#BásicosPolExt: La crisis de Puerto Rico

Puerto Rico, ese país caribeño cuya posición política es tan confusa hoy como lo era hace siglos, sufre en estos momentos una crisis económica igual de confusa. Para bien o para mal, su dependencia de Estados Unidos condiciona su camino. Aún así, es difícil entender cómo una de las economías más prósperas de todo el continente americano ha decidido dejar de cumplir sus obligaciones monetarias para mantener el bienestar de sus ciudadanos. Algunas de las claves para entenderlo están aquí.

El camino de Puerto Rico

La historia de Puerto Rico no es precisamente su historia. Después de cuatro siglos perteneciendo al imperio español, tras la derrota de 1898 en la guerra de Cuba España cedió Puerto Rico –además de Filipinas y Guam– a EEUU, a pesar de que la isla no hubiera participado en la guerra y de que un año antes se le hubiera concedido una mayor autonomía, debido a la presión estadounidense. Así, en diciembre de 1898, la firma del Tratado de París creó una nueva etapa en el Caribe. Puerto Rico siguió siendo dependiente, ahora de EE UU, pasando por distintos estatus.

En un primer momento EE UU estableció un gobierno militar hasta que la Ley Foraker de 1900 permitió que Puerto Rico se organizara a través de un gobierno civil. Sin embargo, la relación fue muy desigual. Quien debía ser la máxima autoridad en la isla, el gobernador, era elegido por el presidente estadounidense. Aunque hubo un gran desarrollo económico y social, la excesiva presencia de empresas extranjeras creó un fuerte sentimiento antiestadounidense. Para poder americanizar más la isla, se aprobó desde el Congreso la Ley Jones de 1917, que otorgaba la ciudadanía estadounidense a todos los puertorriqueños, pero que también impedía a cualquier barco que no tuviera bandera estadounidense entrar en la isla. Ante la oposición nacionalista y las denuncias internacionales que acusaban a EE UU de mantener una colonia, en 1952 se concedió a Puerto Rico el estatus de Estado Libre Asociado (equivalente a un commonwealth británico), mantenido hasta el día de hoy. Ese mismo año, Puerto Rico ratificó su Constitución.

Existe un encendido debate en torno a esta situación, empezando por el hecho de que Puerto Rico no ha sido nunca ni Estado ni libre. La libre asociación define la situación de relación formal entre el Estado asociado –el socio menor– y otro territorio. Según el Derecho Internacional, este socio menor es independiente, pero Puerto Rico depende directamente de EE UU y responde ante el Congreso estadounidense. Naciones Unidas proclamó que a través de este acuerdo se dotaba a Puerto Rico de soberanía política. Sin embargo, en la práctica, la isla ha sido un territorio autónomo pero no soberano.

Los movimientos nacionalistas se han ido haciendo más fuertes ante esta situación, pero las distintas consultas a los ciudadanos muestran resultados muy dispares, dependiendo del contexto político. Las opciones siguen siendo hoy las mismas que hace un siglo: libre asociación, independencia completa o integrarse definitivamente en EE UU como un estado más.

¿Una deuda inesperada?

Según el Banco Mundial, Puerto Rico es un país de ingresos altos. Los datos de 2011 muestran que su PIB per cápita se situaría a niveles de países como Chile o Argentina. Sin embargo, en los últimos años más de 100.000 ciudadanos han emigrado de la isla y la deuda alcanza estos días unos niveles históricos, la mayor deuda por habitante de todo EE UU. La situación se veía venir desde hace años.

En agosto de 2015, Puerto Rico incumplió por primera vez en su historia el pago de bonos a sus acreedores. Desde junio, el gobernador, Alejandro García Padilla, había avisado de la falta de liquidez. Tras ocho años de recesión, en 2015 se había alcanzado una deuda de 72.000 millones de dólares, lo que equivale a todo su peso económico. Cuando se hizo este anuncio, el antiguo gobernador del país, Aníbal Acevedo Vilá, declaró: “Creímos que esta era una economía desarrollada, pero está en desarrollo y es obligada a seguir las reglas de la economía más fuerte del mundo”. Casi un año después, el impago ha alcanzado los 422.000 millones de dólares. García Padilla ha dejado claro que ante esta situación “he tenido que elegir. Y elegí: decidí que tus necesidades básicas van por encima de todo”.

Las trampas de la libre asociación

Entender cómo se ha llegado a esta situación es complicado. Para comprenderlo hay que fijarse en los términos de la libre asociación. Los estímulos monetarios de la Reserva Federal de los últimos años crearon un boom de bonos puertorriqueños, con gran rentabilidad y altos privilegios fiscales. Pero esto se ha frenado a la vez que se reducían los ingresos públicos, con un comercio fuertemente limitado por la Ley Jones. También es necesario hablar del mantengo, las grandes ayudas sociales que han permitido a la isla altos niveles de bienestar. Las ayudas al desempleo son enormes –siguen los mismos parámetros que el resto de EE UU, sin tener en cuenta las diferencias de poder adquisitivo– por lo que muchos optan por recibir estas subvenciones antes que estar empleados. Como resultado, solo un 40% de la población en edad de trabajar es activa.

Pero la moneda de la libre asociación tiene otra cara. A la vez que Puerto Rico debe cumplir algunas regulaciones económicas de EE UU, su estatus especial no le permite acogerse al capítulo 9, pues así lo recoge específicamente la ley. Este capítulo del código federal de bancarrota –al que se acogió Detroit en su momento– permitiría reestructurar su deuda. Sin embargo, desde Washington todavía no ha habido ningún movimiento relevante, algo que choca con la insistencia que mostró Barack Obama para que la Unión Europea rescatara a Grecia.

La comparación con Grecia no acaba ahí. Un largo historial de deuda y la cesión de soberanía a una entidad mayor han hecho recurrentes las comparaciones entre estos dos países, con la situación griega de 2010 similar a la puertorriqueña en 2015. Tampoco Puerto Rico tiene capacidad para aplicar su propia política monetaria. Pero está claro que hay diferencias. Los griegos sufrieron las repercusiones de una forma más aguda y la UE se vio más afectada por la crisis griega que EE UU por la de Puerto Rico. Lo importante de la comparación, al final, es demostrar que la situación en Puerto Rico es más grave de lo que pueda parecer en un primer momento.

Mientras la población se sigue marchando hacia el continente, la crisis sigue estancada en el Congreso. La incapacidad para declararse en bancarrota ata de manos y pies a los gobernantes en la isla y está reactivando los sentimientos antiestadounidenses. A largo plazo, la crisis económica en Puerto Rico puede convertirse en una crisis política en Washington.