Chile, dificultades en el gobierno de los tiempos mejores

Al ganar la presidencia por segunda vez, Sebastián Piñera sabía que no tendría un gobierno fácil, ya que de nuevo no contaría con una mayoría en el Congreso. El escenario auguraba problemas para sacar adelante su agenda legislativa. Para esto, necesitaba contar con una coalición disciplinada y generar acuerdos ad hoc con algunos partidos.

Al comienzo de su mandato, el presidente de Chile se enfrentó al estallido social, multitudinarias y prolongadas movilizaciones a lo largo del país. El malestar social se asociaba a las condiciones económicas y sociales en las que vive la población chilena, de tal manera que la solución radical pasó por un gran acuerdo para iniciar un proceso constituyente y la redacción de una nueva constitución. El periodo estival le dio una tregua, y en marzo de este año se reactivaron las movilizaciones, pero quedaron interrumpidas por la pandemia.

La parálisis económica y social han acentuado los problemas de vulnerabilidad económica, social y laboral del país. Como era de esperar, en un primer momento el gobierno acordó una ayuda para las familias más vulnerables: Bono Covid-19, ingreso familiar de emergencia, cajas de alimentos… pero estas fueron consideradas insuficientes.

Todos los partidos de la oposición, quizá en su momento de mayor unidad, se han mostrado disconformes con estas medidas y han intentado poner en la agenda política otras propuestas, rechazadas de manera tajante por el gobierno. Los problemas del gobierno, sin embargo, empeoran. La coalición de partidos se enfrenta a desacuerdos internos, lo que se ha traducido en apoyos de sus parlamentarios a las propuestas de la oposición, a pesar de todos los esfuerzos por parte del gobierno para que esto no ocurriera.

En junio se acordó un plan de 12.000 millones de dólares para superar la crisis del coronavirus. Sin embargo, los requisitos dejaban fuera a la clase media, también perjudicada. Desde la oposición tomó fuerza y aunó apoyos una reforma constitucional para que los trabajadores puedan, una sola vez, retirar hasta el 10% de sus fondos de pensiones, siempre y cuando ese porcentaje no excediera las 150 UF (4,3 millones de pesos o 4.760 euros aproximadamente).

El gobierno rechazó este proyecto y señaló que votaría en contra durante su discusión en el Congreso. Al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto de ley necesitaba dos tercios para su aprobación, suponiendo cierto manejo en el proceso legislativo. Sin embargo, en ninguna de las etapas logró de su coalición la disciplina requerida.

Previo a la votación, varios parlamentarios de la coalición gubernamental manifestaron que votarían a favor de la medida, por lo que se alcanzaría el quorum requerido. El gobierno realizó una serie de gestiones con los presidentes de los partidos y parlamentarios y se comprometió a mejorar las medidas económicas destinadas a la clase media. Estas se anunciaron el 14 de julio, destacando la asignación de una transferencia de 500.000 pesos chilenos para aquellos trabajadores cuyos salarios fuesen superiores a dicha cifra y hubiesen sufrido la pérdida o disminución del mismo, además del crédito blando, la congelación del pago de hipotecas y el aumento del subsidio al arriendo de viviendas. Estas promesas no convencieron a los parlamentarios ni a la ciudadanía en general, señalando que llegaban tarde y que, en definitiva, lo que la población exigía era acceso a su fondo de pensiones. El 15 de julio la Cámara de Diputados la aprobó por 95 votos a favor, 36 en contra y 22 abstenciones, con 13 votos de parlamentarios de Chile Vamos.

El gobierno volcó sus esfuerzos en el Senado, donde también se habían manifestado votos a favor por parte de Chile Vamos. Incluso manifestaron la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional o el veto presidencial como últimas instancias para frenar la promulgación de la ley. El Senado aprobó el proyecto por 29 votos a favor, 13 en contra y una abstención, con los votos a favor de cinco senadores de Chile Vamos. Pero introdujo un cambio en el proyecto, por lo que fue necesario que la Cámara de Diputados aprobara dicha modificación, lo que ocurrió el 23 de julio con 116 votos a favor. Andrés Allamand, senador por Renovación Nacional (RN) y uno de los líderes históricos del partido, rápidamente señaló que la coalición no recurriría al Tribunal Constitucional. El gobierno añadió que el presidente aprobaría el proyecto al día siguiente, el 24 de julio.

Ese mismo día, la Cámara de Diputados volvió a infringir una derrota al gobierno, esta vez con el proyecto de ley que prohíbe a las empresas que suministran servicios básicos cortar sus suministros por el impago de cuentas durante el período que dure la pandemia. En este caso, Piñera hizo uso del veto presidencial, argumentando que no era necesario pues se había llegado a un acuerdo de palabra con estas empresas para que no realizaran cortes en los hogares. Sin embargo, la Cámara de Diputados superó el veto y aprobó el proyecto original, sin las modificaciones realizadas por el presidente, nuevamente con votos provenientes de Chile Vamos. Lo mismo ocurrió en el Senado el 28 de julio.

El gobierno se reorganiza

El gobierno necesita de manera urgente organizar su coalición. Si ya era complicado concretar su agenda con una minoría en el Congreso, hacerlo además con una coalición indisciplinada es una tarea que parece imposible. Los primeros pasos en esta dirección han sido el reciente cambio de gabinete. Una renovación de los ministerios más políticos: Interior, Secretaría General de Gobierno (ambos con ministros pertenecientes a la Unión Demócrata Independiente), Defensa y Relaciones Exteriores (con ministros de RN). Los cuatro nuevos ministros son parlamentarios en ejercicio, por lo que se tendrá que proceder a su reemplazo.

Aún queda mucho mandato y el escenario futuro vista muy complicado: la pandemia aún no termina, ¡por no hablar de una segunda ola! Piñera tiene el reto de reactivar la economía y la generación de empleos, sin olvidar el estallido social que dio pie al proceso constituyente. Si bien las manifestaciones son menores, forzadas por la situación sanitaria, siguen presentes y es probable que se reactiven con fuerza en la medida que comience el desconfinamiento. Para que el gobierno pueda hacer frente a estos desafíos, necesita el completo apoyo de su coalición, sobre todo en el Congreso. Si no lo logra, el escenario de gobernabilidad se complica y puede terminar siendo un mero espectador, pagando el costo político que esto supone.