Bolivia: incierta transición

Evo Morales ha abandonado el poder del Estado boliviano después de un mandato de casi 14 años. Lo ha hecho de la peor forma posible, presionado por una movilización en las calles nunca vista y por motines policiales en todos los departamentos del país. Hasta antes de la renuncia de Morales, su presidencia estaba profundamente deslegitimada. Contra lo que señala el sentido político, Morales había hecho caso omiso a un referendo vinculante y violentado la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPEP) con presiones a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional. Este, al emitir la Sentencia Constitucional 084/2017, dio pie para que el Tribunal Supremo Electoral habilitase a Morales como candidato para un cuarto mandato. El pueblo no le perdonó ese desatino.

Las elecciones fueron la prueba final del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), que de forma anticipada y metódica había armado todo un sistema informático y físico para montar un fraude electoral y así vencer, en primera vuelta, al candidato de oposición que marchaba segundo en las encuestas, Carlos Mesa. Una vez demostrada la torpe manipulación de los datos, tanto del sistema de Transmisión rápido de datos preliminares (TREP) como de las actas, la población boliviana ya estaba movilizada. Nadie podría sacar de la mente de la ciudadanía de la certeza del fraude.

La revuelta popular se organizó a partir de los movimientos cívicos, instituciones que defienden las demandas territoriales de cada departamento y que hoy gozan de institucionalidad y credibilidad. A diferencia de otras, la movilización no tuvo su epicentro solo en la ciudad de La Paz, sede de gobierno, sino prácticamente en todas las ciudades del país. Acorralado por la movilización popular que todavía se mantiene, así como por la pérdida de autoridad sobre la policía y las fuerzas armadas, Morales y Álvaro García Linera renunciaron a la presidencia, terminando un mandato iniciado en enero de 2006.

Golpe de Estado, fraude y revueltas sociales

No se sabe bien cuál será el decurso que tomará el país. Si bien todos tienen claro que es preciso restablecer la vía constitucional de la sucesión del mandato, no queda claro el rumbo político e ideológico de la transición. Desde un primer momento, casi desde que se dieron los resultados, Morales defendió que se estaba gestando un golpe de Estado, mientras la oposición hablaba de fraude, lo que derivó en revueltas sociales, seguidas del amotinamiento de policías y de la sugerencia del jefe de las fuerzas armadas de que Morales dejase el gobierno.

La idea de golpe del Estado fue puesta en entredicho por las afirmaciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien señaló que sí hubo golpe de Estado, pero uno previo: el fraude electoral en Bolivia. La delegación de México –donde está asilado Morales– respondió a Almagro sosteniendo que la presión de las fuerzas armadas sí configuró un grave quebrantamiento al orden constitucional. La sesión extraordinaria de la OEA terminó con una carta firmada por 15 países –Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y la Venezuela de Juan Guaidó– que evitaba calificar como golpe de Estado lo sucedido, mientras hacia un llamamiento para que se forme de manera urgente “la presidencia provisional” conforme a la Constitución boliviana y se convoquen una nuevas elecciones.

Se necesita el aval de la Asamblea Legislativa para dejar el poder a una persona. Como era previsible, los asambleístas del MAS se ausentaron del hemiciclo parlamentario y no se pudo leer la cartas de renuncia de Morales y de García Linera porque no había quórum reglamentario. Ante este extremo, se dio paso a la aplicación del artículo 170 de la CPEP, que prevé la sucesión constitucional ante un vacío de poder generado por la renuncia de Morales y García Linera, así como de los presidentes del cámaras de senadores y diputados del MAS. El nombramiento recayó en Jeanine Áñez, quien finalmente asumió el mandato en la tarde del 12 de noviembre con una Biblia en las manos. Áñez es una expresentadora de televisión de 52 años, parte de la Asamblea Constituyente y hoy senadora por el departamento del Beni.

¿Y ahora, qué?

Viejos enconos teñidos de intolerancia han vuelto a emerger. Morales exacerbó el ánimo de sus seguidores con el discurso que se estaba gestado un supuesto golpe, basado en la discriminación a los indígenas como él y en el desconocimiento del voto del área rural. Ha surgido una figura fuerte en la persona de Luis Fernando Camacho, quien al mando del Comité Cívico de Santa Cruz repite que “Dios y la Biblia deben retornar al Palacio de Gobierno”. No está claro qué significa esta consigna en términos políticos, económicos y sociales.

El otro actor político, Mesa, carece de poder real en las calles y su poder acumulado en el legislativo ha quedado en nada al anularse las elecciones. Mesa deberá esperar un nuevo verificativo electoral, donde se pondrá en juego su popularidad, seriamente afectada al desaparecer Morales del escenario político. Mesa no podrá captar el “voto anti MAS” o “anti Evo” que le llevó a un segundo lugar en las elecciones del 20 de octubre. Han emergido, además, nuevos liderazgos, muchos de los cuales desconfían de –o rechazan directamente– los partidos políticos, a los que consideran grupos elitistas, carentes de base en la sociedad.

Estamos ante una transición desordenada. Varios parlamentarios y alcaldes del MAS han renunciado. Hay un vacío de poder a nivel subnacional, lo que genera parálisis del Estado. Y existe una gran duda respecto a lo que ocurrirá con los procesos de ampliación de la democracia y de inclusión social llevados a cabo con Morales. Habrá nuevas elecciones, pero no existen partidos sólidos que puedan encauzar el cambio y, lo que es peor, tampoco está claro su proyecto político. El propio MAS carece de un mando establecido, pero es un actor muy importante que no puede ser ignorado, por su alto peso político en las zonas rurales del país y en las periferias urbanas. Hay dudas sobre la capacidad de Áñez para hacerse con una base de apoyo real y la musculatura política suficiente para sostener lo que haya aportado de bueno Morales, y modificar y cambiar lo malo que deja esta administración de más de una década.