‘Autogolpismo’ en El Salvador

“Lo trágico de la política reside en esa fuerza oculta que lleva a todo movimiento regenerador a traicionarse a sí mismo y corromperse a medida que se afirma y avanza”.
Emil Cioran, Ensayo sobre el pensamiento reaccionario (1977)

El 1 de mayo, pocas horas después de haber tomado posesión, los legisladores de la nueva Asamblea Legislativa de El Salvador, por mayoría absoluta y en su primer acto legislativo, dejaron sorpresivamente sin trabajo a los magistrados titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y, de paso, también al fiscal general, en una purga que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, llamó una “limpieza de casa”.

Cuatro de los cinco jueces destituidos tenían mandatos hasta 2027. En un tuit ese mismo día, la vicepresidente de la Asamblea, Suecy Callejas, llamó al autogolpe Dracarys, la instrucción en Juego de Tronos para destrozar al enemigo. Hijo de un inmigrante palestino cristiano converso al islam que hizo su fortuna en San Salvador, Bukele dijo que si él fuese realmente un dictador, habría “fusilado” a los magistrados destituidos. “Nadie me eligió para negociar”, insistió.

Entre Nuevas Ideas, su partido, y sus aliados, suman 61 de los 84 escaños de la Cámara, suficientes para eliminar los límites constitucionales a la reelección, como ya hizo Daniel Ortega en Nicaragua y Juan Orlando Hernández en Honduras después de copar con sus abogados y consiglieri la Corte Suprema. Bukele ya eliminó los beneficios tributarios que tenían desde 1950 los diarios, en su mayoría críticos con su gobierno.

En Estados Unidos, los congresistas demócratas Bob Menéndez y Patrick Leahy han pedido al presidente del país, Joe Biden, condicionar las ayudas a El Salvador al respeto de la independencia judicial. En 2020, la economía salvadoreña se desplomó un 8,6%, con lo que hoy la deuda ronda el 89% del PIB, lo que ha obligado al gobierno a pedir un crédito de 1.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un cheque inviable sin la firma de Washington. En EEUU, su mayor socio comercial, viven 2,5 de los tres millones de salvadoreños que viven fuera y cuyas remesas suponen el 22% del PIB.

Ante el cuerpo diplomático –y la notoria ausencia de miembros de la embajada de EEUU, pero con la presencia de la embajadora china, Ou Jianhong–, Bukele dijo que El Salvador “no era una colonia de nadie”.

Flautistas en Hamelín

El presidente, cuya popularidad ronda el 80%, ha capitalizado el rechazo popular a Arena y el FMLN, los partidos que gobernaron –con similar corrupción– entre 1989 y 2019, después de uno de los conflictos (1980-1992) más violentos de la guerra fría. En 2015, la tasa de homicidios estaba entre las más altas del mundo: 103 por 100.000 habitantes, 21 veces más que en EEUU. En 2020 bajó a 20, la más baja de su historia reciente y por debajo de las de México y Colombia.

Bukele, que cultiva una imagen de cuidada informalidad, se atribuye el éxito. Los corresponsales describen calles relativamente tranquilas, lo que explica la indiferencia de los salvadoreños a la vendetta, una de cuyas víctimas fue el fiscal general, Raúl Melara, cuya labor era muy apreciada en Washington.

Biden, que quiere dirigir 4.000 millones de dólares al ‘triángulo norte’, ha encomendado a Kamala Harris, su vicepresidenta, la misión de resucitar, a pequeña escala, la Alianza del Progreso de Kennedy para que Guatemala, Honduras y El Salvador no tengan que exportar a su propia gente. El problema es que necesita socios locales que garanticen que los fondos sirvan de algo, lo que exige, a su vez, un poder judicial vigilante y fiable.

Cuando fue alcalde de la capital, Bukele convocó una protesta ante las puertas de la fiscalía porque le llamó a declarar. Ya siendo presidente, se rodeó de militares para tomar la Asamblea porque no le aprobó una partida de 109 millones de dólares a sus planes de seguridad. Bukele domina la intriga política, que aprendió primero en las filas del FMLN, que le expulsó, y luego en el ultraconservador GANA, del expresidente Antonio Saca, que le presentó como candidato en 2019.

Ahora muchos temen el fin de varios casos cruciales en torno al crimen organizado. Melara había comenzado a investigar la gestión de la pandemia y las negociaciones de miembros del gobierno con los jefes de maras (bandas) como la MS-13 para pactar una tregua que redujera la violencia. El nuevo presidente de la Sala de lo Constitucional, Óscar López Jerez, está bajo sospecha por sus vínculos con un exfiscal condenado por malversar caudales públicos. Otro juez defendió la decisión de los militares de no desclasificar documentos sobre la matanza de El Mozote en 1981.

Enriquecimiento obsceno

En árabe, Nayib significa “ángel”, y en dialecto egipcio, “Dios está aquí”. Bukele parece convencido de su baraka (buena fortuna) porque su padre construyó varias mezquitas en su país de adopción. De hecho, el 28 de febrero, su partido, Nuevas Ideas, que creó ya en el poder, logró el 66% de los votos. Pero puede que ésta vez haya ido demasiado lejos. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, dice que hará todo lo que pueda para que el “asalto a la democracia” de Bukele afecte a su relación con el Banco Mundial, el FMI y el BID.

Bukele cuenta, al menos por ahora, con el apoyo de los militares y las escasas posibilidades de que se le aplique al país la Carta Democrática Interamericana. En julio de 2020, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo no había que “inventarse dictaduras donde no las hay”.

Pero va a ser difícil que pueda seguir mirando para otro lado. En septiembre de 2020, El Faro, un combativo medio digital, denunció múltiples reuniones secretas en prisión con cabecillas de la MS-13 para negociar beneficios carcelarios a cambio de la tregua. En noviembre, los fiscales obtuvieron pruebas de compras irregulares que implicaban al actual ministro de Salud, Francisco Alabí, que ordenó adquirir botas de caucho por valor de 250.000 a la empresa de un familiar.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), creada en septiembre de 2019 con ayuda de la OEA, parece tener los días contados. El 1 de junio de 2019, cuando llevaba apenas minutos de ser presidente, en la abarrotada plaza Gerardo Barrios, una multitud de sus seguidores empezó a gritar en coro: “¡CICIES, CICIES, CICIES!”.

Meses antes, Bukele había dicho que la CICIES debía poder sumarse como querellante en los casos de corrupción. Ahora, el nuevo fiscal general, Rodolfo Delgado, ha dicho que va a revisar los convenios que la crearon, un paso previo a su desmantelamiento. El 5 de mayo la Asamblea aprobó una ley que da inmunidad a funcionarios y contratistas de insumos y equipos médicos.

Con esos antecedentes, Tiziano Breda, analista para Centroamérica del Crisis Group, teme que el gobierno no tarde en detener a opositores en medio de un “enriquecimiento obsceno” del círculo del poder. Según el presidente de la patronal ANEP, Javier Simán, la concentración del poder va a retraer la inversión extranjera. Dos días después del autogolpe, los bonos salvadoreños se desplomaron siete puntos.

El precio de la pasividad

El 18 de mayo, la congresista demócrata californiana Norma Torres presentó, tras su desclasificación por el departamento de Estado, la esperada lista que incluye a 16 políticos salvadoreños, hondureños y guatemaltecos a las que se aplicarán sanciones por prácticas corruptas. En ella está Carolina Recinos, actual jefa de gabinete de Bukele, al que acompaña desde que comenzó su carrera política hace nueve años en la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, y Rogelio Rivas, ministro de Seguridad hasta el pasado marzo, acusado de conceder a su propia constructora 212 contratos sin licitación e inflando los costes de materiales.

El Congreso de EEUU es consciente de que la corrupción gubernamental es uno de los factores estructurales que expulsan a los centroamericanos de sus países. Si sigue el deterioro institucional, pronto no habrá tribunales independientes que defender en Centroamérica. En Guatemala, el presidente, Alejandro Giammattei, en unos pocos meses cooptó los tres poderes del Estado.

Tras la filtración de la lista a la prensa, la Asamblea ratificó un acuerdo firmado en 2019 con China, que ha entregado 2,15 millones de vacunas al país, y que le permitirá controlar los proyectos que se ejecuten en El Salvador, entre ellos la construcción de una nueva biblioteca nacional y un estadio, cuyos materiales importados –Made in China– estarán exonerados de impuestos.