Camerún: Incertidumbre electoral y amenazas

Camerún  afronta la violencia en tres regiones, las comunidades locales están luchando para resistir el  reclutamiento de Boko Haram y la crisis humanitaria está empeorando. En este extracto de Watch List 2018, Crisis Group insta a la Unión Europea y a sus Estados miembros a apoyar los gobiernos regionales para proporcionar asistencia humanitaria y alentar al Estado a desarrollar proyectos para impulsar las economías locales.

Los problemas de gobernanza y seguridad de Camerún han atraído poca atención internacional durante estos años. Pero el país hace ahora frente a la violencia en tres regiones: el extremo norte, donde Boko Haram continúa organizando ataques a pequeña escala, así como en el noroeste y suroeste, donde surgió una incipiente insurgencia anglófona en 2017. A esta inseguridad ambiental se agrega la crisis de refugiados del este y la región de Adamawa, en la que 236.000 personas de República Centroafricana han huido de las batallas de las milicias. Las elecciones programadas para octubre de 2018 serán una prueba importante, al igual que la eventual transferencia de poder lejos del presidente Paul Biya, que tiene ahora 85 años. El año 2018 será crucial para la comunidad internacional, y en particular para la UE y sus Estados miembros, que podrán llevar a cabo acciones tempranas y evitar así una mayor escalada.

Boko Haram: todavía una amenaza para una región descuidada

Boko Haram, activo en el extremo norte de Camerún desde 2014, ha matado alrededor de 1.800 civiles y 175 soldados, secuestrado a unas 1.000 personas y quemado y saqueado muchos pueblos, mientras que el conflicto ha desplazado a unas 242.000 y ha perturbado gravemente la economía local. Unos 91.000 nigerianos han huido de la violencia relacionada con Boko Haram hacia Camerún. Aunque golpeado por las fuerzas de seguridad y asolado por divisiones internas, Boko Haram sigue siendo una amenaza en el extremo norte: en 2017 el grupo ha asesinado al menos a 27 soldados y gendarmes, así como también a 210 civiles. Podría recuperar fuerza si las autoridades camerunesas descuidan la crisis.

Los combatientes y asociados de Boko Haram se están rindiendo en números cada vez más altos. Docenas de exmilitantes han sido enviados a casa, después de jurar sobre el Corán que no se volverían a unir al grupo. Alrededor de otros 80 han sido detenidos en un campo militar de Mayo Sava. Para fomentar más rendiciones de este tipo, las autoridades deberían evitar la estigmatización general y diferenciar entre combatientes hardcore y el resto. El gobierno también necesita desarrollar un plan claro para contrarrestar el atractivo de las ideas yihadistas que algunos combatientes de Boko Haram, que se han entregado o han sido capturados, siguen defendiendo. Se carece de mecanismos efectivos de justicia y reintegración. Cientos de supuestos miembros de Boko Haram se encuentran actualmente en prisión preventiva, una condición que puede generar un mayor radicalismo de los mismos; su situación debería resolverse lo antes posible.

Las autoridades también tendrían que implementar mecanismos flexibles y poner al corriente a las áreas locales para facilitar la reintegración social de los excombatientes de Boko Haram y alentar nuevas rendiciones. Dejar la implementación a las veleidades de los esfuerzos locales ad hoc no es aconsejable: dada la destrucción causada por la insurgencia, las comunidades están muy resentidas, y los pésimos esquemas de reintegración concebidos podrían sembrar la semilla para problemas futuros. Esto contrasta con el vecino Chad, donde las comunidades locales parecen estar integrando a exmilitantes de forma informal con éxito. La UE debería instar a las autoridades nacionales, tanto de Yaundé como de capitales regionales, a elaborar e implementar sus propios planes para gestionar la desmovilización de los excombatientes de Boko Haram.

La guerra contra el grupo ha puesto a prueba las comunidades locales, ha dado lugar a crisis humanitarias y se necesita un plan de desarrollo a largo plazo. En 2018, los socios internacionales de Camerún, incluida la UE, deberían proporcionar más asistencia humanitaria en el extremo norte, fortalecer el apoyo a las personas desplazadas y a las familias de acogida, así como apoyar el retorno voluntario de los refugiados nigerianos. Cuando sea necesario, las operaciones de emergencia deberán continuar, pero los esfuerzos humanitarios también tendrían que evolucionar hacia un enfoque de desarrollo más sostenible.

El desafío es estimular la economía local sin llenar las arcas de Boko Haram, que grava el comercio local y cuyos esfuerzos de reclutamiento se han visto en el pasado facilitados en parte al ofrecer préstamos y otros incentivos financieros a pequeñas empresas. Lograr el equilibrio adecuado va a ser difícil. Pero el apoyo europeo a pequeños negocios dentro de las economías formales e informales, podría ayudar a reducir el respaldo local a Boko Haram. Por otro lado, aunque Yaundé ha controlado durante mucho tiempo el extremo norte mediante la captación de notables locales, el despliegue de Boko Haram por Camerún fue en parte fácil debido a la ira que desataban contra las élites del lugar. En cambio, el resto de países deberían alentar al Estado a reafirmar su presencia en el norte de una manera inclusiva y participativa, –en lugar de, a través de representantes– o incluso a través de un desarrollo que impulse el potencial de ingresos locales.

La crisis anglófona: una insurgencia desde el comienzo

La crisis en las regiones anglófonas (noroeste y suroeste) que empezó como una protesta sectorial, se está convirtiendo, tras la violenta represión de las fuerzas de seguridad camerunesas del 22 de septiembre y el 1 octubre, en una insurgencia armada. Si bien hay extremistas entre los militantes, el gobierno tiene una gran parte de responsabilidad del conflicto. No reconoció la legitimidad de las quejas anglófonas; sus fuerzas de seguridad cometieron abusos generalizados y encarceló a muchos activistas pacíficos en 2017.

Varios pequeños grupos de “autodefensa” (los Tigres, las fuerzas Ambaland y las Vipers, por nombrar algunos) ahora operan junto a dos milicias armadas: las Fuerzas de Defensa de Ambazonia (ADF) y las fuerzas de Defensa del sur de Camerún. Desde noviembre de 2017, estos grupos lanzaron ataques de baja intensidad que mataron al menos a 22 soldados y gendarmes y lesionaron a 25. Un número desconocido de combatientes separatistas murió en estos enfrentamientos. La represión militar también cobró un gran número de víctimas humanas y provocó importantes violaciones de derechos humanos. La violencia ha dejado al menos 90 civiles desde octubre de 2016. Alrededor de un millar han sido arrestados y 40 siguen en la cárcel. Más de 30.000 anglófonos son refugiados en Nigeria y decenas de miles han sido desplazados internamente.

Dado que la crisis está enraizada en reclamaciones basadas en la identidad histórica, en particular, el fuerte sentimientos entre los anglófonos que se han sentido marginados política y económicamente, no habrá una fácil solución. El gobierno deberá cambiar el rumbo y negociar de buena fe. Su negativa a entablar un diálogo con líderes anglófonos pacíficos ha corroído la confianza de la comunidad en las instituciones estatales y ha provocado una escalada de violencia. La crisis también ilustra los límites del modelo de gobierno centralizado del país, que muestra signos de atrofia. El descontento sigue creciendo en las áreas de habla inglesa. Los informes sugieren que algunos miembros de las fuerzas de seguridad se están uniendo a la insurgencia.

Un diálogo directo entre el gobierno y los líderes de la comunidad anglófona es fundamental para reducir la crisis, particularmente antes de las elecciones de octubre. Una conversación más amplia, que debería incluir la discusión de diferentes modelos de descentralización y federalismo, también es importante dados los fallos del modelo actual. La UE y sus Estados miembros deberían aprovechar la preocupación del gobierno por su imagen internacional y su deseo de preservar la cooperación con ellos para impulsarlo hacia conversaciones directas y un diálogo nacional.

Incertidumbres futuras

La mayoría de las amenazas a la seguridad del país se deben, al menos en parte, a la mala gestión y a un sistema político demasiado centralizado. Si bien es probable que en las elecciones de 2018 el partido gobernante conserve el poder, un voto percibido como manipulado o injusto podría disminuir aún más su legitimidad, alejándolo de los ciudadanos y alimentando mayores niveles de violencia. La temporada de elecciones será especialmente arriesgada si, como parece probable, los militantes anglófonos intentan interrumpir la votación en las regiones del noroeste y del suroeste, y posiblemente en otros lugares.

En términos más generales, si bien muchos activistas locales y actores internacionales ven una eventual transición del presidente Biya, cuyo partido domina al gobierno, como un requisito previo para las mejoras en la gobernanza, también temen que su partida pueda desencadenar inestabilidad. Las potencias europeas y otras  extranjeras deberían comenzar a sentar las bases para una transferencia pacífica de poder; cuanto más se deteriore la situación, más difícil será recoger las piezas. Tienen dos oportunidades para hacerlo en 2018: primero, apoyando el diálogo entre el gobierno de Biya y los líderes anglófonos, como se describió anteriormente; y,  segundo, trabajando con el organismo electoral de Camerún (Elecam) y presionando al gobierno para que permita, y luego despliegue, a los observadores electorales, con el fin de que protejan la integridad del voto de la mejor manera posible y así generen confianza en el sistema electoral. Incluso las pequeñas ganancias en estas áreas ayudarían a reparar el deshilachado contrato entre el Estado camerunés y sus ciudadanos.

Este artículo sobre la incertidumbre electoral en Camerún y las múltiples amenazas a la seguridad a las que se enfrenta el país es parte del informe anual de Crisis Group, titulado “Watch List 2018”, sobre las amenazas a tener en cuenta este año.