Chile: participación electoral y corrupción

Más allá del resultado de las elecciones locales en Chile del pasado octubre, el dato más preocupante fue el alto nivel de abstención. Solo el 34,88% de la población en edad de votar ejerció su derecho, la participación más baja en la historia del país. Uno de los factores que puede explicar esta situación es la sucesiva revelación desde finales de 2014 de numerosos casos de corrupción, en concreto de financiación irregular de los partidos políticos, convertido en el principal problema del sistema político chileno según la percepción ciudadana. El efecto directo es la apatía y el desinterés hacia la política en general y hacia los representantes e instituciones en particular.

Los partidos políticos chilenos (tradicionales y emergentes) han buscado financiación para sus campañas electorales anteriores en una práctica que pareciera ser habitual y transversal, “burlando” las vías establecidas en la Ley N° 19.884 sobre transparencia y gasto electoral. Esta práctica consistía en que algunos representantes de los partidos –a título personal, así como en nombre de la organización– solicitaban financiación a dos grandes empresas, el Grupo Penta y Soquimich (SQM), de manera directa y privada. Este modo de proceder (conocido como “boletas ideológicamente falsas”) radica en que las empresas, para entregar el dinero, solicitaban una boleta o factura donde se señalaba algún tipo de servicio que nunca se realizaba.

La actuación por la que están siendo investigados los operadores de estas empresas, así como figuras políticas destacadas, es de tipo tributario, ya que este servicio inexistente se computaba como gasto de la empresa y, por tanto, disminuían las utilidades y se pagaban menos impuestos. Sin embargo, el efecto más perjudicial es la desconfianza generada entre la ciudadanía hacia los representantes por al menos dos razones. Primero, no se sabe con certeza si el dinero fue utilizado en las campañas electorales o bien fue a parar al patrimonio personal de las personas involucradas en los partidos. En segundo lugar, está la cuestión de qué ofrecían los partidos o los políticos de forma individual a cambio de la “donación” de las empresas.

La investigación sobre estos casos comenzó tras las elecciones de 2013, y los procesos judiciales se han mantenido, lo que no ha evitado que sigan saliendo nuevos episodios de financiación irregular. Desde entonces, se ha producido un amplio desfile de representantes políticos (algunos en ejercicio) así como familiares y asesores ante el Ministerio Público, con la correspondiente cobertura por los medios de comunicación.

La sociedad chilena no estaba acostumbrada a observar en la agenda mediática tantos casos de corrupción como los descubiertos en los tres últimos años. A pesar de los esfuerzos del gobierno para revertir la situación de desconfianza y falta de credibilidad de la política, creando un Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción y las modificaciones a las leyes de financiación de la política y del gasto electoral, la percepción ciudadana continúa siendo negativa.

Los estudios de opinión pública previos a las elecciones municipales de octubre mostraron que para los chilenos uno de los problemas urgentes que el gobierno debería hacer el mayor esfuerzo es la corrupción, solo superado por delincuencia. El 80% de los encuestados opinaban que “bastantes” o “casi todos” los políticos están involucrados en casos de corrupción, principal causa de las poca o nada confianza de los chilenos hacia los partidos políticos.

La percepción de los partidos políticos ha sufrido un grave deterioro desde hace años. El actual escenario marcado por la corrupción está incrementando aún más el desgaste de sistema político, de ahí la caída de la participación electoral en Chile. A menos de un año para las presidenciales, en las que se estrenará un nuevo sistema electoral (del binominal a uno proporcional), el desafío es mejorar la mala percepción de las instituciones y los representantes. Si no se toman acciones en este sentido, los niveles de participación volverán a ser bajos, afectando a la gobernabilidad y legitimidad de la democracia chilena.