Juan Manuel Santos pasará a la historia de Colombia como el presidente que negoció con las FARC su desmovilización después de 53 años de confrontación con el Estado. Ese esfuerzo le valió el premio Nobel de la Paz en 2016. Sin entrar en las políticas públicas implementadas durante su gobierno, los indicadores socioeconómicos del país avalan su gestión: entre 2011 y 2017 el PIB creció anualmente una media de 3,8%, la inflación se mantuvo por debajo del 7%, hubo una reducción de la desigualdad y la pobreza, disminuyeron los homicidios intencionales por cada 100.00 habitantes y, según el Registro Único de Víctimas, el número de víctimas por el conflicto armado pasó de 258.393 en 2011 a 63.212 en 2017. De hecho, la encuesta Ipsos publicada en marzo de 2018 situó a Santos como el presidente con mayor favorabilidad entre los líderes de opinión de América Latina.
Sin embargo, según la encuesta Gallup de junio de este mismo año, el 59% de los colombianos desaprueba su administración. Como dice el refrán, nadie es profeta en su tierra. ¿A qué se debe la baja popularidad de Santos en Colombia? Desde el exterior es difícil entender que un presidente con esta carta de presentación termine su mandato con un apoyo social tan bajo. En este artículo señalo tres posibles causas.
La primera, paradójicamente, fue su apuesta por la negociación de paz, que lo alejó de los sectores políticos conservadores que lo apoyaron en su primera campaña presidencial en 2010, agrupados en torno a la figura del expresidente Álvaro Uribe. En aquel momento, Santos representaba la continuidad política del uribismo, que terminaba sus ocho años de gobierno con más del 70% de aprobación. En 2005 había sido uno de los artífices del Partido Social de Unidad Nacional (Partido de la U), principal soporte político de Uribe en el Congreso. Al año siguiente, fue designado ministro de Defensa y, como titular de esta cartera se convirtió en el “azote de la guerrilla”, especialmente de las FARC. Después de que la Corte Constitucional frenara la reforma con la que Uribe buscaba presentarse a una tercera reelección, Santos se convirtió en el candidato oficialista.
Pero el inicio formal de los diálogos de paz con las FARC en agosto de 2012 provocó su ruptura con Uribe, quien se opuso firmemente a la negociación y terminó creando, junto con algunos de sus seguidores, el Centro Democrático, que pronto se convertiría en el principal partido de oposición al gobierno. La apertura del proceso de paz fue interpretada por las bases y el electorado uribista como una “traición” y afectó negativamente a la popularidad de Santos, que pasó de un 76% de aceptación en octubre de 2010 a un 21% en septiembre de 2013. En las elecciones de mayo de 2014, el candidato promovido por Uribe, Óscar Iván Zuluaga, fue el más votado, pero tres semanas después, en segunda vuelta, Santos logró la reelección gracias al apoyo puntual del electorado progresista, que vio en él la única opción para mantener vivo el proceso de paz. Después de cuatro años de diálogos y meses de incertidumbre, el 26 de septiembre de 2014 el gobierno y las FARC firmaron oficialmente en Cartagena el Acuerdo Final de Paz. Nueve días después, el 5 de octubre, este fue sometido a plebiscito y, sorpresivamente, los colombianos lo rechazaron. El resultado del plebiscito significó la derrota del planteamiento negociador del presidente y la victoria de Uribe, quien había liderado la campaña a favor del No. Aunque el 24 de noviembre las partes negociadoras firmaron un nuevo Acuerdo en el Teatro Colón de Bogotá, que fue ratificado por el Congreso, la coalición de gobierno se fracturó, y el uribismo, que se había ido debilitando electoralmente durante estos años, se reforzó. La reciente victoria del uribista Iván Duque en las presidenciales y el realineamiento del Congreso en torno al nuevo mandatario confirman la derrota de Santos, quien ni siquiera contaba con un candidato oficialista en primera vuelta.
La segunda causa fue la incapacidad del presidente saliente para consolidar el apoyo del electorado de centro y centro-izquierda más allá del voto coyuntural que recibió en la segunda vuelta presidencial de 2014. Si bien trató de presentarse en el ámbito internacional como un defensor de la socialdemocracia de la tercera vía, su etiqueta de político tradicional, su pasado uribista y sus nexos con la clientelismo electoral pesaron más en el plano interno. Santos es descendiente de una de las familias más prominentes del país, vinculada al periodismo y a la política (su tío abuelo Eduardo Santos fue presidente de la República). Periodista de profesión, fue un miembro destacado del Partido Liberal, siendo ministro de Comercio con César Gaviria y de Hacienda con Andrés Pastrana. Este bagaje le permitió romper con la tutela de Uribe y construir su propia coalición de gobierno durante la presidencia, pero no le valió para superar las dinámicas de corrupción endémicas en el régimen político colombiano.
La tercera causa de la impopularidad de Santos fue la mala gestión de su gobierno en materia de comunicación política, en parte, por carecer de un proyecto que fuera más allá de la firma de los acuerdos de paz con la guerrilla, y que le impidió construir una base política y electoral sólida para el futuro. A pesar de los buenos resultados económicos y sociales de su gobierno, Santos fue incapaz de generar un relato para rebatir al uribismo la consigna de que los diálogos con las FARC significaban “la entrega del país al castrochavismo”. En su último discurso ante el Capitolio en julio declaró: “Volvería a sacrificar la popularidad por tantas vidas salvadas”. Esta actitud de mártir, lejos de contribuir a sostener los acuerdos de paz, ha facilitado la llegada al poder de quienes buscan “revisar” los puntos acordados. Evitando hacer política para ganarse el favor de la opinión pública, el presidente saliente ha optado, en términos weberianos, por la convicción en lugar de la responsabilidad. Con su renuncia, voluntaria o no, a construir un proyecto político propio en torno a la construcción de la paz, es responsable en buena medida del regreso al poder de aquellos a los que en su momento el propio Santos llamó “enemigos de la paz”, y que ponen en riesgo la implementación de los acuerdos.