#BásicosPolExt: Comisiones de la verdad

Túnez avanza en su camino hacia la reunificación moral del país. En 2013 se creó la Instancia de la Verdad y la Dignidad, cuyo fin es investigar los abusos y violaciones de los derechos humanos que tuvieron lugar en el país entre 1955 y 2013, la mayor parte bajo la dictadura de Habib Burguiba y Ben Alí. Se estableció un plazo de un lustro para finalizar el proceso y, tras tres años de trabajo, el 17 y 18 de noviembre comenzaron los primeros testimonios públicos.

Con esta comisión de la verdad las autoridades tunecinas buscan terminar con la impunidad de los responsables y rehabilitar a las víctimas. Para ello se han recopilado más de 62.000 dosieres presentados por víctimas de todo tipo de abusos. Heba Morayef, directora de la oficina de Amnistía Internacional en Túnez, califica estos testimonios de históricos y afirma que su impacto podría sentirse en el resto del mundo árabe.

Aprovechamos este paso valiente de los tunecinos para repasar el fenómeno de las comisiones de la verdad. ¿Son realmente eficaces? ¿Cuál es su alcance real? ¿Dónde han resultado un éxito? ¿Dónde no?

Pasado imperfecto

De un tiempo a esta parte, se ha incrementado de forma notoria el número de comisiones de la verdad en todo el mundo. Una de las más celebres fue la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Suráfrica, lanzada en 1995. La premisa era realizar una investigación no judicial de abusos graves cometidos en el pasado. El proceso tuvo una gran acogida entre la sociedad civil y comenzó a ser imitada por otros países que tenían cuentas pendientes con su historia. Antes habían surgido organismos similares en Argentina, Uganda, Chile o El Salvador.

En las últimas tres décadas se han creado comisiones de la verdad en más de treinta países.

Modus operandi

Estas comisiones son organismos oficiales con fecha de caducidad, que se crean para investigar un tipo de violaciones en un período de tiempo determinado, generar un informe concluyente y plantear recomendaciones a seguir. En términos generales, estos organismos se establecen por un período de tiempo corto, de uno a tres años de media, y es fácil que lleguen a requerir a cientos de personas para recoger testimonios individuales, organizar audiencias públicas y realizar investigaciones de casos y estudios temáticos. Algunas han sido dotadas de poder de citación o tienen derecho a acceder a oficinas y documentos oficiales sin avisar previamente. Otras se han encontrado a merced de la cooperación voluntaria, no solo de los funcionarios de alto nivel, sino también de los acusados implicados, normalmente a cambio de promesas de confidencialidad.

Las comisiones de la verdad suelen recibir información abundante y particularizada de las víctimas, los supervivientes y testigos presenciales, y recogen varios miles de declaraciones detalladas. La colaboración voluntaria y la cooperación son vitales para que el proceso sea eficaz. Algunos de esos testimonios pueden presentarse en audiencias públicas, como en el caso de Túnez. Es una manera de conseguir que la opinión pública participe en el proceso antes de que se publique el informe final y salga toda la información a la luz.

Justicia transicional

Es importante matizar que las comisiones de la verdad no tienen el poder de enjuiciar, ni sustituyen a los tribunales de justicia. Pero en algunas ocasiones han resultado inspiradoras para la posterior realización de juicios, y algunas han compartido sus archivos con las fiscalías. En otros casos se ha decidido dar a conocer públicamente los nombres de las personas que eran responsables de violaciones específicas, según las conclusiones obtenidas. Al tratarse de una cuestión tan delicada, normalmente se permite a la persona señalada defenderse en privado, antes de la publicación de las conclusiones.

La justicia transicional es, por naturaleza, paradójica. No e trata de un tipo especial de justicia, sino de un modo de abordarla en épocas de transición desde una situación de conflicto o de represión por parte del Estado. Es una alternativa, un apoyo, pero nunca una sustituta. Al tratar de conseguir la rendición de cuentas y la reparación de las víctimas, la justicia transicional proporciona a las víctimas el reconocimiento de sus derechos, propiciando una mayor cohesión en la sociedad y dando valor a los derechos y libertades que el Estado debe asegurar.

El caso de Colombia, donde la mayor oposición a los acuerdos de paz se produce en torno a la cuestión de la justicia transicional, resulta ilustrador. Según explica Shlomo Ben Ami en Política Exterior, paz y justicia son a veces incompatibles. El secreto está en encontrar un equilibrio, pues todo intento de resolver un conflicto mediante la aplicación total y absoluta de la justicia puede resultar contraproducente. “De la misma manera, es inconcebible e inadmisible construir la paz sobre el olvido total, la impunidad y la mentira”, afirma Ben Ami. Por ello, uno de los mecanismos clave para resolver el conflicto colombiano es la instauración de una comisión de la verdad.

Geografía de la responsabilidad

América Latina es el lugar que más veces ha visto cómo se generaban este tipo de procesos. Una de las comisiones de mayor repercusión tuvo lugar en Argentina. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue creada por Raúl Alfonsín en 1983, el presidente que puso fin a siete años de dictadura y terror. El objetivo era esclarecer los hechos relacionados con la desaparición de personas e intentar determinar dónde se encontraban sus restos. La comisión estuvo en activo durante 280 días, contó con los testimonios de los supervivientes, familiares y represores. Se confeccionó un inventario de todas las desapariciones denunciadas y de los lugares clandestinos, contrastando unos testimonios con otros. Así se elaboraron mapas y se archivaron los relatos con el fin de definir el modo de operar del terrorismo de Estado. El informe final fue entregado en septiembre de 1984 y fue clave para el posterior juicio a las Juntas. En él se afirmaba la existencia de más de 8.000 desaparecidos y cerca de 400 centros clandestinos de detención. Se publicó como libro con el nombre de Nunca Más.

Al menos, una tercera parte de todas las comisiones de la verdad que han tenido lugar se han creado en el continente africano, gran parte de ellas en los últimos diez años. Uganda, como Argentina, fue pionera en este tipo de procesos. En este caso se quiso juzgar el exterminio en masa y todos los actos u omisiones que hubiesen supuesto la privación arbitraria de la vida humana, así como las detenciones y los abusos no justificados por parte de las autoridades, la tortura y el trato discriminatorio por motivos relacionados con la raza, la tribu, la opinión política o el sexo.

La Comisión sobre Violaciones de los Derechos Humanos juzgaba los hechos que habían tenido lugar desde 1962 hasta la fecha de creación de la comisión, en 1986. Esta ayudó a sacar a la luz las atrocidades cometidas en el país, pero resultó de escaso provecho para las victimas. En el informe final, que vio la luz en 1994, al menos 13 casos fueron enviados al fiscal general, pero hasta el momento no se han tomado medidas legales contra los culpables. Su logro más importante fue convertir los derechos humanos en un asunto de preocupación constitucional.

Memoria y reconciliación

Las comisiones de verdad facilitan el camino hacia la reconciliación de un país con su pasado, con su memoria histórica, pero plantean numerosas limitaciones. Estas se potencian cuando el entorno no es favorable, no tienen apoyos o el proceso carece de estructura. Si no existe la ambición, por parte de las autoridades, de reparar material y simbólicamente a las víctimas y desmontar la estructura burocrática que permitió tales abusos, las comisiones de la verdad resultan ineficientes, además de frustrantes.

Es importante estar en paz con la memoria, también la colectiva, pero no es fácil. Ya lo decía Jorge Luis Borges: “Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas importantes, ese montón de espejos rotos”.