Ruanda, Yugoslavia, Liberia, Chechenia, Congo, Sudán, República Centroafricana… en todos los conflictos recientes las mujeres y las niñas han sufrido la violencia sexual como forma de tortura, humillación del enemigo o como un acto de genocidio para destruir un grupo étnico.

La violación o la amenaza de violación no deja a ninguna mujer indemne. Puede que escaseen las estadísticas, pero toda mujer o niña tiene una amiga o un familiar que ha sufrido la violencia sexual. Toda mujer o niña, sea cual sea su nacionalidad o credo, sabe que la violación es algo que podría sucederle.

No obstante, la legislación sobre violencia sexual en muchos países no refleja la condena general a la violación. En México, la violación de una hija adolescente por parte de su padre se considera voluntaria hasta que se demuestre lo contrario. Y en Etiopía, el abuso de una mujer a manos de su marido no se considera una violación. En la mayoría de los países del mundo, mujeres y niñas que declaran haber sido violadas son sometidas a un interrogatorio –con frecuencia intimidatorio– sobre su pasado sexual, la ropa que llevaban en el momento de la agresión y su actitud general con respecto al sexo. En esos casos, la ley y la forma en que se aplica reflejan el sentimiento dominante de que, aunque la “violación es algo malo”, las mujeres y las niñas en determinadas circunstancias deberían resignarse al sexo involuntario (esto es, a la violación), ya que su condición familiar, su atuendo o su actividad sexual anterior de algún modo manifiestan su conformidad general con el sexo en todo momento.

Parece que existe solamente un tipo de violación que cuenta con un auténtico consenso sobre su naturaleza indeseable: su uso como arma de guerra. Aun así, el historial a la hora de impedir…