Cambio climático y asimetrías globales: la COP26

Tomando como referencia el Sexto Informe de Evaluación de 2021 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, siglas en inglés), para el periodo 1960-2019, los dos principales gases de efecto invernadero han sido el dióxido de carbono (CO₂) y el metano (CH₄). En el caso del CO₂, aproximadamente dos tercios corresponde a la quema de combustibles fósiles y un tercio al uso de la tierra. En el caso del CH₄, la situación se invierte, con un tercio proveniente de los combustibles y dos tercios provenientes de la agricultura y la gestión de residuos. Según el informe citado, el incremento medio de temperatura del aire en la superficie de la Tierra, entre 1850-1900 y 2011-2020, ha sido de 1,09 grados centígrados (1,29 grados centígrados entre 1750 y 2019).

Del informe realizado por el IPCC se derivan cuatro cuestiones principales: (1) los procesos de calentamiento global y alteración del clima se están dando de manera más acelerada a la esperada, (2) dada la inercia existente, la continuación del aumento de las temperaturas hará que los cambios futuros sean de mayor amplitud, (3) el fenómeno del cambio climático afecta a todas las regiones del mundo y (4) el vínculo causal se da entre las actividades de origen antrópico y el cambio climático.

Siendo la quema de combustibles fósiles no renovables la principal razón que da origen a la alteración climática, la civilización confrontada a este fenómeno se ha visto obligada a asumir un nuevo relato, un cambio de paradigma orientado a repensar los modos de abastecernos de energía y a tomar acciones consistentes en dirección a transformar nuestros sistemas energéticos y productivos. Se trata de un cambio estructural y sistémico sin precedentes que se suele referir como Transición Energética. Este proceso de transformación estructural de los sistemas energéticos debe ser concebido y encarado con la máxima racionalidad y responsabilidad posibles, procurando no sobrestimar el potencial de las nuevas tecnologías de energía y conversión, ni subestimar la inercia económica, tecnológica y social que posee el desarrollo de la actual infraestructura energética.

«El proceso de la Transición Energética debe ser concebido procurando no sobrestimar el potencial de las nuevas tecnologías de energía y conversión»

Esta última afirmación es particularmente relevante en el caso de los países en vías de desarrollo o con niveles de ingreso medio, puesto que deben afrontar un gran esfuerzo de transformación en un contexto de grandes restricciones económicas y financieras, debidas a la necesidad de consolidar un sendero de desarrollo inclusivo con altos niveles de endeudamiento externo. Sobra decir que la pandemia del Covid-19, agravó el nivel de exposición de estos países a potenciales crisis económicas a causa del incremento sustancial de sus niveles de deuda y, por tanto, redujo en el corto plazo, los grados de libertad para acelerar el proceso de transformación referido.

En junio de 2018, en la Cumbre del G20 celebrada en Argentina, los ministros de Energía consideraron correcto y aplicable el enfoque que la presidencia argentina del G20 quiso dar a las contribuciones nacionales (G20, 2018). En esa instancia, se reconoció la existencia de diferentes caminos nacionales posibles, a raíz también del concepto de las Contribuciones Nacionales Determinadas o NDC con la finalidad de lograr sistemas energéticos más limpios, promoviendo la sustentabilidad, la resiliencia y la seguridad energética, bajo el término «transiciones» (en plural). Esta visión refleja el hecho de que cada país, según su nivel de desarrollo particular, tiene una matriz de energía característica y diversa como punto de partida, con diferentes recursos energéticos disponibles, dinámicas de demanda, tecnologías habilitantes, capital nacional, características geográficas, sociales y culturales diferentes y, fundamentalmente, niveles distintos tanto absolutos como relativos de aportación al problema.

Cambio en ciernes

Como ya se comentara, el dilema que supone encarar esfuerzos en dirección a las transiciones energéticas se torna más evidente en el caso de los países periféricos, cuyos niveles de ingreso, deuda y pobreza los obliga a cotejar la situación económica presente y confrontar el tremendo desafío que supone el cambio en ciernes, buscando maximizar las posibles oportunidades que pudieran existir para catalizar, a partir de la transición energética acordada por el país considerado, un proceso de desarrollo industrial sinérgico e integral basado en la aportación de capacidades y valor agregado doméstico.

En tal sentido, y tomando esta disquisición en consideración, vale rescatar el Principio de las Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas consagrado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y negociado en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992. Dicho principio reconoce que todos los Estados tienen la responsabilidad de abordar los desafíos que plantea el cambio climático, pero concede que no todos los países tienen las mismas obligaciones ni responsabilidades respecto al desafío que supone. El principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas se basa en el reconocimiento de cierta disparidad en la contribución al problema y, por tanto, también en la forma en que se aborda la mitigación del fenómeno.

En efecto, la pandemia del Covid-19 ha puesto de relieve los grados de interconexiones e interdependencias entre naciones, así como el potencial efecto de cascada sectorial que generan impactos en todos los frentes de la sociedad con consecuencias de gran alcance para todos. En este sentido, los países desarrollados con altos niveles de emisiones tienen la oportunidad histórica de darle una vuelta de tuerca al capitalismo global, acelerando la reducción de emisiones a través del incremento sustancial de la electrificación para ser utilizada, particularmente, en el sector del transporte y promover la descarbonización de sectores industriales intensivos en usos calóricos de difícil abatimiento, como el sector del hierro y acero, aluminio y la industria química, a través de, por ejemplo, la utilización del hidrógeno verde producido a partir de la electrólisis del agua.

«Los países desarrollados con altos niveles de emisiones tienen la oportunidad histórica de darle una vuelta de tuerca al capitalismo global»

Mediante revisiones más ambiciosas de sus NDC, mejorando de forma significativa la ejecución de los diversos mecanismos de políticas de aliento, incentivando la inversión a gran escala en tecnologías eficientes y renovables, generando un mercado que facilite la reducción de los costes de inversión y, promoviendo la movilización global de recursos a través de la financiación blanda y la Ayuda Oficial al Desarrollo y una transferencia tecnológica asentada, por ejemplo, en una reducción de las regalías provenientes de los derechos de propiedad intelectual de algunas tecnologías, es posible que los países desarrollados generen un punto de apalancamiento a partir del cual las transiciones energéticas de todos los países, incluyendo los menos desarrollados, puedan cobrar impulso, acelerarse y se logre contribuir a incrementar los niveles de desarrollo de todos.

A medida que las economías de los países avanzan en dirección a una reducción de la dependencia de las energías fósiles, las consecuencias geopolíticas, económicas, sociales, tecnológicas y ambientales de los países experimentarán una reconfiguración sustancial, tanto local como global. Siendo el cambio climático un fenómeno de carácter sistémico que impacta sobre todos los países y cuya solución depende de todos, resulta indispensable realizar un monitoreo permanente de las condiciones bajo las cuales este proceso de cambio estructural se desarrollará con miras a atender los desequilibrios que pudieran producirse y contemplar la existencia de mecanismos que contribuyan a equilibrar los esfuerzos encarados por todos los países.

Por ejemplo, los países con grandes reservas de petróleo y gas natural, muchos de ellos de ingresos medios y bajos, serán más propensos a quedarse con activos varados no amortizados en escenarios de mayores regulaciones climáticas. Asimismo, los países con altos niveles de capital tecnológico podrán gozar más plenamente de los beneficios comerciales derivados de la reconversión energética. Según el caso, una acción climática fallida tendría un mayor impacto potencial en daños y pérdidas ocasionados a largo plazo y esto es algo que los países con menores niveles de ingreso no pueden permitirse. Como parte de la recuperación pospandémica, existe la necesidad real de apoyar a estos países en el camino hacia un desarrollo bajo en carbono movilizado por la transición energética (BID, 2021).

Uno de los mecanismos que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Naciones Unidas y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos están analizando, consistiría en contar con instrumentos financieros que faciliten el “canje de deuda por clima” (debt-for-climate swaps). A través de este tipo de mecanismo, los acreedores internacionales ofrecerían un alivio de la deuda a cambio de determinadas acciones de mitigación, que variarían entre países según las características particulares de sus transiciones energéticas. Dicho alivio podría consistir en convertir la deuda a moneda local, bajar la tasa de interés, cancelar parte de la deuda o una combinación de los tres, de manera que el deudor redirigiera los recursos ahorrados hacia iniciativas destinadas a aumentar la resiliencia climática, reducir las emisiones de GEI o proteger la biodiversidad. Los intercambios de deuda por clima además de aliviar la situación de endeudamiento de los países, contribuiría a mejorar el gasto, orientándolo a actividades amigables con el clima e incentivando la participación de sectores que favorecen la acción climática, impulsando la recuperación de la economía.

«Los acreedores internacionales ofrecerían un alivio de la deuda a cambio de determinadas acciones de mitigación, que variarían entre países según las características particulares de sus transiciones energéticas»

Otro asunto al que se le debería prestar la debida atención se relaciona con cómo se distribuyen los costes y beneficios de las transiciones energéticas al interior de las sociedades. Fruto del deficiente desempeño de la economía en la última década, así como de los adversos impactos económicos que produjo la pandemia, los niveles de pobreza se han incrementado en muchos países, tanto en términos absolutos como relativos. Por otro lado, garantizar el acceso a servicios energéticos asequibles, seguros y sostenibles para toda la población es un pilar primordial del desarrollo, ya que es la base para la satisfacción de un vasto conjunto de necesidades humanas. Es por ello que el sendero hacia la transición energética que se encare al futuro debe necesariamente no solo contemplar la creación de empleo doméstico, sino también orientarse a procurar reducir la pobreza energética brindando acceso a la energía de calidad asequible para todos y todas. La falta de electrificación, el uso de combustibles contaminantes en la cocción, la nula o deficiente aislación térmica de las viviendas, el alto gasto en servicios energéticos, entre otros, son cuestiones que deben abordarse en el contexto de la transición energética.

En efecto, el desafío que supone la transición energética debería, concebirse como una transición justa donde el acceso a la energía limpia sea vista como un derecho (Dehays y Schuschny, 2018). El concepto de transición justa trasciende el ámbito social y se imbrica también en lo técnico. Por ejemplo, una conexión indebida por parte de hogares vulnerables puede generar considerables requerimientos de inversión adicional en los sistemas eléctricos, en particular cuando hay implicados usos calóricos de la energía eléctrica, que dan lugar a altos consumos de electricidad. Esto nos muestra que las políticas de acceso asequible a la energía deben encuadrarse en programas integrales de uso racional de la energía, que favorezcan la coordinación entre los proveedores del servicio y sistemas de distribución y los programas de eficiencia energética que facilitan el acceso a equipamiento eficiente y la chatarrización del ineficiente.

Mitigación climática

Los países signatarios del Acuerdo de París de 2015 sobre Cambio Climático se encuentran revisando sus planes de mitigación climática (es decir, sus NDC). El Acuerdo de París estableció el objetivo común de limitar el aumento de temperatura promedio global (en relación con los niveles preindustriales) por debajo de los dos grados centígrados, procurando realizar esfuerzos para alcanzar 1,5 grados centígrados. No obstante, los compromisos asumidos en línea con las NDC actuales no alcanzarían a limitar el aumento de la temperatura a dos grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Tal como se puso de manifiesto en la pasada cumbre sobre Cambio Climático COP26 de Glasgow, son numerosos los actores que instan a una mayor ambición climática.

Durante la conferencia se hicieron algunos anuncios alentadores. Uno de los más importantes fue que los líderes de más de 120 países, que representan alrededor del 90% de los bosques del mundo, se comprometieron a detener y revertir la deforestación para 2030. También hubo un compromiso de más de 40 países para reducir las emisiones de metano. Además, más de 100 gobiernos nacionales, ciudades, Estados y grandes empresas firmaron la Declaración de Glasgow sobre automóviles y furgonetas con cero emisiones, para poner fin a la venta de motores de combustión interna para 2040. Además, Estados Unidos y China se comprometieron a impulsar la cooperación climática durante la próxima década.

Asimismo, tras largas discusiones y la redacción de varios borradores se logró emitir un documento final firmado por los países asistentes a la COP26 con algunos avances. El documento, aunque no tiene carácter vinculante, busca establecer una agenda global contra el cambio climático para la próxima década. La declaración destaca la mención del carbón como una de las principales fuentes del calentamiento global y se plantea el compromiso para reducir su uso. Igualmente, se hace mención a la reducción gradual de los subsidios a los combustibles fósiles; se insta a los países a actualizar sus metas de reducciones de emisiones a 2030; se enfatiza la necesidad de aumentar de forma significativa el apoyo a los países en desarrollo para adaptarse al cambio climático; y se plantea la necesidad de profundizar el diálogo en relación a las necesidades de financiación y la supuesta deuda climática.

En última instancia, se necesitarán múltiples soluciones para abordar las crisis climáticas que afrontan los países de ingresos bajos y medios. Es necesario realizar esfuerzos de todo tipo y a todos los niveles para incrementar la magnitud de las acciones encaradas por el sector privado, proveer la financiación necesaria para respaldar la inversión en infraestructura resiliente y con bajas emisiones de GEI, así como fomentar la creación de capacidades técnicas y el apoyo al cambio de políticas, regímenes de promoción y regulaciones, y facilitar el acceso universal a la energía y a los beneficios de una transición justa y soberana hacia tecnologías bajas en carbono.