Inicio del curso confuso en Bruselas. La reunión informal del Eurogrupo, celebrada el 9 de septiembre, presenta una agenda deslavazada, en la que las políticas de austeridad conviven con una crecimiento renqueante, mientras la Unión Europea se enfrenta a múltiples retos políticos. El Brexit ha generado una potente onda expansiva, empoderando a los partidos euroescépticos y xenófobos. La crisis de los refugiados está creando profundas divisiones en la UE. La oleada de atentados extremistas a lo largo del verano ha convertido el terrorismo en un problema de primer orden. Y persiste el enfrentamiento con Rusia a raíz de la crisis de Ucrania.
Ante este clima y con un 2017 copado de elecciones, la inercia se ha adueñado de las políticas económicas. La austeridad sigue siendo la orden del día, pero su aplicación manifiesta dejadez. Ya es frecuente referirse a este procedimiento como dar «patadas adelante» para salir del paso.
En el plano económico, la recuperación es frágil. Las proyecciones de Eurostat sitúan el crecimiento de la UE en un 1,8% para 2016, por debajo del 2,2% de 2015 (las cifras son de 1,6% y 2%, respectivamente, para la zona euro). La deuda pública de la zona euro se ha reducido moderadamente (de un 92% en 2015 al 90,7% de 2016), pero continúa por encima del 84% de 2010, año en que se impuso la austeridad presupuestaria. La mejora viene determinada, en parte, por el tirón de Alemania. En 2014, el gobierno federal cerró su primer superávit desde 1969. Berlín ha anunciado que destinará la mayor parte de los fondos ahorrados a financiar la acogida de refugiados en vez de reducir la deuda pública, pero el gobierno mantendrá una política de déficit cero.
Fuente: Comisión Europea.
Tensión en el Mediterráneo
La Europa mediterránea se encuentra lejos de cuadrar sus cuentas, o incluso de empezar a limar déficits. Sus dos principales potencias, Francia e Italia, se mantienen en vilo ante una agenda política densa. En noviembre, Matteo Renzi se enfrenta a un referéndum sobre la reforma de la constitución italiana, que será interpretado como una evaluación de sus dos años y medio al frente del país. En Francia, las elecciones presidenciales de 2017 condicionan la agenda de François Hollande, quien, tras granjearse una impopularidad sin precedentes, probablemente no pase siquiera a la segunda ronda de votación. Tanto Renzi como Hollande apoyan una relajación de la disciplina fiscal europea en lo que concierne a los déficits públicos.
En la península Ibérica, la Comisión Europea ya amenazó, a mediados de 2016, con multar a España y Portugal por incumplir sus reglas de déficit. Aunque en aquella ocasión se impusieron las voces moderadas –las del comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, y el presidente Jean-Claude Juncker– frente a los “halcones” que exigían recortes –el comisario de Euro y Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, y Jeroen Dijsselbloem, presidente del Eurogrupo–, el impasse político en España comienza a generar inquietud en Bruselas. A cambio de evitar la sanción de 2.000 millones de euros, el ejecutivo de Mariano Rajoy se comprometió a ahorrar 10.000 millones en recortes. El endurecimiento del impuesto de sociedades no será suficiente para reducir el déficit por debajo del 3% en 2017, habida cuenta de que el gobierno en funciones tendrá que prorrogar los presupuestos de 2016. El 15 de octubre es la fecha límite para que España presente nuevas medidas de ahorro; de no convencer a sus socios europeos, podrían reconsiderar la multa y congelar la financiación de hasta 78 programas regionales mediante fondos estructurales.
Grecia también augura quebraderos de cabeza para Bruselas. En mayo, el gobierno de Alexis Tsipras se comprometió a continuar implementando las duras recetas de austeridad a las que el país lleva sometido desde 2010, a cambio del desembolso de 10.300 millones de euros del programa de rescate. Pero el gobierno griego no está satisfecho con el status quo. Atenas convocó, el 9 de septiembre, una cumbre de países mediterráneos (los anteriormente mencionados, más Chipre y Malta) con la intención de definir una frente común que exija menos recortes y inversión publica a las instituciones europeas.
También persisten las profundas discrepancias entre el Fondo Monetario Internacional, que exige quitas de la deuda pública griega y ha reconsiderado su participación en los programas de rescate, y las instituciones europeas. Presionadas por Berlín, estas han rechazado quitas de deuda y únicamente han consentido en ampliar los plazos de devolución a partir de 2018.
La fecha no es accidental. Alemania celebra elecciones generales a finales de 2017, y Angela Merkel se enfrenta a una dura competición por parte de la Alternativa por Alemania (AfD), nuevo partido populista y xenófobo. No es la primera vez que la agenda europea (y más particularmente la griega) queda aparcada a la espera de elecciones alemanas.