nativos: “habitaban, cazaban, creían…”. Es decir, ya no existen y si aparecen, deben ser guaraníes paraguayos, kollas bolivianos o mapuches chilenos.

Loncón sostiene que la “mentalidad colonialista” solo comenzará a desaparecer cuando Chile se reconozca como un Estado plurinacional y no solo multicultural, como hacen la mayoría de países latinoamericanos. El primero que se reconoció como tal fue Ecuador. La Constitución de 2008 promovida por el entonces presidente Rafael Correa garantiza y reconoce a sus pueblos y comunidades el derecho de participar en el uso, administración y conservación de los recursos naturales que se hallen en sus tierras.

«Los 17 constituyentes de los pueblos originarios reclaman la titulación total de los territorios indígenas para poder delimitarlos geográficamente, algo que va ser difícil de conciliar con las políticas extractivas del gobierno»

La Constitución de Bolivia de 2009, por su parte, reconoció derechos a la titulación colectiva de tierras y territorios y a la gestión territorial autónoma. En Perú, los pueblos amazónicos –awajún, ashuar, shipibos, asháninkas…– vienen buscando desde hace unos años su reconocimiento como “nacionalidades” para poder enfrentarse a las amenazas –minería y tala ilegales– que pesan sobre sus territorios.

Colombia ha reformado la Constitución de 1991 para reconocer la autonomía territorial de sus pueblos indígenas. En Chile, sus 17 constituyentes reclaman la titulación total de los territorios indígenas para poder delimitarlos geográficamente, algo que va ser difícil de conciliar con las políticas extractivas de los gobiernos nacionales y locales. Las empresas forestales son objetivo continuo de boicots, sabotajes y ataques en las regiones australes chilenas.

La empresa Nova Austral está instalando en el litoral de la región de Magallanes sistemas piscícolas para la cría del salmón que destruirán uno de los pocos ecosistemas prístinos que quedan en el planeta. Empresas noruegas explotan también concesiones de acuicultura en la Reserva Nacional Kawésqar, el último territorio limpio de la región de Magallanes. El 27 de julio de este año, un contingente policial chileno defendió a la China International Water and Electric Corporation desalojando a los miembros de organizaciones ecologistas que se oponen a la construcción de la Central Hidroeléctrica Rucalhue en el Bío Bío.

Así, no resulta extraño que los grupos conservadores quieran consagrar constitucionalmente el principio de la nación chilena como “una, indivisible y multicultural”. El 22 de julio, la constituyente conservadora Teresa Marinovic calificó como una “imposición y una provocación” que los representantes mapuches emplearan el “dialecto” de una mera “etnia”. Según Marcela Cubillos, exministra de Educación y actual constituyente, el “abuso” de identidades socava la igualdad ante la ley. En sus influyentes columnas de opinión, el director de Radio Bío Bío, Tomás Mosciatti, denuncia que el Estado Plurinacional es una amenaza para la “integridad territorial” chilena. Mosciatti reconoce que los mapuche son una nación, pero una nación “derrotada”.

Por el contrario, en Tribe and State (2021) Sumit Guha sostiene que la dureza del clima y la topografía fortalecen formas de organización social tribales y descentralizadas en los bordes y periferias de imperios y Estados, donde esos grupos sobreviven usando sus redes de parentesco para resistir a poderosos intrusos, mostrando así que no son vestigios arcaicos de un pasado remoto, sino estructuras sociales dinámicas, con una gran capacidad para adaptarse a los cambios políticos y económicos del mundo moderno.