¿Cómo ayudar a la democracia en Venezuela?

La democracia en Venezuela no existe. Más allá de la celebración de elecciones de dudosa competitividad, lo cierto es que la institucionalidad existente dista de cumplir con los términos de un sistema en que el poder depende de las decisiones que tomen los ciudadanos en las urnas, se respete el Estado de Derecho y el Estado garantice a la mayoría de la población condiciones mínimas de salud, educación y bienestar. Durante el mandato de Hugo Chávez (1999-2012), el debate político sobre Venezuela estuvo dominado por la polarización entre chavismo y antichavismo, lo que suponía lealtades o críticas automáticas sobre la calidad de la democracia del país según la posición en este clivaje personalista e ideológico. De esta manera, el eje del debate político nacional, y también internacional, se centró, fundamentalmente, en el carisma del fallecido presidente, dejando de lado la discusión sobre la rendición de cuentas democrática, el Estado de Derecho y la efectividad del Estado.

Para cuando murió Chávez (marzo de 2013), las bases político-institucionales para la defensa de la democracia ya habían sido socavadas. Las instituciones que debían servir como contrapeso fueron paulatinamente secuestradas por el partido de gobierno, mientras el acoso a los medios de comunicación, partidos políticos, líderes de la oposición y la sociedad civil se normalizaba. El incremento de los precios del petróleo durante la primera década del siglo permitió financiar un proyecto político cuya finalidad última era la monopolización del poder. Así, ese “sueño” que fue la Revolución Bolivariana –cuyo mantra era ser un proceso participativo y protagónico, como antítesis a la democracia representativa– terminó transformándose en un proyecto hegemónico liderado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

De esta suerte, los venezolanos hoy atraviesan la crisis socioeconómica más importante desde la Guerra Federal (1859-63). Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la variación del PIB en 2018 fue del -18%, mientras que en 2019 alcanzó el -35%. Por su lado, la inflación de 2018 fue del 65.000%, mientras que la de 2019 se estima que alcanzo el 200.000%. Lo más grave es que la situación económica, lejos de mejorar, parece seguir empeorando: el FMI estima que, en 2020, la caída del PIB será del -10%, mientras que la inflación subirá hasta el 500.000%.

Esta situación ha llevado a una buena cantidad de venezolanos a huir del país por razones económicas y humanitarias. Según la oficina para refugiados de Naciones Unidas, Acnur, más de 4,6 millones de venezolanos son migrantes y refugiados. La gran mayoría se encuentra en países vecinos como Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina y Estados Unidos. También un grupo importante de venezolanos, descendientes de españoles que migraron después de la Guerra Civil y durante la dictadura de Francisco Franco, ha retornado a España.

Para algunos, esta situación es consecuencia de los errores cometidos por la oposición a lo largo de 20 años. La división en su seno, la ausencia de una estrategia integral para enfrentarse al chavismo, o la eterna búsqueda de soluciones de corto plazo, entre otros, pueden ser vistos como elementos explicativos de su fracaso. Si bien estas razones tienen mucho peso, también es cierto que la erosión democrática del país, y su consecuente destrucción, tiene una vertiente internacional.

Durante mucho tiempo las instituciones y organismos internacionales fueron permisivos con el gobierno venezolano. Un ejemplo de ello fue la incorporación de Venezuela al Mercosur en 2012, en momentos en que ya el gobierno de Chávez había perpetrado importantes atentados contra los derechos civiles y políticos de los venezolanos; siendo que este organismo tiene una Cláusula Democrática desde 1998 (Protocolo de Ushuaia). Situación similar ocurrió con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, durante el mandato de José Miguel Insulza, quien legitimó en 2013 el ascenso de Nicolás Maduro al poder, que se juramentó como presidente de Venezuela ante la ausencia de Chávez, convaleciente en Cuba.

Atropellos al Estado de Derecho

Pero más allá de estos hechos puntuales, el deterioro y destrucción de la democracia venezolana tiene que ver una visión simplista de la democracia. Para muchos gobiernos, que el oficialismo obtuviera la mayoría de votos y ganara las elecciones era suficiente para considerarlo democrático. La legitimidad de origen era suficiente para excusar los atropellos al Estado de Derecho, la cooptación de los tribunales, la paulatina reducción de la cantidad de medios de comunicación libres, la persecución administrativa, legal y penal de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, el incremento del uso de la fuerza pública y paramilitar para reprimir las manifestaciones.

La ausencia de una respuesta conjunta y coordinada de las democracias de América Latina y Europa cuando los elementos esenciales de la democracia fueron debilitados, contribuyeron a una crisis mayor. Ni siquiera los llamados de atención de organizaciones de la sociedad civil nacionales y partidos políticos de oposición, de instituciones internacionales como Human Right Watch, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o Amnistía Internacional fueron suficientemente atendidas.

Así las cosas, la democracia venezolana no murió de un infarto fulminante, no se dio un golpe de Estado en seco que derribó a un gobierno democráticamente electo, sino que fue un proceso sistemático de erosión institucional escondido detrás de un velo electoral. Más allá del hecho cierto de que Chávez ganó en buena lid las elecciones en las que participó, también es cierto que durante sus 13 años como presidente sentó las bases del sistema autoritario que sostiene hoy a Maduro.

En cualquier caso, la responsabilidad última de reconstruir un sistema democrático en Venezuela es de los venezolanos mismos, aunque también es necesaria la cooperación de la comunidad internacional, que hoy deben hacer frente a las consecuencias de la migración más grande de América Latina.