#BásicosPolExt: Mapuches en Chile

Los mapuches son una comunidad originaria del sur de Chile y el suroeste de Argentina. Constituyen un pueblo heterogéneo compuesto por varios grupos que comparten estructuras económicas, sociales y religiosas además del idioma mapudungún. En Chile se concentran en la región de la Araucanía y suponen el 80% de los pueblos originarios chilenos y el 9% de la población chilena.

Cuando los colonizadores españoles llegaron a territorio chileno en 1541 se toparon con una gran resistencia por parte de los mapuches. No fueron capaces de conquistarlos y los conflictos alternaron con los acuerdos como modus vivendi durante la dominación española del continente.

La región de la Araucanía se mantuvo independiente hasta su progresiva ocupación por la naciente republica chilena entre 1860 y 1880. El Estado chileno comenzó una expansión hacia el sur, enviando al ejército para expulsar a los mapuches de sus tierras y dejar la zona libre para colonos chilenos y europeos. Mediante este feroz proceso de ocupación militar conocido como la pacificación de Araucanía, el territorio mapuche fue violentamente reducido a un 5% de su extensión original.

Este proceso de pacificación corresponde a la lógica de los países latinoamericanos que se estaban consolidando como Estados-nación soberanos. Entonces, los gobiernos de la época decidieron invisibilizar a los pueblos originarios para poder explotar los territorios, con el fin de conseguir los recursos necesarios para la construcción de un país independiente. Desde entonces los mapuches se convirtieron en ciudadanos de segunda de los respectivos Estados chileno y argentino.

Las acciones del Estado chileno no solo constituyeron un aplastamiento territorial, también cultural. Bajo una lógica de ciudadanía e igualdad, el Estado chileno obligó a este pueblo ancestral a sumarse a la república independiente, pasando por alto su particularidad cultural, negándoles el derecho territorial anterior a la conformación del nuevo Estado.

La comunidad mapuche decidió organizarse bajo las reglas chilenas en diferentes agrupaciones culturales y políticas para exigirle al Estado chileno autonomía, derechos, reconocimiento constitucional y la devolución de sus tierras ancestrales. El asunto de las tierras resulta clave, ya que tradicionalmente su economía está basada en la agricultura.

En relación a las tierras, solo un 15% de la Araucanía pertenece a las comunidades mapuches, mientras que un 20% es propiedad de empresas forestales. Muchos mapuches de las zonas rurales carecen de agua para uso básico, debido al impacto de los monocultivos de las plantaciones forestales y el cambio climático. Por ello, diversas agrupaciones empezaron a instalarse en tierras pertenecientes a particulares.

Violencia rural o terrorismo

Este es el debate central ante las acciones de determinadas agrupaciones cuya protesta social se materializa en el empleo de acciones violentas como arma política. Ataques a camiones de empresas forestales, quema de iglesias, casas y cultivos y ocupación de tierras, son algunas de las acciones recurrentes empleadas por grupos como Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y Coordinadora Arauco-Malleco (CAM). Ambas organizaciones consideran ilegal la ocupación de las tierras mapuches y debido a la metodología de sus actividades reivindicativas han sido tachadas de organización terrorista por diversos sectores tanto en Chile como en Argentina.

Varias comunidades mapuches se han desligado de los actos violentos de estos grupos, considerando que sus actuaciones criminalizan al pueblo mapuche y deslegitiman su lucha, además de que justifican actos represivos contra sus comunidades.

Esta situación ha provocado el desplazamiento de efectivos militares al sur del país, así como la activación de protocolos de una controvertida ley antiterrorista que data de la dictadura de Augusto Pinochet. Muchos mapuches han sido procesados bajo esta ley, si bien su aplicación ha sido condenada por defensores de los derechos humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta condenó al Estado chileno en el caso Norín Catrimán, de 2014, por violación de derechos humanos. Se ha denunciado además que dicha ley produce la estigmatización del pueblo mapuche, afectando a sus reivindicaciones. Sin olvidar que no ofrece las garantías necesarias para un juicio justo.

Chile, a la zaga en materia de reconocimiento de población originaria

Si bien otros países de su entorno recogen en sus constituciones el reconocimiento y derechos de sus pueblos originarios, Chile no cuenta aún con tal instrumento. Mientras tanto, las comunidades mapuche sufren altas tasas de pobreza, discriminación y marginación.

La todavía presidenta de la república, Michelle Bachelet, ofreció este año una disculpa a las comunidades mapuches en nombre del Estado chileno. Asimismo anunció la implantación del Plan de Reconocimiento y Desarrollo de la Araucanía, que contempla una serie de medidas a favor de este pueblo. Prevé la recuperación económica para las víctimas de la violencia en la zona, declarar el 24 de junio fiesta por el Día de los Pueblos Originarios, favorecer la representación de los mapuches en el Congreso y la creación del ministerio de los Pueblos Indígenas.

A fin de terminar con los conflictos que aquejan al sur del país, declaró la creación de un comité interministerial presidido por el ministro de Desarrollo Social, para que se diriman los conflictos de las tierras que enfrentan a los mapuches con latifundistas y compañías forestales.

Sin embargo, el anuncio de Bachelet al inicio del fin de su mandato no parece que vaya a ir más allá de las buenas palabras. El candidato Sebastián Piñera tiene una postura clara ante el conflicto: la aplicación de penas más duras para quien cometa actos violentos, sosteniendo el discurso del terrorismo mapuche condenado por organismos internacionales.

El candidato Alejandro Guillier aboga por el diálogo, descartando la necesidad del empleo de fuerzas militares o de condenar los hechos como actos terroristas. En la línea de la presidenta, Guillier apuesta por reconocer los derechos de los mapuches en la Constitución, garantizar su representación política e impulsar el desarrollo económico en la región.