Camerún: conflicto y elecciones en 2011

Más de lo mismo en África.

Richard Moncrieff (director del proyecto África Occidental de International Crisis Group)

Después de 28 años bajo el gobierno de Paul Biya, Camerún se encuentra en una situación de inestabilidad grave que no sólo podría echar a perder las próximas elecciones presidenciales en 2011, sino que también pone en riesgo su papel como principal pilar de estabilidad en África Central.

Las probabilidades de que Camerún pase a formar parte de aquellos países donde la toma de poder pasa por la fuerza, aumentan cada día: la ambigüedad legal y constitucional, los intentos gubernamentales por controlar el proceso electoral, las rivalidades entre los barones del régimen, el empobrecimiento y la insatisfacción de la población, el estado de frustración del ejército, así como el elevado nivel de corrupción, hacen temer una crisis mayor.

La Alianza Democrática Popular (Rassemblement Democratique du Peuple Camerounais, RDPC, en francés), partido en el poder, posee el control del aparato administrativo, la justicia y el proceso electoral. La posesión de la mayoría de escaños parlamentarios le ha permitido modificar leyes a su antojo, como el cambio de la Constitución de 2006 mediante la supresión de la limitación del número de mandatos presidenciales. Este hecho generó graves disturbios y la muerte de decenas de personas. El gobierno ha ignorado además las leyes previstas en la Constitución de 1996, que preveían el establecimiento de instituciones como asambleas regionales, un Senado y un Consejo constitucional.

El partido de Biya está cada día más fragmentado. Es consciente de su impopularidad y su fuerte debilidad debido a las rivalidades internas por el control de los recursos naturales –la principal fuente de ingresos de Camerún– o la lucha por el poder para las elecciones. A pesar de mantener la incertidumbre sobre su posible candidatura, es probable que Biya pretenda seguir en el poder más allá de 2011. Sin embargo, la edad del presidente, 77 años, y la posibilidad de una enfermedad prolongada o su desaparición en funciones, parecen cada vez más evidentes. Si ello ocurre, podría desencadenarse un fuerte conflicto.

Por otro lado, las fuerzas de seguridad, compuestas por el ejército, la gendarmería y la policía, también se encuentran divididas: a pesar de que los cuerpos de élite están bien equipados y entrenados, las unidades ordinarias no cuentan con los recursos necesarios y tienen poca preparación, mientras que el ejército en su conjunto, sufre tensiones generacionales. El rechazo a la jubilación por parte de los generales más veteranos bloquea el relevo de los oficiales jóvenes. Además, numerosos componentes de seguridad son conocidos por sus conexiones con el mundo de los negocios y su implicación en actividades criminales.

En lo que respecta a la población civil, varios son los factores que nutren su descontento: el alto nivel de corrupción, la existencia de un sistema político basado en el clientelismo y la costumbre del gobierno por vigilar permanentemente a sus ciudadanos. La presencia de indicadores de seguridad en las aulas universitarias, los grupos corporativistas o el desfile de milicianos armados en los campus universitarios, podría producir tensiones sociales lideradas por los jóvenes.

Teniendo en cuenta la situación actual, es probable que las elecciones de 2011 den lugar a enfrentamientos, si no se organizan bien o no existe la posibilidad de que se realicen en condiciones democráticas. En ese caso podrían ser los ciudadanos, los miembros de la clase política y del cuerpo de seguridad quienes escojan la violencia como medio para escapar del callejón sin salida en que se hallan. Para evitar posibles catástrofes, es preciso que se tomen medidas a corto y largo plazo.

Lo más importante, es asegurar unos comicios en un entorno tranquilo, libre e igualitario, y garantizar la neutralidad por parte de las fuerzas de seguridad. El gobierno camerunés debería favorecer una mayor transparencia en el proceso electoral, restaurando la independencia del órgano encargado de organizar y supervisar las elecciones. La administración de Biya necesita revisar el código electoral y establecer listas fiables. En cuanto a la comunidad internacional, debería apoyar el proceso electoral, así como la formación de las fuerzas de seguridad, denunciando malas prácticas, y previendo misiones de observación.

A largo plazo, y como objetivo primordial, tanto el gobierno de Biya como los socios internacionales de Camerún –especialmente Francia y Estados Unidos– deberían garantizar el establecimiento de las instituciones previstas en la Constitución de 1996, y que aún no han visto la luz. De este modo, la transición hacia un nuevo gobierno podría realizarse de modo más fluido.

La larga presencia de Biya en el poder, su manipulación de las distintas etnias, la corrupción y la criminalización de las élites han alimentado muchas frustraciones. Los incidentes de 2008, donde se mezclaron reivindicaciones económicas, contestaciones del régimen y manipulación política, dan una idea del riesgo de conflicto. Una situación caótica podría conducir a un golpe de Estado militar, con repercusiones nefastas para un país que, hasta el momento, representa un pilar para la estabilidad de la región.