A los habituales desafíos de la política fiscal en América Latina, en los últimos años hay que sumar aquellos relacionados con la financiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluidos en la Agenda 2030, que buscan lograr un crecimiento económico inclusivo y sostenible, la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones y la erradicación de la pobreza extrema. El bajo y volátil crecimiento de la región, con importantes consecuencias económicas y sociales, está ligado a factores estructurales profundos, relacionados con las pautas de especialización de las economías, el dualismo de la estructura productiva, las deficiencias de algunas instituciones y las evidentes carencias en el desarrollo de los mercados financieros.

Más allá de las mejoras recientes, América Latina continúa siendo una de las regiones más ­desiguales del planeta. Las últimas dos décadas han mejorado mucho las tendencias distributivas regionales, aunque recientemente se ha experimentado una ralentización en la reducción de la desigualdad. Entre las múltiples dimensiones que observa la desigualdad, dos han merecido particular atención por parte de la política fiscal debido a su magnitud y permanencia. La primera guarda relación con la distribución personal del ingreso por hogares: la alta concentración de ingresos y riqueza en pocas familias aparece como una marca distintiva en América Latina. La segunda tiene que ver con disparidades sociales y económicas entre territorios.

Existe en la región una importante diferencia entre territorios ricos y pobres dentro de cada país. En América Latina, el coeficiente entre el PIB per cápita más alto y más bajo entre regiones dentro de un mismo país excede el 6:1; en los países desarrollados, rara vez se sitúa por encima del 3:1. Estas desigualdades tienen a su vez un correlato en el ámbito de las finanzas intergubernamentales, ya que las capacidades fiscales subnacionales son distintas, tanto entre los diferentes…