El 21 de febrero (21F) se cumplieron tres años de la peor derrota política del actual gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia. En esa fecha, la ciudadanía optó mayoritariamente por rechazar la posibilidad de modificación de la actual Constitución que permitiera una cuarta repostulación del binomio Evo Morales y Álvaro García Linera, en el poder desde 2006.
Sin embargo, el MAS desoyó el resultado y desplegó una campaña mediática para deslegitimar el referendo, argumentando que la gente había votado influenciada por una mentira montada por la oposición, en alusión al escándalo que saltó antes del referendo en torno una exnovia de Morales, Gabriela Zapata, que había logrado escalar económica y socialmente debido a la cercanía familiar con el presidente Morales por un hijo reconocido legalmente por ambos. De hecho, Zapata, que carecía de título profesional, era una alta directiva de la empresa china CAMC, con la que al gobierno del MAS había cerrado varios contratos que sumaban más de 573 millones de dólares.
Naturalmente, toda esta campaña no fue más que el necesario paso previo para que el MAS presionara al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que declarase sin efecto legal la prohibición de repostulación constitucional (Art 168). Finalmente, en noviembre de 2017, mediante sentencia constitucional, el TCP dio toda la razón al MAS y declaro la aplicación preferente de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre la Constitución, con lo que Morales y García quedaron habilitados para partiticipar en las elecciones de 2019.
Ante esto, la oposición, incapaz de presionar en el parlamento, donde tiene una pequeña bancada (el MAS suma 113 parlamentarios de 166 posibles), expresó su rechazo a la habilitación de Morales en las calles, a través de caminatas, huelgas de hambre y llamando a paro de actividades. Pero no lograron su propósito, tanto así que el Tribunal Supremo Electoral, le dio la razón al MAS habilitando a su binomio para las primarias desarrolladas en enero del presente año.
En cambio, este tema, que copó todos los espacios políticos y mediáticos, resultó ser un eficaz instrumento usado por la oposición para deslegitimar el discurso democratizante del gobierno y provocar una pérdida de su popularidad, sobre todo en los sectores de clase media urbana. Una encuesta difundida en agosto de 2018 señalaba para Morales un 29% de intención de voto, cuando cuatro años atrás esta cifra superaba del 60%. En otras palabras, Morales logró su objetivo de repostularse por cuarta vez, pero a un costo político muy alto.
Los dilemas de la oposición
Mientras todo esto pasaba, dentro del campo opositor crecía la incertidumbre sobre quien sería el candidato con posibilidades de ganar al MAS. Inmediatamente los focos se concentraron en Carlos Mesa, el político que recibió la presidencia en octubre de 2003 de manos del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien tuvo que renunciar y salir del país obligado por una movilización colectiva, la “guerra del gas”, que había costado, hasta ese momento, 31 muertos, centenares de heridos y un caos social que dejaba a la ciudad de La Paz prácticamente sin combustible ni alimentos.
Aunque Mesa no tuvo mayores éxitos políticos debido, sobre todo, a su orfandad política puesto que no tenía partido ni bancada parlamentaria, su popularidad reflotó en los últimos años debido a su destacada actuación como vocero de la demanda marítima, en el juicio que Bolivia entabló en la Corte de La Haya contra Chile, demandando la obligación de negociar una salida soberana al mar. Dueño de un amplio conocimiento de historia boliviana, Mesa brilló en foros internacionales y medios de comunicación extranjeros, defendiendo la justeza de la demanda boliviana ante Chile. Este prestigio, junto a la imagen de que Mesa no forma parte de la denominada “vieja casta política” (en alusión a los políticos del periodo neoliberal), hicieron que la gente viera en él al más serio contendiente de Morales. Tanto es así que, a pesar de que de Mesa no hacía oficial su postulación, todas las encuestas le daban un importante respaldo.
Lo curioso es que, una vez que Mesa oficializó su candidatura en octubre de 2018, surgió en el campo opositor un sordo debate en torno la estrategia para enfrentar al MAS. Por un lado, un sector de tendencia radical ponía como condición sine qua non para ingresar en las elecciones, que Morales no esté habilitado y, en caso de serlo, promover el voto en blanco o nulo. En el otro lado se encontraban los partidarios de seguir presionando en las calles para impedir que Morales se habilite, aunque apostaban por participar en las elecciones pese a que esto no se lograse. Lo que estaba en juego no era poco, puesto que, de ganar la opción radical, ni Mesa ni nadie de la oposición partidaria estarían “autorizados” a participar en los comicios electorales de 2019.
Finalmente, la opción de terciar en las elecciones aún con la foto de Evo en la papeleta electoral ganó la partida. Las movilizaciones en torno al 21F se fueron apagando, las huelgas de hambre cada vez tenían menos participantes (e impacto mediático); y las marchas cada vez menos convocatoria. Hasta que el día 21 de febrero pasado, la fecha convertida en símbolo de lucha por la democracia por la oposición y en la que se esperaban multitudinarios actos de protesta, éstos no fueron tales, al punto que la gente se distrajo en la celebración la fiesta precarnavalera de “compadres”.
Sin embargo, tan errado es negar esta realidad como sostener, como lo hace el gobierno, que hubo un “entierro” del 21F o que la oposición sumó una derrota, lo que pasa es que la ciudadanía ha visto que es mejor, en términos de oportunidad política, canalizar su rechazo al gobierno de Evo Morales en las urnas que en otros escenarios donde el presidente ha demostrado fortaleza.
Ahora que la política ha pasado a un escenario electoral, cabe preguntarse si la oposición está a la altura del desafío. Para las próximas elecciones están habilitados nueve partidos políticos, ocho de los cuales dicen ser oposición al MAS, pero sin que hasta el momento hayan presentado un programa alternativo al actual “proceso de cambio”.
En cualquier caso, las posibilidades para el triunfo de un candidato opositor parecen más claras por primera vez en 15 años. El desgaste político de Morales tras 15 años en el poder, la derrota de la demanda boliviana en La Haya, el alejamiento de una buena parte de la clase media urbana del MAS, los signos cada vez más evidentes de manipulación de las instituciones por parte del ejecutivo y la corrupción e ineficiencia gubernamental, son elementos que podrían ser capitalizados por la oposición, siempre y cuando muestre una propuesta electoral que vaya más allá del laberinto del 21F.